Extremadura tiene registrados más de 13.800 perros de razas peligrosas

Más de 20 personas han perdido la vida en España desde 2010 por ataques de perros, la mayor parte de ellos de animales de razas catalogadas como peligrosas. Tres de estos sucesos han tenido lugar este año, el último hace apenas dos semanas, cuando una mujer de 96 años falleció en Alguazas (Murcia) a causa de las graves mordeduras que le propinaron dos perros, cruces de razas consideradas como potencialmente peligrosas.

Actualmente, en Extremadura hay contabilizados algo más de 13.800 canes de estas razas, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible extremeña. Para todos ellos existe la obligación de ser incluidos en un registro que conlleva, entre otras cuestiones, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros no inferior a 120.000 euros. En este listado también deben aparecer aquellos perros que, o bien han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros, o bien han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

La pit bull terrier es la raza con un mayor volumen de registros (4.179), por encima de la american staffordshire terrier (3.701); la rottweiler (1.574); el dogo argentino (1.220); y el doberman (1.175). Por debajo del millar de ejemplares figuran ya la american bully (743), una de cuyas variedades, la XL, se quiere prohibir en Reino Unido tras una sucesión de ataques; la american staffordshire bull terrier(555); la staffordshire bull terrier (482):la akita-inu (123); el fila brasileño (58); y la tosa-inu (1).

Este registro centralizado regional se conforma a partir de los datos que han de proporcionar a su vez los listados que los ayuntamientos deben elaborar con estos perros. Su creación se recogió en la ley autonómica de protección de los animales de 2002.

No se trata, en cualquier caso, de un censo exacto. No solo porque no siempre estos animales están identificados con microchip, también porque, si fallecen o marchan a otras comunidades autónomas, son sus propietarios los que tienen que darlos de baja, algo que con frecuencia no sucede.

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