«Es muy injusto quedarme sin plaza por haber trabajado en una residencia privada»

«Ya no puedo más». Así de tajante se expresa Noelia Dorado, una fisioterapeuta de Fregenal de la Sierra que, por segunda vez en apenas cuatros años, puede quedarse sin plaza a pesar de haber aprobado las oposiciones, debido a que el Servicio Extremeño de Salud (SES) no valora en sus procesos selectivos la experiencia de los profesionales sanitarios que han trabajado en las residencias de mayores privadas. «Es muy injusto quedarme sin plaza por haber trabajado en una residencia privada», lamenta. «Si un autónomo trabaja en la residencia sí le puntúa, pero a mí que estoy dada de alta en la Seguridad Social como fisioterapeuta, con mi contrato y vida laboral, no me lo tienen en cuenta. No tiene ningún sentido, me parece una discriminación que atenta contra el principio de igualdad», añade.

En el año 2019, Dorado superó la primera fase de un proceso selectivo convocado para personal estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta, en las instituciones sanitarias del SES. Relata que hubo 54 aprobados para 39 plazas y ella estaba en el puesto 38, pero finalmente le sirvió de poco: «Mi sorpresa fue que me quedé fuera porque no me baremaron los ochos años que tenía de experiencia en una residencia privada, ya que decían que no era un centro sanitario». Al considerar que esta falta de puntuación era totalmente injusta, decidió emprender una batalla judicial que ya ha llegado al Tribunal Supremo, pues la denuncia ha sido admitida y ya solo queda conocer el fallo de la sentencia, que podría estar antes del verano. 

Qué dice el Supremo

Llegados a este punto, cabe recordar que recientemente, el Alto Tribunal ha fallado en dos sentencias que el SES debe computar en sus bolsas de empleo la experiencia del personal en la categoría de Enfermería en las residencias de mayores privadas. Los fallos, publicados en febrero de este año y en octubre de 2022, reconocen que una residencia de mayores de carácter privado es una institución sanitaria y, por tanto, deben computarse los méritos adquiridos en estos espacios. «Concluimos que los servicios sanitarios prestados en residencias de mayores pueden considerarse prestados en ‘institución sanitaria’, ya sean residencias de titularidad pública o privada», reza la última sentencia del pasado 8 de febrero. En este sentido, indicar que lo ordenado en ambos fallos solo se aplica a las dos enfermeras que han recurrido a la justicia por el momento y no de oficio como se pretende. 

El Supremo obliga al SES a valorar la experiencia en las residencias de mayores privadas

Raúl Tardío es el abogado que ha defendido estos casos y el que también está llevando el de Dorado. Remarca que el fallo de las enfermeras hace referencia a las bolsas de trabajo del SES, mientras que en el caso de la fisioterapeuta se está dirimiendo sobre los procesos de selección para acceder a la condición de personal estatutario fijo de la sanidad pública extremeña. Apuntado esto, explica que «los términos del debate procesal» han sido «idénticos» en los tres procedimientos judiciales. Por ello, el letrado ve «lógico» que la sentencia del Supremo sobre el caso de Dorado se resuelva en el mismo sentido que en el de las enfermeras. «Al final se trata de una cuestión terminológica, que para mí es una tomado de pelo», sostiene. 

Como los procesos judiciales se alargan tanto, Dorado optó por volver a presentarse a un nuevo proceso selectivo para personal estatutario fijo. Las listas provisionales ya se han publicado y ha vuelto a aprobar, aunque asegura que de nuevo se quedará sin plazas por encontrarse en la misma situación que en 2019. «Todo esto me supone un desgaste tremendo porque llevo desde 2019 esperando mi plaza. Me he tenido que volver a presentar a otra oposición y ya no es solo por tener que estudiar, es que también tengo un trabajo y una familia que atender», apunta.