«Ni pagaremos más ni nos devolverán menos». Es el mensaje que un año más las diócesis extremeñas y las entidades del tercer sector de acción social lanzan a los contribuyentes para que, al hacer la declaración de la renta, marquen las casillas 105 y 106. Al hacerlo, un 0,7% de la cuota íntegra del IRPF se destina al sostenimiento y la labor que realizan estas instituciones. «Si no marcamos ninguna de las dos casillas, el dinero se lo queda el Estado para destinarlo a cualquier partida de los presupuestos», explica Jesús Gumiel, presidente de Cermi y la Plataforma del Voluntariado en Extremadura.
La asignación tributaria no es su única fuente de financiación, pero tanto las entidades sociales como la Iglesia coinciden en que los fondos que reciben a través del IRPF son fundamentales para desarrollar su labor en la región y animan a marcar ambas casillas, que es «lo ideal» porque no son excluyentes. «El 0,7% del IRPF es el único caso en el que podemos decidir el fin al que se destinan nuestros impuestos», explica Ginés Rubio Lacoba, ecónomo de la Diócesis de Coria-Cáceres.
La asignación del 0,7% del IRPF es el único caso en el que los ciudaanos pueden decidir el fin al que se destinan sus impuestos
Según los últimos datos facilitados por la Conferencia Episcopal, en Extremadura la recaudación de la Iglesia a través del IRPF ronda los cinco millones de euros anuales. En la campaña de 2020 un 43,7% de los contribuyentes marcaron la casilla 105. Se aprecia una caída del 0,27% respecto a 2019 que Rubio atribuye al mayor número de declaraciones presentadas a causa de los ertes y el ingreso mínimo vital: muchas de estas personas se han visto obligadas a hacer la declaración por primera vez y no tienen el hábito o desconocen que hay que marcar expresamente las casillas.
Aún así, ese 43% de declaraciones a favor de la Iglesia es el tercer porcentaje más alto del país, solo por detrás del 44,9% que registra Castilla la Mancha y el 43,8% de La Rioja. La recaudación total en el último ejercicio fue de 4,78 millones, 81.567 euros más en un contexto general de caída de ingresos (a nivel nacional se recaudaron 5,57 millones menos). «Esto quiere decir que en Extremadura a la Iglesia Católica nos valoran de forma muy positiva, y esto es fruto de un día a día: la gente ve lo que hacemos y lo valora bien, con lo cual sigue manteniendo esa aportación», afirma Rubio.
Reparto de los fondos
Según explica la Conferencia Episcopal, el 79% de los recursos que llegan a través de la Asignación tributaria se envían directamente a las diócesis para la realización de sus actividades pastorales y asistenciales y el 21% restante se distribuye según los criterios aprobados anualmente en la Asamblea Plenaria: seguridad social del clero y obispos, proyectos de rehabilitación y construcción de templos, actividades pastorales, Cáritas diocesanas, etc.
El reparto del dinero se realiza mediante una evaluación de las necesidades de las diócesis españolas. Todas reciben una cantidad fija que corresponde a sus gastos generales básicos y otra cuantía que variará en función de las necesidades más particulares, teniendo en cuenta criterios como la extensión, el número de habitantes, el número de parroquias, el número de sacerdotes, seminarios y pastoral vocacional.
Tanto las entidades sociales como la Iglesia animan a marcar ambas casillas, 105 y 106, porque no son excluyentes: "las dos suman y no supone ningún gasto ni mayor devolución"
«Se trata de un modelo de reparto basado en la solidaridad y comunicación de bienes, donde prima la capacidad de atender las necesidades básicas y prestar especial interés a las diócesis con menos recursos y menor capacidad de obtención de los mismos», detalla la Iglesia.
Una vez recibida la cantidad global por los distintos conceptos, cada diócesis la integra dentro de su presupuesto para su reparto, atendiendo a las normas propias de organización económica diocesana y la adecuada cobertura de sus actividades pastorales y asistenciales.
En 2019 (último dato disponible), las diócesis extremeñas recibieron un total de 7,53 millones de la asignación tributaria, una cifra superior a la conseguida en la región. De ellos 3,34 millones fueron a la Diócesis de Mérida-Badajoz; 2,19 millones a la de Plasencia y dos millones a la de Coria-Cáceres.
El 56% opta por la 'X Solidaria'
En el caso de las entidades sociales, es la Junta de Extremadura la encargada de distribuir y asignar los recursos provenientes del 0,7% del IRPF a cada oenegé o asociación a través de una convocatoria de subvenciones que se abre cada año y que pese a complementarse con otros fondos públicos, no llega a cubrir ni la mitad de la demanda.
Jesús Gumiel, presidente de Cermi Extremadura y de la Plataforma del Voluntariado, explica que la convocatoria de 2022 se abrió el pasado mes de octubre y aún está pendiente de resolución, con un presupuesto total de 7,8 millones de euros.
En la última campaña de la renta, el 56% de los contribuyentes extremeños marcaron la casilla 106, la conocida como 'X Solidaria', con una asignación total de 5,4 millones de euros. Gumiel lamenta que aún haya un 31% que no seleccione la casilla y considera además que hay margen para seguir creciendo en este sentido, porque muchos contribuyentes no saben que tienen que hacerlo expresamente. Al igual que la Iglesia, el Cermi anima a seleccionar ambas casillas, 105 y 106, porque «las dos suman y no supone gasto ni menor devolución».
La última convocatoria autonómica llegó a un total de 51 colectivos para el desarrollo de 106 proyectos de intervención social. Se financian porque se considera que son de interés general para la sociedad y están promovidos por entidades como Fexas, Cáritas, Cruz Roja, la Federación Española de Enfermedades Raras o diversas fundaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad, las adicciones, los trastornos alimenticios o la igualdad.
El presupuesto inicial era de 7,4 millones de euros que la Consejería de Sanidad incrementó después hasta los 8,5 (1,1 millones más, casi un 15%), pero no ha sido suficiente para cubrir toda la demanda: a la convocatoria de 2021 optaban un total de 145 entidades con 320 proyectos que en su conjunto sumaban 18,7 millones de euros, una cifra muy superior a los fondos disponibles. De los 94 proyectos que se quedaron fuera, 85 cumplían los requisitos pero no obtuvieron crédito.
La gestión de estas ayudas pasó de manos del Gobierno a las comunidades autónomas en el año 2018 tras una sentencia del Tribunal Constitucional favorable a Cataluña, que consideraba que el Estado invadía competencias autonómicas en materia de asistencia social con la gestión de los programas del 0,7% del IRPF. Desde entonces, el 80% de estos fondos los gestionan las comunidades y el 20% restante el Gobierno central.
