«La demanda de Extremadura sobre el déficit histórico de infraestructuras es legítima y la vamos a resolver»

Carlos Cuerpo Caballero (Badajoz, 1980) es ministro de Economía del Gobierno de Sánchez. Sustituye a su «mentora», Nadia Caviño, después de una brillante trayectoria que incluye los entresijos fiscales de la Unión Europea. Presume de extremeño y asegura sentirse comprometido con su tierra de origen, en la que reconoce la existencia de déficits históricos, sobre todo en materia de infraestructuras. Pero se muestra seguro de que las actuaciones del Ejecutivo central servirán para cerrar la brecha de desigualdad y que a la comunidad extremeña le aguarda una nueva época marcada por una profunda transformación socioeconómica. Este viernes pasó el día entre Badajoz y Mérida, una jornada intensa que vivió con emoción.

Es su primera visita como ministro a su tierra natal y ha compartido tiempo con los alumnos de la facultad donde usted estudió, una Universidad pública, relativamente joven, en una comunidad que no se encuentra entre las más pujantes. ¿Le gusta transmitir esa imagen?

Ha sido un día emotivo, muy bonito.Uno de los titulares que más ilusión me hizo el día de mi nombramiento decía: ‘Un extremeño, ministro’. No se sabía ni quién era, ni de qué Ministerio, pero el mensaje está claro: era de orgullo patrio por tener una figura que los represente en el Consejo de Ministros. Eso va más allá de la persona, pero he sentido el cariño de los extremeños, lo he podido percibir hoy.

Presume de sus orígenes familiares, de ser uno de los primeros en haber conseguido finalizar estudios universitarios. Cuando escucha decir qu e la Universidad ya no funciona como ascensor social ¿está de acuerdo?

En mi caso, la Universidad supuso abrirme puertas. El contacto con los profesores, la formación que adquirí ir dando pasos en mi trayectoria profesional que me han llevado hasta aquí. Este año, que se cumple el 50 aniversario de la Uex, es un honor haber pasado por allí. Lo que me gustaría es que sirviera como referencia para que los alumnos con los que he estado no pongan límites a la hora de pensar a qué pueden aspirar.

Es un honor haber pasado por la Universidad de Extremadura. Lo que me gustaría es que sirviera como referencia para que los alumnos con los que he estado no pongan límites a la hora de pensar a qué pueden aspirar

Para no tener límites parece necesario que los jóvenes no estén condenados a un empleo precario. ¿Cómo lucha el Gobierno contra esta situación?

La situación de los jóvenes en el mercado laboral es una de nuestras primeras preocupaciones. Pero hay que tener en cuenta la buena dinámica que muestra el crecimiento económico registrado en 2023, publicado la semana pasada, o los datos de la EPA. Se han creado casi 800.000 puestos de trabajo, a pesar de la coyuntura complicada que existe en el entorno europeo. Cuatro de cada diez empleos creados en la Unión Europea lo han sido en España. Es cierto que todos estos datos hay que aterrizarlos y comprobar dónde se están creando esos empleos y cómo evolucionan los sectores en los que la tasa de paro es más alta. Y por eso prestamos especial atención a los jóvenes, pero también a las mujeres. Y hay buenas noticias. En el caso de los jóvenes no solo relativas al empleo: la tasa de abandono escolar se está reduciendo. Y eso se relaciona directamente con el desempleo estructural en los jóvenes. Están más formados y tienen más posibilidades de encontrar mejores trabajos, más estables, menos precarios.

Los extremeños perciben que en España hay territorios que caminan a distinta velocidad en lo que se refiere a desarrollo económico y que su comunidad es una de las que va a la cola. ¿Está de acuerdo?

