Extremadura registra una media anual de más de cien delitos contra la fauna

Un lince ibérico, 6 águilas imperiales ibéricas, 32 milanos reales y 2 alimoches, ejemplares todos ellos de especies en peligro de extinción, murieron envenenados en Extremadura entre 2015 y 2020. Son parte de los 791 delitos contra la fauna silvestre cometidos en la comunidad autónoma en este periodo y que aparecen en un informe publicado por la organización de defensa de la naturaleza WWF. Un listado que incluye también delitos de caza ilegal, de uso de métodos prohibidos de captura o de compraventa no permitida de animales, y que se ha confeccionado a partir de la información facilitada por las Administraciones regionales, entre ellas la Junta de Extremadura. 

El informe recoge en estos seis años 4.902 casos en toda España que supusieron la muerte de 8.784 ejemplares de especies protegidas. Se trata del «análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre esta problemática en nuestro país», según se afirma desde esta entidad conservacionista, que puntualiza, no obstante, que lo que se revela en él es solo una pequeña fracción de un problema que tiene efectos «devastadores para la biodiversidad». En este sentido, 219 de las infracciones que tuvieron lugar en Extremadura afectaron a especies amenazadas (122 en peligro de extinción y 97 vulnerables).

«De los envenenamientos se estima que solo se conoce un 10% de los casos reales. Estamos ante la punta del iceberg, la realidad de estos delitos es mucho más grave», advierte Silvia Díaz Lora, coordinadora en España de este estudio, que se efectúa en una decena de países más.

En 202 ocasiones se tuvo constancia del uso de venenos en el campo extremeño, una conducta que sigue siendo «bastante» habitual en la comunidad autónoma ya sea con fines «cinegéticos», por ejemplo para matar zorros que «compiten» con los cazadores en la captura de especies de caza menor; bien para evitar los daños que algunos animales, como los perros asilvestrados, ocasionan a la ganadería. «Lo que ocurre es que el veneno acaba matando a todas las especies, no solo a las que son el objetivo de quien pone el veneno», alega. Aparte de las que están en peligro de extinción, el veneno causó la muerte de 17 buitres negros, una especie que actualmente se encuentra en situación de ‘casi amenazada’ y cuya «población está disminuyendo» cada vez más, recalca esta responsable de WWF.

En el lado positivo, Díaz Lora subraya que en Extremadura se haya constituido un grupo de trabajo para luchar contra la utilización de estos productos tóxicos, «y eso es un gran avance». Es un plan, explica, a través del cual se pondrán dos agentes por comarca para luchar contra estos delitos, si bien todavía hay algunas de ellas «en las que no lo han implementado». «Aunque vamos por buen camino, aún no le están dando la prioridad que merecen a estos delitos y se necesitan más recursos», insiste.

Además, de los envenenamientos, la caza ilegal fue la otra causa más frecuente de mortalidad entre especies silvestres en Extremadura, con 204 sucesos notificados por la Administración regional. Aquí las principales víctimas, con veinte ejemplares, fueron los gavilanes comunes. Asimismo, se disparó a un lince y a cerca de una treintena de aves en peligro de extinción: trece milanos reales, trece cernícalos vulgares, dos águilas imperiales ibéricas y un alimoche. También se cazó un águila perdicera y un cernícalo primilla (en ambos casos calificados como vulnerables); y nueve ejemplares más que están dentro de la categoría de ‘casi amenazadas’: dos lechuzas comunes, dos halcones peregrinos, cuatro mochuelos europeos, y un martinete. 

La utilización de artes ilegales de captura como lazos y trampas supuso otros 24 incumplimientos de la ley. En diez de ellos se cometieron con jilgueros y en dos con mochuelos europeos. También figuran aquí un lince y un cernícalo vulgar. En cuanto al suministro y venta ilegal de especies silvestres, se detectaron 341 delitos, la mayoría por aves, con los cernícalos vulgares (49), los cernícalos primilla (45) y los milanos negros (36) a la cabeza, si bien también fue significativo el número de galápagos leprosos (36) con los que se comerció ilegalmente. En la relación de animales con los que se traficó figuran asimismo lagartos ocelados, galápagos europeos, aguiluchos cenizos o búhos reales entre otros.

