El Servicio Extremeño de Salud (SES) prevé invertir el próximo año casi un 14% más en la sanidad privada. Según el proyecto de ley de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Extremadura presentado por el Ejecutivo autonómico la región pagará a empresas sanitarias privadas el próximo ejercicio algo más de 101 millones de euros, frente a los 87,7 millones que ha gastado en este 2022.
La mayor parte de ese incremento se debe al nuevo contrato de ambulancias, que se lleva casi 9 millones más en las nuevas cuentas. El pasado año el SES destinó a este servicio 38,5 millones de euros y está previsto que en el 2023 el transporte de pacientes cueste 47,4 millones de euros. Sanidad tuvo que incrementar la partida destinada al contrato por las denuncias de los sindicatos, que aseguraban que, con el dinero reservado, no se podía prestar el servicio en condiciones óptimas.
Pese a ello, el proceso de adjudicación no ha estado exento de polémica porque las dos empresas concesionarias, tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres, renunciaron al servicio antes de formalizar el contrato. Finalmente tuvo que adjudicarse a la empresa que quedó segunda en el concurso, la misma en ambos casos: Ambuvital, que ya se encargaba del transporte de pacientes desde que renunciara Tenorio. El sindicato USO ha presentado un recurso contra la contratación en las dos provincias. En el caso de la cacereña se ha rechazado, por lo que ya ha comenzado a funcionar. Y en la de Badajoz está pendiente de resolución.
Supone el 8% de lo invertido en la atención especializada y el 4% del presupuesto total de Sanidad
El transporte de pacientes en ambulancias se lleva casi la mitad del presupuesto del capítulo de asistencia sanitaria con medios ajenos. En concreto supone el 46,96% de la partida, pero no es la única. El Servicio Extremeño de Salud financia también la incorporación de anestesistas privados al complejo hospitalario universitario de Cáceres ante la imposibilidad de que el servicio funcionara con medios propios. Ha firmado un contrato por 657.000 euros con la empresa Medanest Medical SLP, mediante el que estos especialistas cubrirán toda la actividad en el Materno Infantil (operaciones pediátricas, partos,...) hasta el próximo verano, con la posibilidad de prorrogar durante un año más. Por el momento Sanidad no ha avanzado si continuará con esta colaboración público-privada, la primera que se lleva a cabo en la historia del Servicio Extremeño de Salud y la segunda en España, después de Baleares. Esta partida, no obstante, no se detalla en el nuevo presupuesto pero forma parte también de este capítulo.
Derivación de operaciones
Por otra parte, el próximo ejercicio se pagarán asimismo casi 6,5 millones por la realización de intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada. El SES suele derivar a clínicas externas operaciones para aliviar las listas de espera, aunque habitualmente se trata de intervenciones menores. Precisamente hace unos meses Sanidad anunció también la contratación a una empresa privada las intervenciones de cirugía ortopédica en el hospital Don Benito-Villanueva. Solo se encarga de operar a los pacientes que no requieren ingreso hospitalario, aunque en este caso se llevarán a cabo en la clínica privada en cuestión y no dentro del hospital público (los anestesistas contratados en Cáceres sí desarrollan su actividad dentro del complejo hospitalario).
Crece también el presupuesto destinado a las terapias respiratorias domiciliarias que no se prestan en los hospitales públicos y que pasará de 8 millones en 2022 a 11,8 millones el próximo año. A hemodiálisis se dedicarán 10,4 millones y a los servicios de diálisis en domicilio, que se prestan también mediante empresas privadas, 1,5 millones de euros.
Extremadura se mantiene como la comunidad en la que menos dinero se desvía a la privada
Del mismo modo, en el proyecto de ley de los nuevos presupuestos se contempla una partida de 5,2 millones para la realización de pruebas diagnósticas. También es una práctica habitual del SES derivar a pacientes a clínicas externas para aliviar las listas de espera, como el caso de resonancias magnéticas. Sanidad pagará también otros 5,5 millones de euros a los cuidados de larga estancia concertados con clínicas privadas y 3,4 millones a la prestación de rehabilitación neurológica.
Dentro de esta atención sanitaria con medios ajenos se encuentra también la rehabilitación para pacientes con trastorno mental grave, que costará el próximo ejercicio 2,3 millones de euros, y la atención infantil y juvenil en salud mental, a lo que se destinarán otros 1,2 millones de euros.
Pese a ello Extremadura sigue siendo la región que menos gasta en sanidad privada por habitante (304 euros), según un estudio desarrollado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis), aunque los últimos datos disponibles son del año 2020. Según este informe la región desvía, de media, el 4% del presupuesto sanitario público. Y se mantiene. Según la ley de presupuestos para 2023, de los 2.203,43 millones de euros que se dedicarán a Sanidad, un 4,5% irá a la privada. Si se atiende a la partida que se dedica a atención especializada (la que prestan los especialistas, no la Atención Primaria), ese porcentaje sube hasta el 8%. Es decir, el 8% de lo que Extremadura invierte en los servicios sanitarios especializados se paga a las entidades privadas, en la mayor parte de los casos por falta de medios propios para gestionar las listas de espera.
