Fue una de las muchas protestas que ha tenido el sector agroganadero en los últimos año; pero no ha sido una protesta más en las consecuencias derivadas de aquella jornada del 22 de febrero en la que cortaron con tractores la N-430 en el tramo de Don Benito a Ruecas y también la Ex-A2 (de Miajadas y Vegas Altas), que no estaba autorizado. Organizadores y participantes han recibido desde finales de julio (y hasta el momento) unas 15 denuncias de 500 euros en la mayoría de los casos, por participar en esa jornada y ahora las opas que lideraron esa protesta coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez, han abierto una colecta para recaudar fondos con los que hacer frente a los más de 6.000 euros que suponen en sanciones. Piden aportaciones de 25 euros, a través de un mensaje que han comenzado a difundir por grupos de Whatsapp y redes sociales para solicitar ayuda.
«Hay personas que no pueden hacer frente a las multas y nos han pedido buscar alguna forma de ayudarles», explica el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri. Fue una de las organizaciones que lideró esa jornada de protesta junto a La Unión, La Asociación del Sector Primario de Extremadura (Aseprex) o la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva y Comarca (Agryga), entre otros; integran la plataforma En Defensa de Nuestro Campo.
Precisamente el dirigente de otra de las organizaciones convocantes, Luis Cortés, dijo ayer que acababa de recibir una denuncia a su nombre por esta misma jornada de protesta. Su idea es «recurrir» esta multa.
Polémica por las denuncias
Las denuncias de esa protesta, que acabó con cargas policiales, no han dejado de generar polémica en la últimas semanas porque los afectados hablan de una «persecución» por parte de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, con denuncias a personas que no estuvieron en la protesta, según reclamaron la semana pasada. Seco les recordó entonces que lo que hace la Delegación del Gobierno es comunicar las denuncias que ha puesto la Guardia Civil y les invitó a acudir a los tribunales y que «demuestren» la supuesta «denuncia falsa» de la que hablaron la semana pasada: uno de los expedientes es contra el alcalde de Higuera de Llerena, Adrián Serrano, que sostiene que no estuvo en la protesta sancionada.
«Esa denuncia está recurrida y también la que me ha llegado a mí», confirmó ayer Metidieri. El resto, 13 de momento, son las que se quieren abonar cuanto antes y es para lo que piden ayuda desde el pasado jueves, cuando comenzaron a difundir el mensaje con la colecta abierta. La idea es poder abonar el grueso cuanto antes y poder beneficiarse así de la reducción en el pago de las multas por hacerlo en los primeros 15 días (el 50%).
