El 40% de las subastas por embargo de la Seguridad Social quedan desiertas en Extremadura

Cuando una empresa o un particular no abonan sus deudas con la Seguridad Social ni en periodo voluntario de ingreso ni en periodo ejecutivo, las unidades de recaudación de este organismo tienen la obligación de proceder contra el patrimonio del deudor y embargar los bienes y derechos que consideren necesarios, respetando únicamente aquellos que sean legalmente considerados inembargables. Sin embargo, el sistema que se sigue para ello es altamente «ineficaz y obsoleto», según sostiene el Tribunal de Cuentas en un reciente informe.

Un ejemplo: la Seguridad Social guarda en sus depósitos más de 260.000 coches, motos, furgonetas, camiones o embarcaciones que deberían servir al organismo para recuperar deudas pendientes de pago. Pero casi tres de cada cuatro de ellos superan los diez años de antigüedad, lo que hace difícil su enajenación, por resultar poco atractivo desde un punto de vista económicos, y por tanto, la compensación efectiva de la deuda. Una circunstancia que se ve agravada por el coste que implica el almacenamiento de esos vehículos. 

La Seguridad Social guarda en sus depósitos más de 260.000 vehículos

La enajenación de los bienes embargados por la Seguridad Social puede tener lugar mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa. La primera de estas vías es la más habitual. En 2021, año cuyos datos analiza el órgano fiscalizador en su informe, en Extremadura la Seguridad Social sacó a subasta 154 lotes de bienes, 116 de ellos en la dirección provincial de Badajoz y 38 en la de Cáceres. Apenas 23 (un 15% del total) resultaron adjudicados, lo que permitió ingresar a las arcas públicas algo más de 260.000 euros. 

Por contra, en otros 61 lotes las subastas quedaron desiertas. Esto se produce cuando no se recibe ninguna oferta de adquisición o no se satisface en el plazo establecido el precio del remate. Considerando su valoración de salida, el precio de estos bienes sacados a puja en Extremadura se acercaba a los 2,4 millones de euros. «Esta situación, razonablemente, podría en parte corregirse con la implantación de la subasta electrónica, evitando la personación de los licitadores», se apunta en el informe. Algo que está funcionando hace ya tiempo en otras Administraciones Públicas a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, se alega. Así se hace en la Administración Tributaria o en la de Justicia.

Una segunda puja

Los bienes que no resultan adjudicados son objeto de una segunda subasta pública, que se debe celebrar en las mismas condiciones que la primera, algo que, a juicio del Tribunal de Cuentas, no resulta tampoco «razonable desde el punto de vista económico, puesto que, si con un determinado valor de tasación no se presentó ninguna oferta», una segunda subasta sin que «exista una disminución en el precio de salida de dicho bien, hace poco probable la presentación de nuevas ofertas».

En Extremadura, el mayor número de lotes queda, no obstante, dentro del apartado de subastas suspendidas. Fueron setenta lotes con un valor estimado de inicio de más de 3,3 millones de euros. Son varios los motivos que pueden llevar a suspender una subasta pública en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes. El más frecuente es que se produzca el pago de la deuda (incluidos los intereses, recargos y costas del procedimiento que se impongan). A nivel nacional, de los 1.569 lotes cuya subasta se suspendió en 2021, en 1.022 casos (65,1% del total) fue debido al pago de la deuda una vez convocadas.

El valor de inicio de los lotes que quedaron desiertos en la región era de unos 2,4 millones

La siguiente causa que más se repitió fue el de los defectos de forma. Se trata de errores en el procedimiento de tramitación que impiden la celebración de la subasta, tales como errores en las notificaciones. Pueden consistir en que falta del aviso obligado a algún interesado en el procedimiento, o que se haga fuera de plazo. También fallos en el cálculo de las cargas, en la determinación de los bienes, en el tipo de enajenación, o bien errores materiales en la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Seguridad Social. «La mayoría de estos defectos de forma serían evitables», se defiende en el informe, si se automatizasen los procedimientos de notificación.

Durante 2021, la Tesorería General de la Seguridad Social recaudó en España 264,5 millones de euros por embargos de cuentas corrientes, además de 53,3 millones por embargos de devoluciones tributarias y otros 15,1 millones por la venta, mediante subastas públicas, de los bienes que tenía embargados. Esto último supone «tan solo» el 1,18 % del importe total que fue recaudado en vía ejecutiva, se critica.

Además de la implantación de sistemas electrónicos, entre las recomendaciones que se efectúan desde el Tribunal de Cuentas está las de «inventariar centralizadamente todos los bienes embargados, con toda la información precisa para su correcta valoración, localización y conocimiento de su estado». También retirar de los depósitos los vehículos que tienen una antigüedad excesiva o impulsar la subasta pública de aquellos cuya estancia sobrepase los dos años y «dedicar mayores recursos al procedimiento de embargo de cuentas corrientes», que se considera el procedimiento de embargo más eficaz.

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