Unos presupuestos «transformadores y con inversiones extraordinarias» para afrontar «de otra manera» la salida de la crisis. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha registrado este martes en la Asamblea de Extremadura el anteproyecto de ley de presupuestos autonómicos de 2022: 7.000 millones de euros, la cifra más alta de la historia, para paliar el impacto de la pandemia y estimular la recuperación económica mirando al cambio climático, el reto demográfico, la digitalización o la igualdad. 

Son 576,1 millones más, un incremento del 9% que se sustenta en la deuda pública y el incremento de las transferencias del Estado y la Unión Europea. Con respecto a la primera, la previsión del Ejecutivo es endeudarse en 1.297 millones de euros en el próximo ejercicio, un incremento del 42% (388,5 millones más) que hará que el capital pendiente de Extremadura con los bancos supere los 6.000 millones.

“El endeudamiento es un mecanismo de financiación que está sometido a reglas de responsabilidad que nosotros asumimos, y además en un contexto en el que por primera vez la UE emite deuda y la encomienda a los Estados miembros”, ha explicado al respecto Blanco-Morales. La consejera ha destacado además que el coste de la cartera se ha reducido en 1,4 puntos entre 2015 y 2021 y que solo el año pasado se amortizaron 585 millones de euros, que se elevarán hasta 717,3 en 2022. “Somos la quinta comunidad con menor nivel de deuda”, ha defendido.

Por lo que respecta a las transferencias del Estado y Europa, Blanco-Morales ha explicado que su “impulso y apoyo” se refleja, por una parte, en los 1.600 millones de euros que vendrán de la UE (212,3 del mecanismo de recuperación frente al covid; 769,8 del programa operativo y 617,9 de la PAC), y por otra, en el aumento de los fondos del Estado: las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica crecerán un 7% (3.315 millones) y la compensación de las liquidaciones negativas de los años anteriores dejarán otros 202 millones.

A ello hay que sumar otras medidas como la suspensión de las reglas fiscales o el mantenimiento de los estímulos económicos “hasta consolidar la recuperación”. Medidas, ha defendido, que reflejan una manera de afrontar la crisis diferente a la de 2008, “que solo trajo dolor y una grave parálisis económica”.

Así, en el nuevo presupuesto siete de cada diez euros se destinan a políticas sociales, con importantes aumentos en Sanidad (2008,5 millones de euros, un 7% más), Dependencia (412 millones, +14,2%), Vivienda (84,4 millones, +19,9%) o Cultura (76,6 millones, +15,6%). En el ámbito de las políticas económicas, hay que destacar la partida de 573,5 millones reservada para infraestructuras (55,6 más, +10,7%) y el mayor alza de todas, que corresponde a Innovación y Tecnología: 184,4 millones, un 32,7% más. 

Menos recaudación y cambios en algunas figuras tributarias

Blanco-Morales ha asegurado la ejecución de estas cuentas «superará el 90%» al igual que ha ocurrido con las de 2021, y para alcanzar esa cifra en el texto articulado se incluyen además mecanismos de flexibilización para la gestión de los fondos europeos. 

Por lo que respecta a la recaudación, en términos generales se prevé una caída de casi el 4%, aunque con comportamiento diferente entre las diferentes figuras tributarias: para los impuestos directos se refleja un alza del 4,7% (817 millones, 36 más), pero los indirectos caerán un 8,3% (1.083 en total, que son 98,5 menos) «como consecuencia de la liquidación diferida en el tiempo», que hace que no sea hasta 2022 cuando las arcas autonómicas empiecen a notar el parón de la economía y el consumo durante el confinamiento de 2020.

Solo en el IVA se prevé una caída del 12% (83,3 millones menos) y para los impuestos de consumos específicos esta será del 6,7% (-26 millones). Por el contrario, se prevé recaudar 30,5 millones más por IRPF (676 millones en total), 5,7 (+22%) por sucesiones y donaciones y 13,9 millones (+14,5%) por Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. 

Aunque el presupuesto de 2022 no viene acompañado de ley tributaria, Blanco-Morales explicó que la tramitación de varias normas que ahora están en curso introducirán nuevas figuras impositivas en Extremadura, cuyo impacto tampoco se ha incluido en los presupuestos. 

Se trata de la Ley de Medidas de Mejora de los Procesos de Respuesta Administrativa a la Ciudadanía y para la Prestación Útil de los Servicios Públicos en un Contexto de Crisis Sanitaria, que incluye la bonificación del Impuesto de Sucesiones anunciado por Vara en el debate sobre el estado de la región; la adaptación del Impuesto Especial sobre Medios de Transporte al nuevo sistema de medición de gases contaminantes; el régimen sancionador del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos, y una rebaja del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Juego para el bingo electrónico, que pasa del 25% al 20%.

Por su parte, la ley de reto demográfico incluye una deducción del 10% en el IRPF por compra de vivienda en municipios de menos de 3.000 habitantes y otras bonificaciones en las transmisiones de viviendas y empresas.

El PP y Ciudadanos critican la "hipoteca" y Podemos se abre al diálogo

La mayoría socialista asegura la aprobación de los presupuestos de 2022 sin problemas ni tensiones, pero el PP y Ciudadanos ya han mostrado su rechazo de facto a unas cuentas «infladas» por los fondos europeos, que «hipotecan» el futuro de Extremadura por el aumento de la deuda ("5.000 euros por niño", aseguró el líder de la formación naranja, David Salazar) y que no sirven para dar respuesta a los problemas de los extremeños. Aún no han desvelado si presentarán enmienda a la totalidad, pero todo apunta que así será.  

«Que no cuenten con el PP para una subida de impuestos en la comunidad con la mayor presión fiscal, más paro, pobreza y desigualdad», afirma el portavoz de Hacienda, Luis Alfonso Hernández Carrón. «Son decepcionantes, su único objetivo es tapar los agujeros por la falta de inversiones del Gobierno y pagar el sillón» de Vara en el PSOE, reitera Salazar. 

Frente a estos argumentos, el PSOE lamenta que la oposición «solo se dedique a hablar de números en lugar de los problemas de las personas», y remarca «el rigor y responsabilidad» de la Junta en su elaboración. En un tono más conciliador, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene d Miguel, sí se muestra dispuesta al diálogo y pide «empatía» al Ejecutivo para que no convierta su mayoría absoluta en una «carta blanca». El propio presidente, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado partidario de negociar con los grupos, a quienes pide concreción para decidir «de dónde se sacan» las partidas de gasto. 

Las cuentas se enfrentarán al debate de totalidad el 29 de octubre y se aprobarán definitivamente el 22 y 23 de diciembre.