«Extremadura no está bien financiada. El peso de la superficie en el sistema tiene que subir»

Dos días antes de que se conociesen los detalles del acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE y ERC, que incluye la condonación de 15.000 millones de euros de deuda contraída por Cataluña con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la consejera de Hacienda extremeña, Elena Manzano, advertía en esta entrevista de los peligros que «plegarse a los intereses de un solo territorio en detrimento absoluto del conjunto de la nación» puede tener para el sistema de organización territorial que se recoge en la Constitución y para el modelo de crecimiento cohesionado de las autonomías.

En el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar se habla de acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios. ¿Qué hará Extremadura si se impone la equiparación fiscal a todas las comunidades?

A día de hoy lo que tenemos encima de la mesa es una ley de 2009 en la que se reconoce la autonomía financiera autonómica. Está recogida en el artículo 156 de la Constitución y se materializa en que tenemos competencia normativa sobre muchas figuras impositivas cedidas y podemos adaptarlas a las necesidades de cada uno de los territorios. Ir en un sentido contrario puede ser un quebranto a esa autonomía financiera. Desde el inicio del sistema de financiación se ha ido trabajando en dar mayor capacidad de decisión a las comunidades. Y eso es importante porque para nada todos los territorios somos iguales. Ojalá nosotros tuviéramos la población que tiene Andalucía, Madrid, Valencia o sus niveles de industria, empresa y comercio. La armonización va en la línea de establecer un marco común para todas las comunidades sin posibilidad de moverse de él y supone un recorte a la autonomía financiera de las comunidades. Además, ¿nos parece justo que todas las empresas estén tributando a un mismo tipo de gravamen con independencia del territorio en el que estén? Esto, que parece ser así, porque el Impuesto sobre Sociedades lo conserva íntegramente el Estado, en realidad no lo es en la práctica. En Canarias existe el tipo más bajo, está a un 4%, ¿por qué? Por las singularidades que concurren en ese territorio. Si estas singularidades, que también vemos en Ceuta o en Melilla, las llevamos a nuestra comunidad autónoma, para mí existen igual. Nuestro condicionamiento, nuestra situación geográfica, la ausencia total de comunicación o de inversiones que nos comuniquen con el resto del territorio han provocado un aislamiento que deberían ser también objeto de reconocimiento, de un trato singular, y eso es totalmente contario la armonización. En Ceuta y Melilla hay un 60% de bonificación en renta porque vivir allí implica una situación de acceso a menores servicios de lo que quizá puede darse en otras zonas. Es necesario adaptar cada figura impositiva a las realidades que concurren en cada territorio, y eso se consigue con la cesión normativa.

Entonces, una medida de este tipo contaría con la oposición de la Junta…

Si es generalizada a IRPF, a Patrimonio, a Sucesiones y Donaciones… por supuesto que sí. Yo quiero tener capacidad de decisión, porque lo que ocurre en mi territorio es muy distinto a lo que ocurre en otros.

¿Y si se pone como condición para la reforma del sistema de financiación autonómica?

Que lo hagan. Ya negociaremos, pero lo dudo. Veríamos en qué términos y en qué condiciones se plantea, pero sin duda, tener la posibilidad de que en el IRPF las rentas más bajas de toda España, que son las extremeñas, tributen menos, a mí me parece que eso es justicia y capacidad económica. Si hablas de armonización, puede ser que todas tributásemos igual, y eso me parece que es lo contrario a igualdad. Un tratamiento igual a desiguales, sean personas o territorios, es desigualdad.

«Para mí la despoblación no es un reto, es una emergencia demográfica. Tenemos que actuar y el sistema de financiación es clave»

En el caso de que se acabe abordando la reforma del sistema de financiación, ¿cuál sería la posición de partida de Extremadura?, ¿considera que con el modelo actual está bien financiada?

Lo que creo es que las singularidades que tiene el coste de prestación de los servicios en Extremadura no se reconocen en el sistema de financiación autonómica en la forma en la que deberían reconocerse. Por lo tanto, eso se traduce en que no tiene una financiación adecuada. En cesión impositiva, creo que no hay que ceder más, quiero una hacienda estatal fuerte que luego tenga posibilidad de invertir en los territorios que lo necesitan. Dónde no está bien el sistema es en el cálculo de las necesidades de esos servicios fundamentales. Tú no puedes seguir ponderando la población a un 97%, porque eso no representa ni a Extremadura ni a una mayoría de los otros territorios. Eso no es adecuado para medir el coste de la educación, de la sanidad, o de los servicios sociales en territorios como el nuestro que tenemos un millón de habitantes.

