Los funcionarios cobrarán la extra de los 240 millones del impuesto a los bancos de Ibarra

Los 240 millones que los bancos tienen que abonar a la Junta han venido apareciendo como ingresos en los presupuestos generales de la región desde el año 2001 y por tanto, no se trata de una cantidad disponible para gastar. Tampoco se pueden seguir consignando en las cuentas más allá del 31 de diciembre de este año y por ello, lo que hará el Ejecutivo para aplicar las medidas anunciadas son nuevos gastos mediante créditos ampliables para generar dos décimas más de déficit que después se corregirán con apuntes contables. El mismo mecanismo será el que utilice la Junta con Madrid para, con cargo a esos 240 millones de euros, reducir el desfase entre los ingresos y los gastos de las cuentas autonómicas a final de año, que será a lo que se destine la mayor parte del dinero junto al pago de las facturas a los proveedores. A estas cantidades se sumarán los 80 millones de euros que costará abonar la extra a los funcionarios --a los altos cargos les seguirá afectando la suspensión--, otros 13 que se destinarán a la dependencia y cuatro más para la formación de los desempleados en escuelas taller y los autónomos.

Cabe recordar que el decreto del Gobierno que suspende la extra de diciembre de 2012 a los funcionarios, que incluye también los recortes en la prestación por baja laboral, es de obligado cumplimiento para las comunidades pero deja un margen a los gobiernos autonómicos para que una vez que la situación económica mejore, puedan abonar la paga suprimida. Lo que hará la Junta es ingresar la extra entre el 2 y el 3 de enero, dando así un empujón al sector comercial y al consumo de cara a la festividad de los Reyes Magos y evitando problemas con el Ministerio de Hacienda porque el pago no se efectuará hasta el año próximo. En teoría, sería como adelantar a enero la paga extra de verano, lo que obligaría a su vez a abonar la de diciembre de 2013 en el mes de julio.

"No hay ninguna razón para que se le someta a más tensión al conjunto de los empleados públicos de Extremadura", señaló Monago, que recordó que la suspensión de la paga extra siempre había sido una medida "estacional". Ahora, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional, los 50.000 funcionarios autonómicos serán, junto a los de Navarra, los únicos del país que la percibirán. La decisión de la Junta de restablecer la paga de diciembre ha sido bien acogida por los sindicatos del sector público pero sin embargo, también ha suscitado críticas en el seno del Partido Popular. En Andalucía por ejemplo, el secretario general del partido, José Luis Sanz, ha mostrado su desacuerdo con la decisión de Monago y ha optado por destinar los 240 millones al pago a proveedores o servicios sociales.

El impuesto a los bancos que ahora ha permitido pagar la extra a los funcionarios fue aprobado en la Asamblea en el año 2001 a instancias del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra con el apoyo de IU, entonces liderada por Manuel Cañada. La idea era gravar los depósitos captados por los bancos en Extremadura con ciertas exenciones por obra social, pero la tasa fue recurrida por el Gobierno de José María Aznar ante el Tribunal Constitucional a instancias de la patronal bancaria. El PP alegó entonces que el impuesto era contrario a varios artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) por vulnerar el principio de territorialidad a la hora de repartir las competencias tributarias y pidió la suspensión cautelar de la recaudación --unos 30 millones anuales--, que se levantó en el 2002. La mayor parte de entidades afectadas presentaron recursos administrativos y en lugar de abonar el tributo a Hacienda han venido aportando avales, lo que ahora permitirá a la Junta disponer del dinero de forma inmediata.

Sobre el cambio de criterio con respecto al impuesto a la banca, el Ejecutivo de José Antonio Monago defiende que ya se ha mostrado antes a favor de aplicar este tipo de tasas, que ha aumentado en más de un 20%.