El 'caso Madrila': una denuncia por ruidos que acabó con once hosteleros en la cárcel

Las recientes quejas vecinales por ruidos en La Madrila ante las que el ayuntamiento reforzará la presencia policial devuelven la mirada, aunque sea por alusiones, a uno de los casos más mediáticos de los tribunales en la última década que sentó en el banquillo a una alcaldesa y a una decena de hosteleros. 

Fue una causa sin precedentes en el país, que además sentó jurisprudencia porque las penas que se les impusieron a los dueños de los bares provocaron una estampa inédita hasta la fecha: empresarios ingresando en prisión por delitos de contaminación acústica. 

Mateos pondrá coto a los excesos en La Madrila, que acumula más de 900 quejas vecinales en solo un año

En total, fueron diez años en los tribunales, desde que los vecinos acudieron a los juzgados hasta que finalmente el caso concluyó con una sentencia implacable. Tuvo su origen entre los años 2009 y 2010, fechas en las que los que los bares de la zona por excelencia llegaron a contabilizar hasta 300 denuncias por ruidos.

Las quejas partieron de la asociación vecinal y más tarde, fueron encabezadas por la asociación Cacereños contra el ruido. Fueron imputados la que entonces era la alcaldesa, Carmen Heras, un concejal, Carlos Jurado, y los dueños de hasta once bares. Se da la circunstancia de que tras una instrucción de más de seis años, el juicio se celebró en 2017 coincidiendo con estas fechas, a principios de octubre. 

La Audiencia Provincial condenó a Heras y a Jurado a penas inferiores a dos años, pero no fue así con los hosteleros, a los que sentenció a superiores a dos años. Para ese entonces, la mayoría de los empresarios ya no tenían abiertos los bares por los que fueron denunciados.

Para evitar su entrada en la cárcel, recabaron 12.000 firmas e incluso pidieron un indulto al gobierno, que les fue denegado. Nueve de los hosteleros pasaron varios meses en el centro penitenciario de Cáceres --otros dos quedaron pendientes de entrar aunque llegó la pandemia-- para cumplir una sentencia con un antecedente histórico.

Suscríbete para seguir leyendo