EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE) INSTA A ESPAÑA A ACTUAR PARA SUPRIMIR LA TEMPORALIDAD

Extremadura no aplicará el fallo que obliga a hacer fijos a los interinos

La Junta dice que ya cumple «con su responsabilidad» y que seguirá con los procesos de estabilización en marcha

Incide en que velará para que la temporalidad no se extralimite y para que «se repriman los abusos»

Empleados públicos, en una oficina de la Junta de Extremadura, en una fotografía de archivo.

Empleados públicos, en una oficina de la Junta de Extremadura, en una fotografía de archivo. / EL PERIÓDICO

Extremadura no aplicará el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que insta a las administraciones públicas españolas (lo que incluye a la extremeña) a hacer fijos a los interinos; al entender que hasta ahora no se ha legislado de la forma correcta para evitar el abuso que sufren estos trabajadores en las entidades públicas. La Junta de Extremadura sostiene que actualmente «cumple con su responsabilidad como administración en este tema» y que continuará, por tanto, con el desarrollo de los procedimientos de consolidación y estabilización ya en marcha. No obstante, puntualiza que «velará por no extralimitar la temporalidad y por que se repriman los abusos en este aspecto».

Tras analizar la sentencia del tribunal europeo, el Ejecutivo autonómico entiende que la misma lo que contempla es «que la conversión en fijos puede constituir medida, no que deba»; así como que el requerimiento afectaría a las comunidades donde «el ordenamiento jurídico interno no contemple ninguna medida efectiva»; pero no es el caso de la extremeña, donde se llevan a cabo actuaciones para bajar la temporalidad. La Junta puntualiza, además, que la sentencia afecta únicamente al personal laboral; no funcionarial.

Tras estudiar la sentencia, el Ejecutivo aclara que solo afecta al personal laboral y no a los funcionarios

Hay juristas que también comparten este último planteamiento. Se basan en que la sentencia parte precisamente de la denuncia de tres personas que pertenecen a ese colectivo: dos llevaban trabajando para la Universidad de Educación Nacional a Distancia (UNED) con contratos temporales sucesivos desde 1994 y el otro, para la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid desde el año 1998. El litigio comienza a raíz del proceso judicial abierto por los tres contra la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la región madrileña. 

Décadas de litigios

Tal y como indicara este diario, esta apreciación la realizó también el propio abogado que defendió a los denunciantes, Javier Araúz, que lleva décadas litigando por este asunto, aunque este advirtió que está pendiente de otro fallo de las mismas características dirigido estrictamente a los empleados públicos. Por el contrario, hay otras voces que comparten que el fallo puede extrapolarse a todos los colectivos funcionariales.

Pero más allá de este debate, Araúz apunta que esta sentencia lo que supone es que hay que transformar «necesariamente» en fijos a todos los empleados públicos «que son víctimas de un abuso». Es más, el fallo rechaza todas las medidas articuladas hasta ahora para intentar resarcir esta situación, como son la regulación de la figura del «indefinido no fijo, la posibilidad de una indemnización a la extinción del contrato o la convocatoria de procesos de estabilización», puntualiza Araúz.

Además, según la lectura que hace el Gobierno, se trata de una recomendación, «no que deba» llevarse a cabo

No lo cree así la Junta de Extremadura, que considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en los mismos términos de siempre; es decir, «que la contratación laboral abusiva debe ser combatida». El Ejecutivo recuerda asimismo que en la sentencia se hace referencia a que «el modo y condiciones para remediar los abusos es cuestión de orden jurídico interno, sin que pueda ninguna sentencia del TJUE imponer normas positivas o modificar jurisprudencia».

Y aclara que la resolución del tribunal europeo toma como referencia el Real Decreto-Ley 14/2021 sobre la consolidación del empleo público, pero no lo planteado por la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público. «Por tanto, el escenario normativo que cuestiona la medida de consolidación no es el del sistema actualmente vigente, el cual no ha sido enjuiciado pero sí confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, no hay nada nuevo, salvo una mayor intensidad de control de abusos de contratación temporal», sostiene el Gobierno regional. 

Los planes para estabilizar a temporales concluirán antes del mes de diciembre

La Junta de Extremadura trabaja para que antes de que finalice este año hayan concluido los procesos de estabilización, con los que se prevé convertir en fijos a más de 5.800 temporales este año. Lo anunció la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, justo después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que insta a las administraciones públicas a terminar con el «abuso» que ejerce el estado español con respecto a los interinos. En este sentido, Manzano aseguró que la Junta trabaja «día a día» para que estos planes puedan concluir antes del mes de diciembre. Y manifestó además que para el Ejecutivo regional «proporcionar seguridad jurídica» y «estabilizar» estos puestos constituye un «objetivo claro». Esto último es una demanda de los sindicatos, que exigen que todos los procesos selectivos que se convoquen vayan apoyados de la máxima seguridad jurídica.

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