Si hay algo que tenemos claro los extremeños es que existe un déficit histórico en infraestructuras que afecta a la evolución económica. Volviendo a la actuación del Gobierno sí que hay que destacar el incremento de la inversión en infraestructuras durante los últimos años hasta llegar a los 400 millones anuales, triplicándola. El Gobierno tiene la vista puesta en Extremadura para cerrar esta brecha. Y otro ejemplo es que este lunes vendrá el ministro de Transportes a abordar todas estas cuestiones con la presidenta de la Junta.

¿Pecamos, entonces, de pesimistas?

No, como decía anteriormente, no se trata de un elemento coyuntural, sino de una situación que viene de hace décadas en cuanto a infraestructuras con respecto al resto de España. Tratamos de responder a una queja legítima.

¿De qué tipo de acciones ha hablado con la presidenta para que Extremadura progrese como territorio que atraiga inversiones?

Hay dos elementos del Gobierno que benefician y contribuyen a la modernización de la economía exxtremeña. En primer lugar, el Plan de Recuperacion que ya está suponiendo una realidad para la economía extremeña: se han asignado ya unos 2.140 milllones a la comunidad de Extremadura. Es de la comunidades que más dinero han recibido en términos per cápita. El despliegue de los fondos incide directamente en proyectos como la fábrica de baterías de Navalmoral de la Mata, que cuenta con unas ayudas públicas de 300 millones, para una inversión total de 1.000 millones y que creará 3.000 puestos de trabajo. Eso es ponerle cara, definitivamente, a cómo están llegando esos fondos. Evidentemente, también tenemos que conseguir que lleguen a las pymes. Y los ‘kits’ digitales repartidos entre 6.000 pequeñas y medianas empresas son otro ejemplo. Ahora llega la segunda etapa del Plan de Recuperación que cuenta con un instrumento diseñado específicamente para poder llevar a cabo proyectos que las comunidades autónomas decidan como esenciales. Hablo del conocido como Fondo de Resiliencia Autonómica que va a vehicular el Banco Europeo de Inversiones (BEI), como brazo financiero de la Unión Europea. El BEI mantiene ya una relación privilegiada con las comunidades autónomas. Son 20.000 millones que van a seguir contribuyendo a la transformación de Extremadura. La segunda línea se refiere a incrementar el atractivo de España para la inversión extranjera. Los datos nos hablan de que hay una inversión récord. En sectores punteros, conocidos como ‘greenfield’, convirtieron el año pasado a España en el quinto país receptor de proyectos de inversión nueva. No es casualidad: es una apuesta de los inversores por la economía española que toma tierra en cada comunidad autónoma.

Estamos acompañando la evolución en Extremadura de infraestructuras energéticas, tecnológicas de conectividad y comunicación. Estos tres vectores tratan de generar una dinámica positiva de mejora

Y en el caso de Extremadura, puesto que reconoce ese déficit histórico en infraestructuras, ¿puede estar frenando a posibles inversores?

Justo por eso estamos acompañando la evolución en Extremadura de infraestructuras energéticas, tecnológicas de conectividad y comunicación. Estos tres vectores tratan de cerrar esa brecha histórica y generar una dinámica positiva de mejora en todas ellas, precisamente para incrementar la atracción de inversores que se traduzca en un crecimiento de la industria.

El Parlamento Europeo acaba de admitir una propuesta de un grupo leonesista que propone recuperar algo parecido a lo que fue el canon energético, una figura fiscal que consiga que parte de los beneficios económicos que las compañías eléctricas obtienen de todas las energías renovables reviertan sobre el territorio productor. Extremadura es una de las regiones que exporta energía. ¿Lo ve viable?

Las competencias en materia de política energética dentro del gobierno corresponden a la vicepresidenta tercera, Teresa ribera, como titular de Transición Ecológica. Lo que está claro es el éxito de la política energética que ha llevado a cabo el Gobierno, Y no solo en España. Hablo también del impulso que hemos dado en Europa, basado en una apuesta decidida por las renovables. Cuando discutíamos en Europa por qué éramos capaces de tener una solución diferenciada con el mecanismo ibérico, una de las grandes razones era lo avanzados que estábamos en generación de energías renovables. Y eso es un atractivo más de inversión en Extremadura. Es fundamental la renovación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), donde se fijan objetivos ambiciosos.

