En una providencia
El juez pregunta a las partes si debe prorrogar la instrucción del caso Tsunami Democràtic
El juez Gadea da un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la necesidad de prorrogar las pesquisa
Ángeles Vázquez
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha preguntado a las partes personadas en la causa en la que se investiga la organización y financiación de la plataforma Tsunami Democràtic, si consideran necesario ampliar las pesquisas por seis meses más. De no considerarlo, la instrucción debería darse por finalizada el próximo día 29.
El titular del Juzgado Central número 6, Manuel García-Castellón, acordó una batería de diligencias desde el pasado octubre, entre las que figuraba recabar información a la UE y a la OTAN sobre los efectos en el espacio aéreo europeo del bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat cuando se conoció la sentencia del 'procés', el 14 de octubre de 2019, así como el fallecimiento de un turista francés durante la protesta.
Sin esperar a recibir los informes requeridos, que han ido siendo remitidos a la Audiencia Nacional por los distintos organismos implicados, García-Castellón elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que procediera a imputar a los dos involucrados que, por su condición de aforados, quedaban fuera de su jurisdicción: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al ser eurodiputado, y el diputado del Parlament por ERC Rubén Wagensberg.
En su providencia, el juez Gadea da un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la necesidad de prorrogar las pesquisas. La vez anterior que se prorrogaron contaron con el visto bueno de la fiscalía, que ahora se opone a la acusación de terrorismo que el magistrado basa fundamentalmente en la gravedad que supuso el bloqueo del aeropuerto de El Prat y en la muerte del ciudadano francés.
El recurso del ministerio público y de varios de los imputados en la causa está pendiente de resolución por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La fiscalía acumuló a su impugnación contra el auto de imputación, con el que el juez irrumpió en las negociaciones que entonces mantenía el PSOE con Junts para investir presidente de Pedro Sánchez, la decisión del magistrado de remitir las actuaciones al alto tribunal.
La providencia recuerda la reciente decisión de la magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Carolina Rius de rechazar de forma definitiva la recusación presentada por Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas del expresidente Puigdemont, para tratar de apartar del caso a Manuel García-Castellón por haberse pronunciado sobre la amnistía en una charla universitaria.
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