«El Tribunal Supremo ha confirmado lo que siempre hemos pedido, a pesar de que nos hemos sentido abandonados por el Ministerio Público», decía ayer el abogado que defiende a los padres de la fallecida, Aurelio Aranda. Se refiere a que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rebajó la pena al acusado (bajó de catorce años de prisión a cuatro por el delito de homicidio, al considerar que no había pruebas para determinar que fue intencionado), la Fiscalía se negó a presentar un recurso. De hecho presentó un escrito posicionándose en contra del recurso que había presentado al Tribunal Supremo la familia de Tamara Simón. «Es indignante que después de haber pedido una pena por homicidio doloso el fiscal pidiera que se inadmitiera nuestro recurso», insiste el letrado madrileño. Aún así, él decidió recurrir. «Siempre tuve fe en que lo del Tribunal Superior había sido un error».