El Govern catalán rechaza el plan de Junts de dar incentivos fiscales para el regreso de las empresas que se marcharon en 2017

ERC y Junts vuelven a ver las cosas de distinta manera, esta vez en el ámbito económico. El Govern de Pere Aragonès ha expresado este martes su rechazo a dar incentivos fiscales a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 para conseguir que regresen. Ofrecer estos incentivos es una propuesta que figuraba en el acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE, y que ahora los posconvergemtes lo han vuelto a poner encima de la mesa en la negociación abierta con el Gobierno sobre los tres decretos que se votarán este miércoles en el Congreso y que penden de un hilo.

De nuevo, ERC y Junts se sitúan en polos opuestos. El partido de Carles Puigdemont considera que hay que dar estos incentivos fiscales si se quiere conseguir a corto plazo y de forma efectiva que estas compañías vuelvan a situar la sede en Catalunya tras llevársela en el momento más álgido del 'procés'. De hecho, el portavoz de Junts, Josep Rius, este martes ha ido un poco más allá y una entrevista en la Cadena Ser ha hablado de que estas empresas "puedan ser sancionadas" si no vuelven.

El Govern lo ve de forma completamente diferente y se mantiene en la tesis que siempre ha defendido el presidente Pere Aragonès: dar incentivos fiscales a estas empresas sería un error porque "penalizaría" a las compañías que no se fueron. "Ni se contempla ni se ha contemplado nunca. Rotundamente, no", ha zanjado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras la reunión del Ejecutivo catalán.

Polémica por la amnistía

Junts y ERC no solo discrepan en la cuestión de los incentivos fiscales. También llevan días polemizando sobre si un decreto sobre justicia del Gobierno penaliza o no penaliza la aplicación de la ley de amnistía. Los posconvergentes sostiene que sí, porque incluye una referencia a la figura jurídica de las "cuestiones prejudiciales" que creen que da margen a los jueces para torpedear la amnistía. Los republicanos lo niegan, y recuerdan que esta figura ya hace años que existe.

El Govern, que es de ERC, ha insistido este martes en que no hay ningún peligro para la amnistía. De hecho, Plaja ha asegurado que ha movilizado a los servicios jurídicos y que han dado su visto bueno a los tres decretos que se votarán el miércoles. "No hay ninguna invasión competencial -del Estado a la Generalitat-", ha asegurado. Además, ha presionado a Junts para que se deje de "gesticulaciones" y dé su apoyo a los decretos, que por ahora rechaza. El Govern recuerda que si los decretos no prosperan se pondrá en riego el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat.

Los problemas del PSOE

Las diferencias de criterio entre ERC y Junts no solo son una constatación de su conflicto permanente, sino que suponen un problema para el PSOE, ya que le complican aún más la negociación para poder aprobar los decretos. Un caso evidente es el de los incentivos fiscales. Tome la decisión que tome, molestará a Junts o molestará a Esquerra. Y los votos de los dos partidos son decisivos en el Congreso.