La consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha instado hoy al Gobierno central a afrontar de forma rigurosa y dialogada "un modelo fiscal solidario", y abordar un proceso de reforma de la financiación autonómica.

En un claro tono reivindicativo, la consejera ha manifestado esta mañana, ante el pleno de la Asamblea, que si bien "algo se ha avanzado" en la última reunión del Consejo de Política Fiscal, que ha fijado el déficit autonómico en el 0,6 % del PIB para 2017, Extremadura "no se puede quedar satisfecha con esa cifra".

"Exigimos un objetivo ajustado a la realidad económica y social" de esta comunidad autónoma, ha agregado Blanco-Morales, quien, además, ha incido en las "inversiones extraordinarias" que precisa esta región, y en la necesidad del cumplimiento del Gobierno central respecto a la deuda histórica.

La consejera ha elevado estos "objetivos" durante su intervención en el debate de la enmienda a la totalidad que el Grupo Podemos ha presentado al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2017.

En su turno de palabra, y antes de que el portavoz de Podemos expusiera los motivos para pedir la retirada del proyecto, la consejera ha dicho que "el modelo de financiación autonómica debe concretar la equidad en la prestación de los servicios sociales "en un país en el que conviven ciudadanos y regiones".

Tras apuntar que Extremadura, la cuarta región con menos deuda, ha logrado reducir la carga de los gastos financieros, lo que permite destinar más fondos a políticas sociales y económicas, Blanca-Morales ha dicho que el crecimiento económico extremeño es "moderado pero sostenido", aunque de nada servirá si no alcanza a todos los hogares extremeños.

Por todo ello, los números presentados por el Ejecutivo "incrementan la inversión en políticas sociales y económicas, pero sin dejar de lado el cumplimiento de los objetivos de estabilidad".

El proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2017 recoge un montante total de 5.171,6 millones de euros, un 0,3 % más que en 2016 (14,2 millones), y dedica 6,5 euros de cada 10 a políticas sociales, cuya dotación se incrementa en 34,4 millones.

"Son unos presupuestos reales y veraces", ha agregado la consejera que confía en que las aportaciones de los Grupos Parlamentarios -en la fase de enmiendas parciales- sean "valiosas y orientadas a defender los intereses de esta comunidad autónoma".

Ha resaltado que el proyecto de ley se ha elaborado en un contexto de "máxima transparencia y diálogo permanente".

En el proyecto de ley la inversión en políticas sociales (3.375 millones, lo que supone el 65 %) y económicas (1.336, el 26 %) supone más del 90 % del montante total.

Está orientado, según ha dicho, a garantizar la igualdad de oportunidades, fortalecer los servicios básicos fundamentales y la cohesión social, incentivar el empleo, favorecer el crecimiento económico y contribuir a la estabilidad presupuestaria.

Se prevé un crecimiento "moderado y sostenido" de la economía extremeña en 2017, del 2,4 %, por encima del 1,5 % de la Zona Euro, que se sustenta en datos como 36 meses de crecimiento ininterrumpido del PIB, aunque la Junta no es complaciente mientras no se corrijan las desigualdades y el crecimiento llegue a todos los hogares.

En cuanto al proyecto de ley para 2017, todas las partidas de políticas sociales aumentan, entre las que destacan Sanidad, con 1.539 millones, un 0,3 % más; Educación, 1.016, +1 %; Dependencia 309, +2,9 %; o Empleo, con 262 millones, un aumento del 5,1 %.

La inversión en políticas económicas -que aumentan en 45 millones- contemplan 725 millones para Agricultura (+1,3 %) o 368 millones para Infraestructuras, con un importante incremento de casi el 10 %. En el capítulo de ingresos, que guarda equilibrio financiero con el de gastos, se prevén 2.293 millones de transferencias corrientes, 1.155 de impuestos indirectos y 712 de directos.