El nuevo puente de Alcántara, las obras para reducir el consumo energético en los colegios o la rehabilitación de 56 viviendas sociales en Cáceres. Son algunos de los proyectos autonómicos que en los últimos meses no han podido arrancar debido a la crisis de precios que sufre el sector de la construcción. Las empresas están «asfixiadas» con sobrecostes que se mueven entre el 20% y el 40% y la consecuencia es que en el último año un total de 68 obras han quedado desiertas en Extremadura: 21,4 millones de euros que no se han podido ejecutar por la falta de licitadores interesados.
La cifra se recoge en un informe elaborado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que vaticina cierres de empresas y grandes dificultades para ejecutar en tiempo y forma los fondos europeos: 1.250 millones hasta diciembre de 2023 en el caso de Extremadura.
«Lo normal es que para una obra se presenten 15 o incluso 20 licitadores. Si no se presenta ninguno, es porque obviamente las empresas hacen las cuentas y no salen, de ninguna manera»
«Lo normal es que para una obra se presenten 15 o incluso 20 licitadores. Si no se presenta ninguno, es porque obviamente las empresas hacen las cuentas y no salen, de ninguna manera», explica Joaquín Sánchez Chamorro, secretario general de la CNC en Extremadura. En otros casos la obra no llega a quedar desierta, pero «los licitadores son muy pocos, apenas dos o tres».
El estudio de la CNC (en Extremadura engloba a las dos patronales provinciales de la construcción, Fecons y Apdecoba) detalla que de las 68 obras que se han quedado desiertas en el último año (entre octubre de 2021 y septiembre de 2022) 60 tienen un presupuesto inferior a los 500.000 euros; cinco están entre 500.000 y un millón de euros y tres superan esa cifra. Los contratos más cuantiosos son el de la mejora de la eficiencia energética y térmica en varios colegios, con un importe de 8,5 millones de euros, y la rehabilitación de 56 viviendas sociales en la calle Juan García de Cáceres, que salió a licitación por 1,2.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? «Llevamos advirtiéndolo dos años», afirma Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex). En 2020 los precios de las materias primas se incrementaron por el desajuste entre la oferta y la demanda a consecuencia de la pandemia y a esto se sumó un incremento general de los precios de la energía que se ha agudizado por la escasez de suministros y las tensiones del mercado a consecuencia de la guerra en Ucrania. «Y a la postre no se toman medidas contundentes que realmente solucionen el problema», indica Peinado.
Contratos de servicios
La consecuencia son concursos desiertos y obras paralizadas, como la del puente de Alcántara, que pese a estar adjudicada «desde hace más de un año no se ha iniciado por el incremento de los precios del acero», principal elemento de la construcción. Y a esto hay que sumar también los contratos de servicios, que como recuerda Peinado en la mayoría de los casos igual llevan aparejados costes energéticos. «El mantenimiento de las depuradoras, limpieza, vigilancia, transporte... Con la energía y la subida de los salarios también están fuera del mercado en estos momentos y en breve van a empezar a pararse», dice.
«Es inviable que el Estado cubra un 6% del sobrecoste y el 14% restante se asuma a costa de la rentabilidad de la empresa»
En general, la patronal se muestra muy crítica con las medidas de compensación del Gobierno central, que consideran «parches», y lamentan que desde Madrid se esté impidiendo a las comunidades «sensibles al problema» como Extremadura que apliquen sus propios mecanismos correctores. Los cálculos de la Creex apuntan a un sobrecoste medio del 20% en los contratos de obras y según Peinado, con las medidas estatales apenas se cubre el 6% de ese incremento. «Es inviable que el 14% restante se asuma a costa de la rentabilidad de la empresa», apostilla.
En esta línea también se pronuncia la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon). «Al anularse las ampliaciones de revisión de precios que otorgaba la Junta y quedarnos solo con las estatales, no se cubre ni el 18% de la subida de los materiales, mientras que con las ayudas autonómicas se alcanzaba casi el 50%», indicó ayer el colectivo en un comunicado en el que vuelve a insistir en el «gravísimo problema» que está atravesando el sector de la obra pública.
Inseguridad jurídica
Al incremento de los costes en Extremadura hay que añadir otro problema: la inseguridad jurídica que se ha creado después de que el Gobierno haya manifestado sus discrepancias con respecto a las medidas de revisión de precios que ha impulsado la Junta de Extremadura. Las patronales reconocen que el gobierno extremeño ha sido «sensible» a esta problemática, pero al igual que ha ocurrido en otros territorios como Galicia, Andalucía o Aragón, el Estado considera que al legislar sobre este asunto las comunidades invaden sus competencias y no lo permite. Así, el pasado mes de junio se convocó la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma, donde la Junta ha tenido que dar un paso atrás para evitar un recurso de inconstitucionalidad.
Joaquín Sánchez Chamorro, secretario general de la CNC en Extremadura, advierte que esta situación ha creado una inseguridad jurídica «tremenda». «La gente que no ha empezado las obras no las va a iniciar hasta que no se pongan negro sobre blanco las nuevas condiciones y las que ya están terminadas tendrán que pelear. Otras tendrán que parar, porque no saben si se van a revisar o no los precios, con los problemas que eso conlleva por el acopio de material, maquinaria, etc.», indica. A ello hay que sumar que los expedientes ven muy lentos porque no hay un criterio uniforme para evaluarlos.
En la misma línea se expresa Pymecon. Según el colectivo, desde la Junta de Extremadura manifiestan que se ha trasladado a la Administración General del Estado la necesidad de mejorar su normativa en materia de revisión de precios, toda vez que las comunidades autónomas están retirando las disposiciones que venían a complementar la estatal.
Añade que en estos momentos se estarían estudiando fórmulas para que puedan continuar aplicándose las medidas al menos hasta el 31 de diciembre, «pero esta situación de incertidumbre e indefinición total no ayuda en absoluto».
«A día de hoy no hay noticias respecto a la modificación de acuerdos de continuidad de obras basados en la indemnización por la revisión de precios de la Junta, y prácticamente ni una empresa ha percibido un euro por revisión de sus contratos, a lo que se añade la ausencia de acogimiento a la revisión de precios extraordinaria por parte de diputaciones y ayuntamientos», indica Pymecon.
Ante esta «apocalíptica» situación, todos coinciden en el diagnóstico: si no se toman soluciones ya, todo esto se traducirá en más paro, la quiebra de numerosas empresas y la posible pérdida de los fondos europeos.
