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El Periódico Extremadura

el centro no abrirá sus puertas el próximo curso

El TSJEx admite el recurso contra el cierre del colegio Juan XXIII de Mérida

El sindicato PIDE confía en que el juez «sopese la decisión unilateral de la Junta». Educación alega que solo estaba ocupado al 8% de su capacidad y que el absentismo llegaba incluso al 37% en algunos grupos

Instalaciones del colegio público Juan XXIII de Mérida. EL PERIÓDICO

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo formulado por el sindicato docente PIDE contra el cierre del colegio Juan XXIII. En un comunicado, PIDE ha informado este martes de esta resolución judicial, que confía que sirva para que el alto tribunal extremeño «sopese la decisión de la consejera». El cierre del colegio se anunció el pasado mes de febrero y será efectivo a partir del próximo curso, después de que todos los alumnos hayan sido reubicados en otros centros.

Si el juez entiende que este centro no debe desaparecer, como así espera PIDE, podrá revocar la resolución por la que se excluyó a la plantilla de docentes de este colegio para el curso 2022/2023. En su escrito, el sindicato vuelve a criticar «la decisión unilateral y la posición inflexible» de la Consejería de Educación de cerrar el Juan XXIII y justifica su demanda judicial en la necesidad de «detener el desmantelamiento de la educación pública en Extremadura». 

Según recuerda, la decisión de cerrar el colegio no fue negociada en la Mesa Sectorial de Educación con los sindicatos ni se convocó antes la Comisión Regional para la Actualización de la Red de Centros de Extremadura, que no se reúne desde 2011. Un órgano, considera PIDE, que debe reunirse con carácter urgente «ante la caída de matriculación» para revisar las necesidades de los centros públicos y, consecuentemente, extinguir los conciertos innecesarios en centros concertados.

Absentismo

Por su parte, la Consejería de Educación ha insistido en los argumentos por los que acordó el cierre del colegio, que se expusieron el pasado mes de febrero «con transparencia». Entre ellos, alude a la igualdad de oportunidades de los 39 alumnos que estaban matriculados, que además proceden de familias «especialmente vulnerables».

 «El centro no garantizaba la inclusión ni la diversidad», afirma la consejería, que recuerda además que era un colegio con «altísimas tasas de absentismo (hasta el 37% en algunos grupos) y también de repetición. Tampoco era un centro demandado por las familias en los últimos años, pues solo estaba al 8,7% de su capacidad.

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