«Envenenamientos se estima que solo se conoce un 10% de los casos reales. Estamos ante la punta del iceberg, la realidad de estos delitos es mucho más grave»

Silvia Díaz Lora

— Coordinadora del proyecto LIFE SWiPE en España

La enorme extensión del territorio a cubrir, unida a la falta de medios humanos, complica que esos delitos sean destapados. Y cuando se descubren, los infractores muy pocas veces acaban en los tribunales. A juicio de Silvia Díaz, la clave está en que «en vez de considerarse delitos sin importancia» estas infracciones pasen a verse «como lo que realmente son, delitos mayores». Por eso, argumenta, se necesita una mayor voluntad política que haga posible «dedicar más medios y recursos a detectarlos» sobre el terreno y, posteriormente, a que sean enjuiciados. Desde esta oenegé se apuesta por el uso de tecnologías como los dispositivos GPS en los proyectos de conservación de la fauna, el desarrollo de unidades policiales especializadas o la utilización de patrullas caninas. También se demanda una mayor «especialización» en todos los profesionales que están involucrados tanto en «la detección como en la persecución y el enjuiciamiento» de estas infracciones. 

Pese a la gravedad que revisten muchas de estas infracciones, el informe lamenta que muy pocas veces llegan a ser juzgadas, tratándose por la vía administrativa (sancionados con una multa, por ejemplo) o directamente quedando sin resolver. En todo el ámbito nacional, con casi cinco mil delitos cometidos, solo se pronunciaron 327 sentencias judiciales (un 6,7% de los casos) en el intervalo temporal analizado, lo que supone que el restante 93% no fue juzgado. Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32) y uso de veneno (26).

En el periodo analizado, apenas hubo 14 sentencias, menos de un 2% de los delitos aflorados

En Extremadura, las sentencias dictadas por estos delitos fueron 14, menos de un 2% de los casos aflorados. Dos de ellas fueron por envenenamiento, ocho por el uso de artes ilegales, dos por la comisión de ambos delitos de forma conjunta, y dos por caza ilegal. 

Condena por un lince abatido

La sentencia por una de las tres muertes de linces ibéricos que se recoge en este informe, la de un ejemplar abatido en 2019, fue conocida en febrero de este mismo año. En ella, el Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito (Badajoz) condenó a un hombre a dos años de prisión por matar a este felino con una escopeta y a un año y medio de cárcel a un empleado suyo por encubrimiento. Los hechos tuvieron lugar en una finca agrícola de esa localidad integrada en un coto de caza menor cuando el primero de ellos, mientras desarrollaba una acción cinegética de perdiz con reclamo, disparó con la intención de matar al animal protegido al aproximarse este a la jaula del ave.

Por otro de los casos que aparecen en el estudio, en esta ocasión de envenenamiento, un ganadero fue condenado a pagar en julio de 2020 más de 19.600 euros en concepto de indemnización a la Junta de Extremadura y a 2.400 más de multa por la muerte en 2018 de dos milanos realen el término del municipio pacense de Cabeza del Buey.  

En la elaboración de este análisis han tomado parte también el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental, la Universidad de Granada y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. El trabajo se enmarca en el proyecto europeo LIFE SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés). Once países han desarrollado esta iniciativa durante tres años para reducir estos delitos gracias a la mejora de la coordinación, la formación y la cooperación transfronteriza entre Estados.

A pesar de que se ha confirmado que aún «queda  mucho por hacer» y de la escasa proporción de sentencias sobre el total de delitos, se indica, «el proyecto ha constatado que España está a la vanguardia europea en ciertos ámbitos de la lucha contra el crimen contra la vida silvestre: por ejemplo, con los equipos multidisciplinares que combaten el uso de veneno en el campo», se destaca.

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