El alcalde, Luis Salaya, abogó este lunes por no judicializar la mina de litio y que la empresa registre en la administración su proyecto de extracción subterránea. Insistió en que por ahora lo que hay es un anuncio de la empresa de que la mina será subterránea y no a cielo abierto, cuyo impacto en el territorio es mayor, y en que no se podrá dar una opinión hasta que la compañía entregue el nuevo proyecto subterráneo para que se conozca al detalle y se pueda valorar si se autoriza o es inviable por su incidencia en la zona, en la sierra de la Mosca. La empresa lo deberá aportar primero a la Junta, que es la competente en Minas y que es la que tendrá que recabar la valoración vinculante del ayuntamiento.

La mina volvió a ser actualidad este lunes por la publicación en el Periódico Extremadura de una entrevista a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que valoró el anuncio de Acciona y Envision de que abrirán una gigafactoría para producir baterías en Navalmoral de la Mata para la que se necesitará litio. Aunque no hace una vinculación directa entre el proyecto de la mina de Cáceres y la fábrica, Maroto sí habla de cadena de valor del litio en Extremadura (extracción, tratamiento del mineral y producción), dando a entender que planes como el de Cáceres pueden entrar en esa cadena en la que, de momento, es más fácil que esté el litio de Cañaveral, proyecto más avanzado y que puede recibir en unos meses la autorización de la Junta para empezar la explotación. Maroto sí hace en la entrevista una mención directa a la mina de Cáceres al valorar que la reticencia en la ciudad era solo a la extracción de litio y que ese escenario cambia cuando, con el proyecto de Navalmoral, ya no solo se habla de sacar el mineral sino de proyectos industriales vinculados a la mina.

Preguntado sobre si comparte la opinión de la ministra de Industria, el alcalde consideró que lo que hay ahora en la ciudad «no es tanto un cambio de opinión, sino que se está en un momento de expectativa, creo que la ciudad está más en un momento de duda, de valorar lo que se presente -el proyecto de mina subterránea- y de decidir sobre ello».

Salaya insistió en que ahora su «obligación como alcalde» es garantizar que el proyecto de mina a cielo abierto haya quedado realmente descartado por la empresa. Recordó que para eso se tienen que dar varios pasos. Así apuntó que el primero es que la empresa «cierre el proceso judicial», el recurso que tiene presentado contra la denegación del permiso de investigación minera, ese recurso está vinculado al proyecto anterior de mina a cielo abierto, por eso este lunes abogó por no judicializar la mina. El segundo paso sería que la empresa «retirase -de la Junta- el expediente» del proyecto de mina a cielo abierto. Lo que se busca por el gobierno local son garantías de que la corta a cielo abierto, por su gran impacto en el territorio, no se hará.

El tercer paso es que la empresa registre su nuevo proyecto de mina subterránea, será en ese momento «cuando se podrá valorar», ya que hasta entonces lo único que «tenemos son castillos en el aire». Salaya consideró que si se retira el recurso, el proceso de examen del nuevo proyecto sería «seguramente hasta más rápido» al no tener que esperar a que se resuelva todo el proceso judicial.