El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 ha archivado la causa abierta al presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, por presunta prevaricación en la retirada de las cruces en la provincia.
Así, días después de que la jueza tomara declaración como testigos a cinco alcaldes a petición de la Audiencia Provincial, ha dictado un auto en el que da por sobreseído el caso al no encontrar evidencias de que existieran presiones de la institución a los ayuntamientos para vincular el traslado de los símbolos con la adjudicación de ayudas.
De esta forma, concluye el recorrido judicial de la querella que presentó Abogados Cristianos en contra del presidente de la institución al que acusó de presionar a los alcaldes de la provincia para que derribaran las cruces de los caídos. En su declaración ante la jueza y de forma unánime, los cinco ayuntamientos desmintieron que se produjera esta situación.
Entre los alcaldes que comparecieron en el juzgado se encontraba el cacereño, Luis Salaya, que acusó a la asociación cristiana de "perseguir la fotografía para hacer que parecieran culpables cuando solo eran testigos". También comparecieron los responsables de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado, todos ayuntamientos gobernados por el PSOE.
El dictamen judicial sostiene, tal y como recoge la diputación, que "no se aprecia tampoco indicios de comisión de los hechos objeto de querella, debido a que todos declaran que no han recibido presiones del querellado, ni de ninguna otra persona, ni verbalmente ni por carta". De la misma forma, asegura que ha quedado probado con la documentación que ha aportado la institución que los municipios "siguen cobrando las mismas subvenciones que cobraban antes".
Por su parte, la asociación Abogados Cristianos ya aseguró la pasada semana y de forma previa a que el juzgado emitiera su veredicto que presentaría más documentación. Contra este auto cabe recurso.
