El alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, se hace cruces. Precisamente, este símbolo religioso le ha provocado este año varios quebraderos de cabeza por determinadas decisiones municipales, y no parece que la Fundación Española de Abogados Cristianos esté dispuesta a tirar la toalla pese a que ya ha sufrido algún que otro varapalo judicial.

En verano se produjo el traslado de la Cruz de los Caídos del centro del municipio al camposanto, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, y en una acción, no exenta de polémica, que supuso un coste de 3.707 euros. Esto provocó que la citada fundación interpusiera un recurso, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres ha inadmitido por «falta de legitimación activa».

En ese caso, el juzgado basó la inadmisión en que «la recurrente ni es titular del derecho a la libertad religiosa, ni invoca o acredita un derecho de acción pública urbanística sobre Casar de Cáceres en relación a las decisiones que afectan al patrimonio monumental de la localidad».

Ahora, el Juzgado de Instrucción 1 de Cáceres ha abierto diligencias contra Rafael Pacheco por un presunto delito de prevaricación por el traslado de la Cruz de los Caídos. Una decisión que llega tras la querella interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos a la que se le requirió una fianza de 12.000 euros para seguir adelante con el procedimiento, indica esta organización de juristas.

Abogados Cristianos acusó al primer edil de los delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio, y asimismo solicitó su inhabilitación para ejercer cargo público.

El colectivo menciona en su denuncia la palabra derribo, ya que asegura que «esconder una cruz es casi como derribarla».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra la decisión de la justicia y recuerda que «este alcalde derribó la cruz incluso sabiendo que había una solicitud de cautelares que la justicia no había resuelto». Asegura que «su único objetivo era acabar con un símbolo cristiano. A los gobernantes de partidos laicistas radicales no les importa violar la ley con tal de imponer su ideología».

E insiste en que «no hay ley ni sentencia que ampare tirar cruces en un país democrático como España; estos alcaldes utilizan dinero público para satisfacer su odio patológico hacia todo lo cristiano». Finalmente, advierte de que iniciará acciones judiciales contra todos los gobernantes que derriben cruces «atentando contra nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra libertad religiosa». «No descansaremos hasta reponer todas las cruces que se tiren». 

Reacción del alcalde

«Lo iniciaron por vía contenciosa y por vía penal. Y ahora se tramita la posibilidad de abrir un juicio por la vía penal», explica el alcalde casareño, Rafael Pacheco. «Nos pedirán algún informe y nos llamarán a prestar declaración. Pero yo estoy muy tranquilo porque se han seguido los pasos administrativos preceptivos».

Pacheco, además, ha recordado que es la quinta vez que se traslada la cruz.

La Cruz de los Caídos ha estado en la plaza de toros, el arandel de la iglesia y en otras avenidas y calles del municipio. Ahora, asegura el alcalde, «está perfectamente integrada en el camposanto, y todo el mundo, incluso lo más escépticos, están a favor del cambio».