Aunque no sea su área, lo cierto es que instituciones como la Diputación de Cáceres, gobernada por el mismo partido que el Gobierno, parecen decididas a reivindicar esta figura fiscal. ¿Lo ve como un imposible?

La actuación del Parlamento Europeo está en un punto muy incipiente. Lo que tenemos es una politica clara a nivel nacional de hacia dónde vamos.

Tampoco es su área específicamente, pero resulta inevitable mencionar la financiación autonómica. El modelo no parece gustar a nadie, tanto a las que oficialmete son infrafinanciadas, como a las que, aparentemente lo son y, sin embargo, estiman que la brecha territorial no se reduce. ¿De dónde saldrán los fondos para poner sobre la mesa suficiente para contentar a todo el mundo?

La discusión sobre el sistema de financiación se prolonga desde hace décadas, y es muy dificil de cuadrar porque se trata de repartir una tarta de un mismo tamaño entre distintos actores y aquí, desde el punto de vista de la actuación del Gobierno para la financiación de las comunidades autónomas, estamos en una situación mucho más favorable que en ocasiones anteriores. Las entregas a cuenta y las liquidaciones, este año, en el caso de Extremadura suponen casi 4.500 millones. Ello supone un crecimiento de un 16% con respecto al año pasado y marca un máximo histórico. Si me pregunta es cómo lograr la cuadratura de este círculo, lo que puedo decir es que no se trata tanto de contentar sino de ayudar a las comunidades autónomas para seguir generando este impulso y este crecimiento económico.

Con respecto a los tratados de libre comercio con otras áreas, por parte de España se han defendido y se siguen defendiendo las llamadas cláusulas espejo, donde exigimos que los productos asimilables a los españoles que vengan de otros países tengan que cumplir las mismas normas, sobre todo en elementos fitosanitarios

Vivimos momentos de descontento y movilización entre los agricultores. Se quejan de la competencia desleal que supone la importación de productos de terceros países con legislaciones más laxas en materia medioambiental o alimentaria. ¿Debería tenerse esta queja en cuenta en los acuerdos comerciales con Marruecos o en las negociaciones con Mercosur para poner freno a estas importaciones?

Ya venimos apoyando al sector de manera muy decidida, por ejemplo, con 1.400 millones de ayudas directas o con una ley de cadena alimentaria que se aprobó el año pasado, que tiene novedades importantes y que es una de las demandas de los agricultores franceses, que es conseguir una ley como la que tenemos en España, donde, por ejemplo, se prohíben las ventas a pérdidas. Son avances que hemos ido consiguiendo en España para apoyar al sector. También tenemos las ayudas al gasóleo. Con respecto a los tratados de libre comercio con otras áreas, por parte de España se han defendido y se siguen defendiendo las llamadas cláusulas espejo, donde exigimos que los productos asimilables a los españoles que vengan de otros países tengan que cumplir las mismas normas, sobre todo en elementos fitosanitarios.

La banca se queja de España es el único país en el que se va a extender el impuesto extraordinario sobre el sector financiero a 2024 ¿Cómo justifica usted la prórroga de este impuesto decidida por el Gobierno.

Hay un elemento que ha quedado muy claro en estos dos últimos años, los primeros de implementación del gravamen al sector financiero. Y es que el gravamen ha sido compatible con los mejores resultados de la historia del sector. No ha supuesto eso que se auguraba de que iba a ser un elemento perjudicial para el sector. Ni siquiera con respecto a sus competidores en Europa. En segundo lugar, tanto en el caso de la figura del impuesto a sobre la banca, como en el resto del sistema tributario, existe en el Gobierno un análisis continuo con respecto a la situación y las condiciones estructurales o coyunturales, y en función de ese análisis que hacemos de manera continua, es dónde se valora efectivamente la calibración la especificación de las distintas figuras, pero no en particular parar el impuesto financiero. Es decir, hacia adelante, lo que esperamos es que podamos seguir teniendo una contribución justa del sector financiero a los presupuestos, y en particular, al escudo social de este 2024, que es el año en el que lo hemos prorrogado.

