La absolución de los exalcaldes de Berlanga "hace justicia", según el PSOE

La sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Badajoz que que «exime de responsabilidad» a los exalcaldes socialistas de Berlanga Vicente Barragán y Juan Manuel Ortiz y a otros seis funcionarios más, que habían sido acusados de falsedad documental y prevaricación, «hace justicia», según ha valorado este lunes el secretario provincial del PSOE, Rafael Lemus.

El caso tenía que ver con la presunta creación de un apunte contable falso para declarar en bancarrota al consistorio y justificar así el despido de dos empleados municipales, hechos que denunció y llevó a los tribunales Izquierda Unida (IU).

Lemus ha afirmado que el PSOE se encontró «con una gran deuda» cuando llegó al gobierno local en 2011, un problema que «había dejado» el Ejecutivo anterior de IU, lo que obligó a llevar a cabo un Plan Económico de Viabilidad que conllevaba, entre otras medidas, varios despidos.

La situación fue denunciada por Izquierda Unida, que acusaba al entonces alcalde, Vicente Barragán, y a su sucesor, Juan Manuel Ortiz, concejal en aquellos momentos.

Tras todos estos años «de calvario» para las familias de los acusados, según Lemus, la sentencia «no admite los hechos denunciados, reconoce que el plan económico hubiera sido necesario incluso un año antes de la llegada del PSOE al gobierno municipal, y no aprecia intencionalidad discriminatoria ni política en los despidos», ha subrayado.

«La sentencia es tan clara que llega a cuestionar la actitud del exalcalde de IU José Custodio durante el juicio, por sus contradicciones durante las distintas causas y por su testimonio en la vista», ha dicho.

"Persecución política"

Por su parte, Juan Manuel Ortiz ha asegurado que «por fin se haga justicia tras doce años de persecución política protagonizada por aquellos que no respetan a quienes piensan de forma diferente, por personas que vestidas de demócratas han intentado encarcelar» a los procesados.

En la misma línea, Vicente Barragán ha recordado también a los funcionarios también acusados por estos hechos. Ha añadido que cuando llegó al consistorio se encontró con una situación económica «muy difícil» tras realizarse la liquidación del presupuesto, que «debería haber confeccionado el anterior equipo de gobierno local», la que obligó «a efectuar el plan de ajuste que la ley imponía, con medidas impopulares y desagradables», pero necesarias, ha defendido.