«Quieren quitarme a mi hija»

Beatriz Aragón y su pareja llevaban juntos una década cuando nació su hija, pero nunca fue una relación «normal», o al menos así lo reconoce su madre, que asegura que desde el principio observó cosas que no le gustaban: «Ella se compraba solo la ropa que a él le gustaba y si tenía algo que no le gustaba, no se lo ponía. Un día estando yo en su casa le dio un empujón y la tiró al sofá. La separó de la familia, … Pero cuando se lo decía a mi hija ella se enfadaba conmigo. Ella siempre le defendía. Ahora me arrepiento de no haber hecho nada antes, de no haber denunciado yo», cuenta su madre, Guadalupe Búrdalo, a este diario. 

La situación se complicó cuando Beatriz se quedó embarazada. Llegó a tirarla por las escaleras y la violó, tal y como consta en una denuncia por malos tratos que presentó en junio de 2020. Hasta esta fecha no fue consciente de lo que había vivido. De hecho la primera vez que habló de maltrato fue con su psicólogo, al que fue derivada por los ataques de ansiedad que sufría. Sin embargo, cuando este le dijo que era una mujer maltratada no quiso volver a la consulta. «Cambió varias veces de psicólogo porque decía que no la entendían, ella seguía queriendo volver con él, hasta que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo», explica su madre. «Estaba anulada como persona, con un síndrome de Estocolmo. Fueron los psicólogos los que le hicieron comprender lo que pasaba», añade su abogada, Mari Ángeles García.  

Las echó de casa

Cuando interpuso la denuncia, que aún sigue sin resolverse y de cuya instrucción se encarga el juzgado de Cervera de Pisuerga (Palencia) por estar más cerca del domicilio en el que ocurrieron los hechos (residían en Alar del Rey, un pequeño municipio cerca de Palencia), la pareja ya se había separado. Él las echó de casa a las dos tras una fuerte discusión en octubre de 2018, cuando la niña tenía cinco meses. Antes ya había despedido a Beatriz del trabajo (ambos habían montado una correduría de seguros y ella figuraba como su empleada). Tras este conflicto le fue concedida a ella la custodia, aunque con un régimen de visitas acordado que él «no cumplió»: «se personaba cuando quería y como quería previa llamada de teléfono», aunque ella lo consentía. En agosto de 2019 Beatriz, que es monitora de gimnasia rítmica y juez en los campeonatos, recibió una oferta para trabajar en la capital cacereña, así que se trasladó a Cáceres, con el consentimiento expreso y firmado del padre. 

Entonces modificaron un nuevo régimen de visitas y él aceptó ver a su hija un fin de semana al mes, sin pernoctas, dado que la menor era aún lactante (tenía 15 meses). Y así se hizo hasta febrero del año siguiente. Pero desde entonces no volvió, «nunca se presentó», explica la madre de Beatriz. Y aún así, siempre según esta versión, él la denunciaba porque no le dejaba ver a su hija. Hasta que en febrero de 2021 el juzgado estableció que las entregas y recogidas de la niña se realizaran en el punto de encuentro familiar de Cáceres. Pero los problemas no cesaron porque la menor, que no ha tenido nunca relación con su padre, no quería marcharse con él. «La niña dice que no tiene papá, no le llama papá, le llama por su nombre, nosotros le decimos que sí tiene pero ella se empeña en que no», apunta su abuela.

Las entregas eran un calvario. Pocas veces se consiguieron llevar a efecto porque la menor no accedía. «Los días previos a las entregas son muy duros. Se niega en rotundo a ir al punto de encuentro para irse con su padre y allí tiene un sufrimiento indescriptible, llorando a lágrima viva», explica Beatriz. Hasta que un día, en agosto de 2022, se llegó incluso a lesionar a la niña porque la intentaron introducir en el coche del progenitor a la fuerza, mientras este la agarraba con fuerza por las caderas. Las lesiones que le produjo hicieron que el propio hospital presentara una denuncia, que tampoco se ha tramitado aún. Desde entonces padre e hija no se han vuelto a ver.

Sustracción de menores

Ante tales circunstancias el progenitor procedió de nuevo a denunciar a Beatriz. Fue entonces cuando el juzgado de lo penal la condena a dos años de prisión y a la pérdida de la custodia de la niña durante cuatro años por un delito de sustracción de menores en su modalidad de retención, sentencia que ratifica después la Audiencia Provincial de Cáceres. Y todo ello a pesar de existir una denuncia por maltrato contra ella y otra de lesiones contra la propia menor. El fallo considera probado que la madre se negó a entregar a la niña sin justificación «de peso», a pesar de que ella, asegura la abogada de Beatriz, nunca se ha opuesto, incluso después, insiste, de haberle denunciado por violencia de género. De hecho llega a solicitar al progenitor que realizara un acercamiento «más progresivo en beneficio de la menor», para lograr que entablaran una relación, «pero siempre se ha negado, su reacción fue la judicialización», añade la letrada. 

No reconoce al padre

Como la niña, prosigue la abogada, no quería marcharse con su padre (iban al punto de encuentro pero la menor se negaba), desde el punto de encuentro emitieran un informe en el que aseguraban que Beatriz no ponía de su parte. «Esto se considera por el punto de encuentro familiar un incumplimiento de la madre del régimen de visitas. Solo se considera cumplimiento la materialización de la entrega, con independencia de las circunstancias que concurran en el menor, no se respetan sus sentimientos, su dignidad y su situación personal», sostiene Mari Ángeles García.

En el fallo, el juez la tacha de «machista» y afirma que se ha «adueñado» de su hija, «cosificándola, como si de un bien apropiable se tratase». Lo que es, según dice literalmente en la sentencia el titular del juzgado de lo penal, «exponente o trasunto de una mentalidad profundamente paternalista o patriarcal, por lo que representa de expresión del rol de género, según el cual nadie mejor que la progenitora femenina para dispensar a sus descendientes, especialmente en sus primeros años de vida, los cuidados y atenciones que estos precisan y para subvenir a las necesidades, especialmente de índole afectiva, que los mismos necesitan para crecer y desarrollarse; para así perpetuar un rol machista de la madre sensible, empática y asertiva con sus hijos, en contraposición al padre mucho más rudo, frío y torpe emocionalmente hablando».

El fallo ha sido recurrido al Tribunal Constitucional, donde se ha solicitado además la recusación del juez que dictó la sentencia, puesto que en el juicio no se permitió si quiera escuchar a los testigos Beatriz. El recurso de amparo ha sido admitido y aún así el pasado 6 de septiembre Beatriz recibió una notificación en la que se daba de plazo hasta este domingo para entregar a la niña a su padre, bajo la justificación de que el 11 de septiembre empiezan las clases y «tiene que estar escolarizada» (si va a vivir en Castilla y León el curso comenzó ya ayer). Se niegan.

Su abogada ha presentado con carácter urgente para que se suspenda de forma cautelar la orden de entrega de la niña, al menos hasta que se resuelva la causa de maltrato. En Cáceres se ha iniciado ya una recogida de firmas para intentar frenar esta situación «a fin de garantizar y preservar el beneficio de la menor, evitando destruir la vida de dos personas que no se lo merecen, siendo que el progenitor pueda ejercer su derecho de padre, iniciando contactos con la menor, que le permitan una relación paterno filial que por todos es altamente deseable», según se recoge en la petición. Tiene ya 1.000 adhesiones.