¿Caben modificaciones en este impuesto como, por ejemplo, deducciones en función de la financiación verde que puede hacer la banca, tal como plantea el sector?

Son dos elementos separados. Yo creo que el sector tiene que contribuir a la financiación verde, ya lo está haciendo. Y yo no ligaría este elemento a deducciones en el gravamen. Son dos elementos distintos.

El fuerte crecimiento de los resultados de Caixabank va a reportar al Estado un mayor dividendo. ¿En el actual contexto de revalorización de Caixabank, cree que en esta legislatura se podría retomar la venta de la participación del Estado en esta entidad financiera?

Nosotros tenemos un compromiso de salir de nuestra participación de CaixaBank. Avanzar en este compromiso de desinversión se ha de hacer bajo un criterio claro: maximizar la recuperación de las ayudas aportadas. En este sentido, nosotros seguimos viendo que la evolución de la cotización de CaixaBank tiene recorrido al alza y por lo tanto, seguimos apostando, siendo un accionista estable y que da garantías a la propia entidad.

¿Habrá que alargar esa fecha tope de diciembre del 2025 para salir del capital de Caixabank?

Iremos viendo. Lo hemos cambiado anteriormente y eso no supone ningún tipo de restricción. La condición es maximizar la recuperación del dinero del contribuyente.

En este primer trimestre probablemente muchas familias ya verán cómo vuelve a bajar su cuota hipotecaria cuando actualice. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación antes de tomar una decisión sobre el código de buenas prácticas

¿En relación al código de buenas prácticas hipotecarias, se prevé una nueva reunión en marzo que pueda servir para ampliar el alcance de las medidas de alivio para las familias?

Tenemos reuniones trimestrales y nos vamos a reunir en marzo. Vamos a ver a lo largo de este año cómo va evolucionando no solo la utilización del código -es decir, cuántas familias se están viendo en la necesidad de acceder a estas medidas de alivio-, sino también las condiciones macro. El euríbor está bajando. Y el Banco de España ha señalado que en este primer trimestre probablemente muchas familias ya verán cómo vuelve a bajar su cuota cuando actualice. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación antes de tomar una decisión.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lanzado un debate sobre la conveniencia de poner un tope a los sueldos de los directivos del Ibex sobre la base de la “injusticia” que a su juicio supone la brecha que existe sobre los salarios de los trabajadores de base. ¿Ve usted conveniente poner algún tipo de tope a los sueldos de los directivos?

Yo prefiero redireccionar esta discusión hacia otro ámbito. Pensemos por ejemplo en el sector financiero. Es un caso claro donde tenemos unos jóvenes que están entrando en el segmento de menores salarios y lo que tenemos que hacer es centrarnos en el objetivo de que tengan unos salarios acordes con el nivel de formación que tienen. Ir mejorando los salarios de estos jóvenes formados, de manera automática va a reducir la brecha con los sueldos de los directivos. Ya hay alguna entidad, como Kutxabank, que está avanzando también en esta línea, que nos parece adecuada.

¿No le parece conveniente, entonces, poner topes a los sueldos de los directivos?

Prefiero el otro planteamiento.

El acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar incluye reducir la jornada laboral hasta 37,5 horas. ¿Cómo encaja este debate con el de la débil productividad total de los factores de la economía española?

Depende mucho de cómo se haga. Y eso es lo que nos tiene que llevar a un elemento de prudencia y de flexibilidad. Sobre todo, confiar y apoyarnos en empresarios y trabajadores, porque son los que mejor conocen cómo ir ajustándose de la mejor manera hacia ese gran objetivo que es reducir las horas de trabajo. Yo creo que en este ámbito la reducción de jornada va a tener un resultado positivo en términos de productividad.

