La empresa de la mina suscribe un acuerdo para arrendar 36 hectáreas para su planta industrial

La empresa Extremadura New Energies (ENE), filial de Infinity Lihium, la compañía promotora del proyecto de la mina subterránea en Valdeflores, informó este miércoles de que ha suscrito un acuerdo de arrendamiento que «garantiza a la compañía el acceso a 35,78 hectáreas ubicadas en la zona que acogerá la planta industrial para el procesado del litio» que se saque de Valdeflores para la consecución de hidróxido de litio. Este suelo está en la ubicación ya apuntada en este diario como la más probable para que esta instalación industrial y el depósito de estériles pudieran localizarse: junto a la carretera de Miajadas (Ex-206), en las proximidades de la cantera de Olleta y frente a la parcela que ocupa la empresa Quesería el Castúo (el espacio arrendado y la ubicación del túnel desde el que se accedería al yacimiento de Valdeflores aparecen en el plano adjunto).

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Pese al anuncio del acuerdo de arrendamiento del terreno, se trata de un trámite previo a la obtención del permiso. La empresa aún no tiene la autorización de la dirección general de Minas para empezar con la explotación del yacimiento. Lo único que hay concedido es un permiso de exploracion. Lo que sí tiene ya la empresa es un documento de alcance, remitido por la dirección general de Sostenibilidad de la Junta, con las consideraciones y las advertencias hechas por distintas administraciones de cara a la redacción por la compañía del estudio de impacto ambiental, un documento que se prevé clave en la decisión final sobre si se otorga la concesión de explotación del yacimiento.

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Por lo tanto, lo que hace la empresa es suscribir un acuerdo para hacerse con el suelo por si finalmente obtiene el permiso de explotación de la dirección general de Minas de la Junta. Para que se llegue a ese punto aún queda un procedimiento que se prolongará meses. Primero la empresa tiene que presentar toda la documentación para que Minas tramite el permiso. Debe aportar el estudio de impacto ambiental, el plan de restauración del terreno -con las garantías a las que se compromete para esa recuperación del suelo, no solo del túnel, sino también del terreno donde se ubicaría la planta industrial, el depósito de estériles y la balsa-, el plan de explotación -documento que también es decisivo para conocer cómo se harán los trabajos en el yacimiento, en el túnel y en la planta industrial-, y el plan de viabilidad económica, inversión, beneficios y avales. El consejero delegado de ENE, Ramón Jiménez, reiteró este miércoles que la intención de la empresa es presentar en el último trimestre del año toda la documentación para obtener el permiso de explotación..

Después todos estos documentos se someterán a un procedimiento de información pública para que los afectados o interesados puedan examinarlos y pronunciarse. Habrá bastantes alegaciones. Además todas las administraciones con competencia tendrán que informar, entre ellas el ayuntamiento, competente en la ordenación del territorio y al que correspondería dar la licencia de obras si se concede el permiso de explotación. Y, por último, se tendrá que presentar la declaración de impacto ambiental (si fuese negativa, el proyecto decae automáticamente). Tras toda esta tramitación, la dirección general de Minas de la Junta deberá decidir si da o no el permiso de explotación.

Pero no todo terminaría aquí. Los afectados opuestos al proyecto pueden recurrir a la vía judicial en caso de que se autorice, mientras que los promotores, si no obtienen el permiso de la Junta, también podrían ir a la vía judicial.

La empresa de la mina explicó en un comunicado difundido este miércoles que se suscribe un acuerdo para arrendar este terreno -plano- porque de las tres ubicaciones que propone para la planta industrial y el depósito de estériles es la que se apunta como «más idónea en los estudios previos y en los comentarios que se incluyen en el documento de alcance» remitido por la dirección general de Sotenibilidad.

También se informa de que el coste de la operación de arrendamiento asciende a 2,1 millones de euros y tiene una duración mínima de 35 años, que es el periodo de vida útil del plan de explotación y tratamiento del mineral en la planta industrial. Además por parte de la empresa se aseguró este miércoles que el terreno de las 35,7 hectáreas «ya está calificado como ‘industrial’ en el marco de la planificación urbanística local».

Esta afirmación choca con, al menos, otras tres que contradicen que en ese suelo puedan desarrollarse ahora usos industriales. 

La primera es la de la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cáceres, que en el informe que se remitió para el documento de alcance recuerda que ese suelo está calificado como no urbanizable de protección Montaña en su grado uno, además indica que se sitúa sobre el acuífero del Calerizo, por lo que será necesario que la empresa en el estudio de impacto ambiental «justifique de forma concreta y detallada su posible incidencia -en el Calerizo- y medidas adoptadas».

La segunda es el propio articulado del plan general de urbanismo, que establece que en el terreno no urbanizable Montaña en su grado uno solo están autorizadas edificaciones para usos agrícolas y también residenciales o de uso pública o interés social, pero siempre con una edificabilidad máxima de 250 metros cuadrados. Las utilidades industriales no se contemplan. No son posibles.

Y la tercera, y más rotunda, es la del Tribunal Supremo, que en una sentencia del pasado 30 de junio ha anulado la modificación que se hizo en el plan de urbanismo que autorizada determinados usos industriales en suelo no urbanizable protegido por el plan de urbanismo.

En resumen, poner la planta industrial en esas 35,7 hectáreas necesitará de una modificación del plan de urbanismo. La jurisprudencia, con la reciente sentencia del Supremo y con la anterior por las plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable protegido Llanos, no lo pone fácil, no solo se tendrá que demostrar que los valores ambientales que llevaron a esa protección ya no existen, sino también que hay un interés general y público prevalente y especial. La empresa de la mina siempre podrá alegar que el litio es un mineral estratégico, pero los colectivos que se oponen al proyecto podrán justificar que el terreno tiene valor ambiental y que el depósito de litio de Cáceres no es el único que hay.

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En el comunicado, Jiménez destacó que la adquisición de los derechos sobre los terrenos es un hito importante para la empresa y para el desarrollo del proyecto. "Completar este acuerdo sobre los terrenos es otro hito importante para para el proyecto, y seguimos trabajando y avanzando hacia las próximas fases de desarrollo", señaló.

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