¿Y cuáles deberían ser esos criterios?

La superficie tiene que subir, y la densidad de población tiene que estar presente. La superficie mide hoy un 1,8%, como mínimo debería subir a un 4%. Que tenga un peso específico, que se vea cuál es realmente el coste de prestar esos servicios en un territorio como el nuestro, con una superficie tan amplia, con una población situada en núcleos muy alejados, pero que pagan sus impuestos y que tienen el mismo derecho que los demás a que la sanidad y la educación llegue a ellos. ¿Qué estamos buscando?, ¿que la gente se vaya a otras comunidades autónomas donde sí les financien esos servicios? Si tu peso específico a la hora de hacer transferencias de ingresos es la población estamos cargándonos a la mitad del territorio español que sufre una despoblación. Así que por supuesto que Extremadura no está bien financiada, porque las variables tomadas en el principal fondo, el que tiene mayor dotación, no nos representan. Luego intentan compensar con otros fondos, pero que tergiversan el modelo y que obedecen a necesidades y a pactos concretos. Tenemos los de convergencia, por un lado, el de competitividad y, por otro, el de cooperación, con finalidades totalmente contrapuestas. Competitividad para nutrir a los que tienen un poder recaudatorio mayor; cooperación a los que tienen una capacidad recaudatoria menor. ¿Cuál es el que está más dotado?, pues el primero está a años luz del segundo. ¿Y qué pasa con el fondo de compensación interterritorial?, el único constitucional del modelo, el único al que avala en el 158. Pues tiene una dotación irrisoria. No llega a los 500 millones. No nos tomamos en serio el crecimiento territorial cohesionado. Las medidas se centran muchas veces en la oportunidad política. Miremos a todos los territorios, que tenemos necesidades muy diferentes. Para mí la despoblación no es un reto, odio que se hable de reto, para mí esto es una emergencia demográfica. Tenemos que actuar y el sistema de financiación es clave.

¿Cree que en España se beneficia fiscalmente a algunos territorios por intereses políticos?

En materia tributaria, quitando las excepciones de Canarias, Ceuta y Melilla, y sin entrar en el régimen foral, del País Vasco y Navarra, donde ahí sí hay autonomía total, el Estado establece un marco normativo concreto y ahí no hay mucho margen. Donde sí veo un privilegio directo a determinados territorios es en inversión, en gastos. Si cogemos un histórico de los presupuestos generales del Estado, en inversión territorializada vemos como se canaliza en determinadas regiones. Cataluña está casi en un 18%; nosotros no pasamos del 3,2%. 

¿Qué reflexión le merece entonces que Junts per Catalunya haya cifrado en 450.000 millones de euros la 'deuda histórica' del Estado con Cataluña?

Me parece aberrante que tengamos que escuchar esto, con la política que ha ejercido Cataluña en materia de gasto y endeudamiento y viendo cómo se ha gestionado en esa comunidad autónoma.

«Me parece aberrante que tengamos que escuchar que la 'deuda histórica' del Estado con Cataluña es de 450.000 millones»

¿Y qué significaría para Extremadura y para otras regiones receptoras netas del sistema de financiación que se le concediese una hacienda propia como se está demandando?

Sería una ruptura total del propio modelo constitucional. El artículo 156 cuando habla de autonomía habla de coordinación con la hacienda estatal. Y el otro límite que se pone es la solidaridad, que no se quebrante el crecimiento de otros territorios. Para mí la solidaridad es igualdad, lo que implica que haya que introducir fondos y destinar inversiones a territorios que parten de una situación de desigualdad. Y es justicia, la solidaridad no es caridad. Y quienes pagan los impuestos son las personas, no los territorios, y el titular de esos impuestos es la hacienda estatal aunque haya un nivel de cesión. Avanzar en cualquier modelo que suponga una mayor cesión de impuestos a Cataluña o lo que ellos quieren, que es tener exactamente lo que el País Vasco, que es un régimen de concierto económico, para mí es una ruptura de los principios esenciales del Título VIII de la Constitución, de la organización territorial y del modelo de crecimiento cohesionado. Sería una ruptura de los principios de igualdad y de justicia.

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