El Ayuntamiento de Cáceres tenía pendiente de cobrar al cierre de 2022 más de veinte millones de tributos

La diputación provincial presta al Ayuntamiento de Cáceres dos servicios que son importantes. Uno es el de los bomberos y otro es la recaudación de impuestos, multas, tasas y otros tributos locales. La prestación de ambos se regulan con convenios que actualmente están vencidos. De la renovación de ambos se habló en la reunión que este miércoles mantuvieron el alcalde, Rafael Mateos, y el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales. Mateos precisó en la intervención de ambos tras el encuentro que ha pedido que en el nuevo acuerdo «se introduzcan mejoras en la recaudación en vía ejecutiva, que en los últimos tiempos sí estaba en peor situación». 

El anuncio de su solicitud coincide con la exposición pública de la cuenta general del ayuntamiento de 2022, en la que queda reflejado que al cierre del pasado ejercicio estaban pendientes de recaudar más de 22,5 millones de euros de tributos (impuestos, tasas, licencias, multas...) correspondientes a los primeros tres capítulos de los presupuestos de ingresos. Más de 18 eran de anualidades anteriores a 2022, de derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, mientras que otros 4,5 millones correspondían al pasado año.

Los dos tributos que arrastran mayores impagos son el IBI, que es el principal impuesto local, y la Plusvalía, un gravamen afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó su cobro si no hay beneficio en la venta de la propiedad, lo que generó numerosos procesos judiciales contra los importes girados por el ayuntamiento y obligó a una nueva regulación legal con otro cálculo para sacar el importe a pagar. 

Así el pasado año se cerró con dos millones pendientes de cobro del IBI urbano, solo del ejercicio de 2022, cantidad que ya estaba a esa fecha en ejecutiva (el plazo para el pago voluntario del impuesto finaliza en junio). De la Plusvalía eran 427.717 euros de derechos reconocidos los que estaban aún sin recaudar solo de la anualidad de 2022.

Los derechos pendientes de cobro, no solo de tributos, sino de otros conceptos, que el consistorio tenía pendiente de ingresar al cierre del pasado año de ejercicios anteriores a 2022 hacían que la deuda con el ayuntamientos que a esa fecha se consideraba de dudoso cobro hubiese subido hasta los 17 millones. Esta es una estimación que se realiza con los porcentajes que para cada anualidad establece la legislación de Haciendas Locales. No es que se renuncie a su cobro, sino que se considera de difícil recaudación y con ello no se distorsiona el resultado del remanente de tesorería.

La gestión de la recaudación se llevó directamente por los servicios económicos del ayuntamiento hasta hace dos décadas, cuando se dejó en manos privadas, pero finalmente se optó por la firma de un convenio con el organismo de recaudación de la diputación, que se encarga del servicio no solo de Cáceres, sino de prácticamente todos los municipios de la provincia. Morales se comprometió este miércoles delante de Mateos a mejorar el cobro en vía ejecutiva y recordó que una ventaja para los ayuntamientos es que la diputación «garantiza su liquidez» al adelantar el pago de una parte de lo que a lo largo del ejercicio se tiene que recaudar cuando se cobren los tributos.

En cuanto al convenio para la prestación del servicio de bomberos, que ha sido motivo de diferencias, e incluso de procesos judiciales, entre el ayuntamiento y la diputación, el alcalde expresó su intención de renovar el acuerdo. Una de las cuestiones que se tendrán que recoger en el convenio es el canon o aportación anual que tiene que realizar el ayuntamiento, «una vez que tengamos los informes de los servicios económicos -del ayuntamiento- que nos valoren el coste que tiene el parque de bomberos, se lo trasladaremos a diputación», indicó Mateos.

Durante muchos años, el principal acreedores del ayuntamiento fue la diputación por lo que se debía del servicio de bomberos. En octubre del pasado año, el ayuntamiento aprobó una modificación de su presupuesto para habilitar una partida de 4 millones, con cargo al remanente de tesorería, para el pago de deuda que se mantenía con la diputación por los bomberos de los años 2014 a 2021. A fecha de este miércoles, «no hay deuda» por los bomberos, según la diputación, porque «lo que queda por pagar, que es del ejercicio de 2022, se abona con la liquidación de 2023». 

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