Nuevo capítulo en la polémica reforma del convento de las Concepcionistas. La portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha asegurado este martes en rueda de prensa que el proyecto sigue adelante pese al litigio sobre el desalojo del peluquero que ocupa el último local comercial. Según sus previsiones, en unos 15 días estará lista el acta de replanteo y tras la elaboración del plan de seguridad y salud, los trabajos arrancarán en menos de un mes con la retirada del amianto de la cubierta del edificio. «No vamos a permitir que nadie extorsione al Ayuntamiento de Mérida», ha señalado contundente.
El consistorio es el único propietario de los casi 3.000 metros cuadrados que ocupa la finca tras su compra en 2019, pero Yáñez ha reconocido que aún no dispone de los derechos arrendaticios de la peluquería de Manuel Romero ‘Willy’. No obstante, asegura que esto no es impedimento para que las obras e incluso el derribo del inmueble empiecen ya, siempre que los trabajos no afecten a este espacio en concreto.
El Ejecutivo local ha recurrido al Tribunal de Valoración de la Junta de Extremadura para que se pronuncie sobre el desalojo y poder iniciar la expropiación forzosa de los derechos arrendaticios, después de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Mérida haya reconocido que existe un contrato de alquiler en vigor y no se haya llegado a un acuerdo con el afectado para que se marche.
Y es que según Yáñez, Romero, que paga 110 euros mensuales de alquiler, quiere «aprovecharse» de la Administración. En un primer momento se le ofreció una indemnización de 12.500 euros que rechazó. Se contrató entonces a un perito externo para que hiciera una valoración del caso y la cifra se elevó hasta los 25.000, pero Willy tampoco aceptó. La edil asegura que solicita 90.000 euros, justificados en que “su intención era mantener la actividad como peluquero, que compatibiliza con una pensión de jubilación, hasta los 90 años”. “No tiene derecho sobre la cantidad que está exigiendo al ayuntamiento y vamos a pelear hasta el último céntimo que le corresponde al ayuntamiento”, ha reiterado.
Conflicto de intereses
Por otra parte, se ha presentado una reclamación por conflicto de intereses ante el Consorcio de la Ciudad Monumental y la Dirección General de Función Pública de la Junta. Según la portavoz municipal, el abogado que representa a Romero, cuyo nombre no ha querido desvelar, es un trabajador del Consorcio que tiene reconocida una compatibilidad y que “está utilizando “información privilegiada que obtiene por su condición de trabajador del Consorcio” para ejercer la defensa de su cliente.
Respecto al proyecto, Yáñez ha insistido en que durante todo el proceso “se ha cumplido con el marco legal establecido” y los planes de excavación arqueológica, y que la única intención del consistorio es “crear un espacio público moderno y con zonas verdes” en pleno centro de la ciudad.
Si la resolución del Tribunal de Valoración de la Junta de Extremadura no es favorable, el Equipo de Gobierno se plantea incluso recurrir al Contencioso-Administrativo, si bien en este caso Yáñez se querido mostrar “prudente en las valoraciones”. Quien sí ha confirmado ya que recurrirá a esta vía judicial es Willy, que solicitará también la suspensión cautelar de la obra hasta que se resuelva sobre su desalojo.
