El PP cuenta con que la ley de amnistía 'explotará' en la campaña de las europeas

El PP trabaja con el escenario de que la ley de amnistía —oficialmente llamada Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional— explotará en plena campaña de las elecciones europeas. En la dirección nacional cuentan con que el debate monográfico celebrado hace unos días en Estrasburgo sobre el Estado de derecho en España confirma que el asunto se ha internacionalizado y que el resto de países europeos están al tanto de los acuerdos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas. Y siguen dándole toda la importancia a que Europa vaya a seguir el proceso de enmiendas y, sobre todo, las comisiones parlamentarias que se celebren para estudiar los casos que Junts, ERC y otros socios califican de “lawfaire’.

Hasta el punto de que en Génova ven que “el escenario de las europeas será el de la amnistía en España”. Los plazos, aseguran, también coincidirán. La toma en consideración de la ley está prevista para la semana del 12 de octubre en el Congreso, pero eso es solo el primer paso. Aún no está claro si la semana siguiente se debatirán las enmiendas a la totalidad que presente la oposición. Después llega el mes de enero, que es inhábil a nivel parlamentario, y ya en febrero se retomaría el procedimiento en la comisión del ramo con las enmiendas parciales. Ahí los socios independentistas de Sánchez ya han dejado claro que pretenden introducir cambios.

Lo siguiente sería aprobar el texto en el pleno del Congreso, luego iría al Senado (donde el PP lo dilatará lo máximo posible con su mayoría absoluta) y de vuelta al Congreso. Aunque lo hicieran con toda la prisa, en el PP ven imposible que se apruebe antes de finales de marzo o principios de abril. Las elecciones europeas serán en el mes de junio, así que todos estos hitos caerán en plena precampaña.

En estas elecciones las dos principales familias, conservadores y socialdemócratas, se juegan mucho. Y los populares creen que puede ser un tema clave porque es un debate que trasciende las luchas partidistas y se centrará en el Estado de derecho y la separación de poderes. Eso es exactamente lo que la Comisión deberá analizar cuando la ley se apruebe en España: si es compatible con la legislación comunitaria y no transgrede valores europeos clave.

Para el PP “el salto cualitativo” ya ha ocurrido e irá a más porque son los colegios profesionales, las asociaciones de jueces, de fiscales y de otros servidores públicos, los que han hecho saltar las alarmas en Bruselas. Una cosa, explican, es que el PP amplifique esa posición. “Pero lo relevante es que desde la sociedad civil se produzcan estas denuncias y estos avisos”, vuelven a insistir. 

Cuando hace unos días el comisario de Justicia, Didier Reynders, se interesó por el estado de esa ley (algo que molestó mucho en el Gobierno como evidenció la respuesta del ministro Félix Bolaños), lo hizo precisamente alegando “muchas preocupaciones” por distintos frentes.

Las lecturas sobre las palabras de Reynders esta semana en el pleno de Estrasburgo con tanto acento español son muy amplias. En Moncloa consideran que el PP sufrió un “fiasco” por las expectativas generadas y la creencia de que el belga emitiría un rapapolvo claro contra el Ejecutivo. Que el comisario hablara de “asuntos internos” y confirmara que la Comisión estudiará la ley una vez el texto sea definitivo dio alas a los socialistas. 

El PP, sin embargo, lo ve desde un ángulo muy distinto. Reconoce que “entra dentro de la normalidad” que las instituciones comunitarias estudien las leyes completas, pero ponen el foco en que Reynders verbalizara que la Comisión seguirá el proceso de enmiendas y todo lo que lleva aparejado la ley: las comisiones sobre el ‘lawfaire’.

Los populares creen que ese interés por ver la evolución de la amnistía en España podría poner en apuros al Gobierno porque, insisten, Europa “no vacila a la hora de defender la separación de poderes”. Por eso, coinciden dirigentes nacionales, es tan importante lo que ocurra en torno al papel que jugaron los jueces en el procés y la insistencia de los independentistas en impugnar su labor. La otra pata en la que se siguen apoyando los populares y que ven muy difícil que Bruselas no cuestione es la relativa a las cuestiones relacionadas con el terrorismo.

La proposición de ley de amnistía, cuyo alcance queda suscrito para aquellos actos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, siempre y cuado estuvieran vinculados a la consulta catalana de 2014 y el referéndum ilegal de 2017, recoge como excepciones los actos tipificados como delitos de terrorismo en el Código Penal siempre que no haya sentencia firme. La excepción es lo que a ojos del PP obligará a la UE a actuar más adelante, porque como ya dijo en el propio pleno de Estrasburgo el líder de los populares europeos, Manfred Weber, no hay antecedentes de una amnistía en el Viejo Continente que recoja delitos de terrorismo. El asunto de la malversación de fondos públicos es también un asunto delicado. 

En Génova no esconden que esperan meses “muy intensos” en relación con la amnistía, y la labor de oposición seguirá muy centrada en esos acuerdos. En los cambios internos que prepara Alberto Núñez Feijóo, sobre todo en los grupos parlamentarios, también será algo a tener en cuenta. El PP sabe que viene una legislatura de oposición dura. Y la presión en la calle (cuya respuesta masiva en varias convocatorias también se ha hecho llegar a Europa) seguirá. Sin ir más lejos, el domingo 3 de diciembre el PP lanzará una nueva convocatoria, solo tres días antes del Día de la Constitución.