La Fundación Lumbini renuncia al templo budista móvil en Cáceres y el nuevo «tardará años»

El proyecto de macro templo budista en el cerro Arropez sigue adelante en Cáceres, pero con la ya inevitable sombra de la duda por las últimas informaciones que han salido a la luz y con la incógnita de conocer si se obtendrá el respaldo de los grupos políticos cuando se ponga encima de la mesa la cesión del terreno. Unos grupos que ayer mostraron disparidad de opiniones a la salida de la Comisión informativa del proyecto Gran Buddha celebrada ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres y que se desarrolló durante más de dos horas, con presencia de la Junta de Extremadura (a través de la figura del jefe de gabinete de Guillermo Fernández Vara, Carlos Javier Rodríguez).

Ricardo Guerrero, patrono de la fundación y responsable de relaciones institucionales y asuntos budistas, expresó su satisfacción al salir de la comisión y proclamó que «seguimos adelante con el proyecto de templo». Aunque avanzó que se abandona la idea de instalar un templo móvil provisional y criticó la «tardanza de las licencias administrativas». Una infraestructura provisional que se preveía inaugurar a finales de este año pero que se descarta, ya que se solaparía con la construcción del macro templo original. «Esperamos obtener la licencia de obras a principios de 2023», suspiraba Guerrero. Más tarde, Salaya expresaba que el templo «tardará años en construirse» y despejó dudas sobre aspectos urbanísticos y medioambientales.

En cuanto al último viaje a Myanmar de finales de agosto, Guerrero mantuvo que «fuimos a reunirnos con personas con las que ya teníamos contacto desde el año 2015», y mencionó su relación con la Asociación Nacional del Jade, que «va a donar la jadeíta blanca con la que se va a construir el gran Buda de jade en templo cacereño». Fue el portavoz del PP, Rafael Mateos, quien aclaró que en la comisión la FLG había alegado que ya estaba constituida como fundación en 2019 (fundación hispano-nepalí) y que es un ente «distinta a la que se constituye en Extremadura en 2021. Por lo que su viaje a Myanmar era de continuación a los que habían mantenido anterior al golpe de estado. Cotejaremos la información que nos han facilitado».

Guerrero redundó en el hecho de que fue una vez en Myanmar cuando recibieron la petición de reunirse con la junta militar golpista, que no estaba prevista en el viaje. «Es un proyecto que presentamos al anterior gobierno», antes del golpe de estado de 2021. «Respetando la legalidad internacional, el actual gobierno ha decidido respetar los compromisos firmados y seguir adelante». Preguntado acerca de los recelos que ha levantado en la comunidad internacional ese encuentro, Guerrero defendió la postura de la FLG: «no tenemos nada que ver con asuntos políticos. Para la ONU solo hay 20 países en el mundo que sean democráticamente homologables. Y no podríamos tener relación solo con una veintena de países». E insistió en la «valentía» de postularse como mediadores de paz sobre el terreno, ya que «se tienen que llevar a cabo elecciones democráticas en agosto de 2023». Y vaticinó que «cuando empecemos con la construcción del Gran Buddha el gobierno de Myanmar será otro».

También negó que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya instado a la FLG y les haya desaconsejado tener contacto con el gobierno golpista de Myanmar, «como ha publicado algún medio. No hemos recibido ni una sola comunicación ministerial al respecto». 

Especulación

Salaya también se mostró conforme con las explicaciones aportadas por la fundación e incluso consideró que el proyecto sale reforzado tras esta «crisis de comunicación», y reconoció que «no hemos sabido comunicar correctamente lo que supone este proyecto». En cuanto a las acusaciones de especulación, rechazó esa posibilidad, dado que «es suelo rústico y en ningún momento se ha planteado modificarlo a suelo urbano». También reconoció que «la forma fácil de hacer esto» hubiera sido la recalificación del suelo, «porque todos los procesos son mucho más fáciles con suelo urbano y no rústico». E insistió en que la FLG es una entidad sin ánimo de lucro, y el hecho de que se pueda parcelar el terreno para ofrecérselo a determinadas comunidades budistas, embajadas, etc. «entra dentro de la filosofía del proyecto; y no pueden vender lo que no es suyo». 

Sobre el avance del proyecto, señaló que resta que la Junta de Extremadura se pronuncie acerca de la ZEPA en el Arropez, «que es un paso fundamental. A partir de ahí, el ayuntamiento llevará a cabo la cesión de los terrenos» y subrayó que el documento de cesión «se va a negociar con todos los grupos políticos».

Y es en este punto donde el macro proyecto queda en el aire, ante las dudas planteadas por los grupos del PP y Unidas Podemos (UP). La postura más crítica la adoptó el socio de gobierno de Salaya: Unidas Podemos (UP). La portavoz municipal de UP, Consuelo López Balset, considera «inconcebible que un proyecto de paz esté relacionado con un gobierno golpista y genocida como la junta militar de Myanmar». También señaló que esas dudas con respecto a la construcción de un macro templo «comenzaron hace meses, cuando el proyecto inicial se transformó y pasó de ocupar unos miles de metros a 110 hectáreas en el monte».

Unidas Podemos: «No puede ser que un proyecto de paz pueda estar construido con jade manchado de sangre».

Pero, sobre todo, puso el acento en el hecho de que un proyecto de paz «pueda estar construido con jade manchado de sangre», en referencia a la relación de la FLG con la Asociación Nacional de Jade de Myanmar, «presidida por una mujer que nos produce serias dudas», en alusión a la empresaria Lwin Lwin y a que las minas de jade las controle la junta militar.

El portavoz del PP, Rafael Mateos, redundó en esa crisis de comunicación porque «no puede ser que nos enteremos de hechos tan graves por la prensa» y pidió tiempo para «cotejar» la documentación facilitada por la FLG. Mientras que Ciudadanos dio por válidas las explicaciones «bastante coherentes» aportadas por la fundación.