La consejera de Vox aboga por extender la caza en Monfragüe a las fincas privadas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, afirmó ayer que el control poblacional de especies en el Parque de Monfragüe mediante la actividad cinegética que aplicará la Junta a partir de octubre se realizará de forma "controlada" en fincas propiedad de la Administración regional. Pues bien, este martes la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural, Camino Limia, la representante de Vox en el Ejecutivo, ha manifestado que reducir estas acciones a las fincas públicas sin incluir las privadas, que suponen el 45% del espacio, podría suponer "un grave problema de sanidad animal”.

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En un comunicado de prensa, Limia ha señalado que la "ley avala y respalda" la apuesta de la presidenta extremeña, María Guardiola, por la caza con fines de control poblacional en Monfragüe. Cabe recordar que la jefa del Ejecutivo regional fue la que anunció esta medida el pasado domingo en el marco de la Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica (Feciex) en Badajoz. Tras este anuncio, desde Vox se apresuraron a defender que esta iniciativa salía adelante gracias a su presencia en el Ejecutivo.

“Todas las normas que afectan al Parque Nacional de Monfragüe siempre contemplan una excepción en lo relativo a la práctica de la caza (actividad cinegética) para el desarrollo de los controles poblacionales, es decir, lo que apoyamos desde esta consejería”, ha indicado Limia. Ha recordado que los controles poblacionales mediante acciones cinegéticas se han venido desarrollando desde 1997 hasta 2020, por motivos biológicos y técnicos en fincas públicas y privadas.

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A juicio de esta consejería, la Administración debe valorar el “mérito” de los propietarios privados de los cotos privados, que además suponen el 45% de la superficie total de parque, ya que se han ocupado históricamente de su mantenimiento, respetando los procesos biológicos y contribuyendo a su protección. “De no hacerlo así, desde la Administración estaríamos siendo tremendamente injustos”, ha subrayado Limia.

Colaboración

"La colaboración de los propietarios privados en el mantenimiento de estos ecosistemas y en la regulación de las poblaciones de especies cinegéticas siempre ha sido determinante", a juicio de esta consejería. Ha aseverado que esta ha sido "continua y reconocida" por la Administración gestora hasta 2020 en que la entonces Dirección General de Sostenibilidad (Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad) decidió "prescindir totalmente de la colaboración de los propietarios privados y aprobó un plan y un programa de acción selectiva para la temporada 2021/2022 donde no permitía la realización de ningún control poblacional de ciervos y jabalíes en fincas privadas".

En este sentido, el director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, Ignacio Higuero, ha señalado que "la naturaleza tiene sus propias leyes que no se pueden modificar con normas dictadas obviando los procesos biológicos naturales", al tiempo que añade que "las normas inadecuadas que ignoran los procesos naturales pueden generar desequilibrios y problemas".

"La reducción de las acciones de control a las fincas públicas del Parque Nacional supone que, en la mitad del Parque, de propiedad privada, no se realiza ningún control desde el año 2019, lo que ocasionará graves problemas sanitarios, medioambientales y económicos, afectando además a las más de 38.000 hectáreas que comparten uso cinegético y ganadero, suponiendo así un verdadero problema sanitario para nuestra cabaña ganadera", ha concluido.

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