Las dificultades políticas, la fragmentación parlamentaria y las exigencias de los independentistas catalanes en relación a la ley de amnistía, abren dudas sobre la capacidad del Gobierno de sacar adelante los Presupuestos y reformas ¿Puede derivar todo ello en una legislatura más corta y en una mayor desconfianza inversora hacia España?

Nosotros vemos en los datos una enorme confianza de los inversores internacionales. Hablo de inversiones reales, en nuestra industria; pero también de las inversiones financieras, es decir, las compras de nuestras emisiones de deuda. Esa confianza en la economía española está y tiene que dar tranquilidad también a los ciudadanos, porque más allá del ruido político, existe una confianza absoluta y unas buenas previsiones de futuro para la economía española. Y esto sí es un mensaje que me gustaría dejar claro. A partir de ahí, estamos trabajando, como es lógico y normal en cualquier gobierno, por sacar adelante las medidas que creemos que son las mejores para el país. En un contexto en el cada vez va a ser más difícil que en el futuro volvamos a ver mayorías absolutas, el trabajo va a tener que ser siempre de negociación y de diálogo. Y ahí es donde estamos.

Más allá del ruido político, existe una confianza absoluta y unas buenas previsiones de futuro para la economía española

Al final de este semestre toca renovar el cargo de gobernador del Banco de España. ¿Cuál es el perfil idóneo que debería tener el próximo gobernador o gobernadora?

Antes que nada, me gustaría señalar el excelente trabajo del gobernador actual, porque Pablo Hernández de Cos está situando el Banco de España entre los bancos centrales con mejor reputación, con mayor actividad y mayor impacto, no solo del área euro, sino a nivel internacional. De cara a la decisión que tenga que tomarse antes de verano, iremos viendo en los próximos meses el perfilado concreto de la persona que vaya a ser la sustituta de gobernador.

¿Se va a revertir el cambio de la ley de sociedades de capital que favoreció en 2017 el cambio de sedes de empresas que querían dejar Catalunya por el procés, al trasladar la decisión de la junta de accionistas al consejo de administración?

El punto de partida respecto al texto que se pueda cerrar en este ámbito tiene que ser el de mantenimiento de las condiciones específicas de determinación de la sede de las entidades. A partir de ahí, el cumplimiento de estas condiciones, que no van a cambiar, supone de facto, que las sedes que ya estén establecidas en cualquier comunidad autónoma no van a tener ningún elemento diferencial respecto a la normativa anterior, independiente mente del resto de elementos sobre quién determine o no el cambio.

En la práctica, las nuevas reglas fiscales ¿qué grado de ajuste van a exigir a las cuentas públicas en los próximos años?

Las nuevas reglas fiscales tienen en cuenta la necesidad de reducir la deuda y el déficit, pero esto tiene que ser compatible con crecimiento. No podemos reducir una ratio de deuda sobre PIB pensando solo en el numerador. Hay que pensar también en el denominador, en cuánto vamos a crecer.

¿Cómo lograrlo?

Con la inversión. Las nuevas reglas son conscientes de que estamos adquiriendo objetivos de transición verde, de digitalización de nuestras economías, autonomía estratégica, seguridad económica…. Antes, con las reglas anteriores, teníamos que ir convergiendo a un equilibrio presupuestario o como mucho a un déficit del 0,5% del PIB. Ese era el objetivo de medio plazo que teníamos todos los países. Ahora ese objetivo está en el 1,5% del PIB. Es decir, que vamos a tener todos los años de manera continua, un espacio adicional para invertir de un punto de PIB con las nuevas reglas, y esto con el PIB español actual está en torno a 15.000 millones. Es decir tendremos 15.000 millones más para invertir en el nuevo marco de reglas. Y yo creo que este, sin duda, es un elemento destacable.