El IBI bajará en 2024 en Cáceres una media de entre 7 y 15 euros por recibo

La comisión informativa de Economía del ayuntamiento dictaminó este miércoles a favor de la rebaja fiscal del IBI urbano un 2,6% y que el tipo impositivo pase del 0,75% al 0,73% del valor catastral del inmueble. La medida tuvo el voto favorable de la comisión al contar el gobierno municipal del PP con el respaldo de Vox, un apoyo que se repetirá este jueves en el pleno extraordinario que se celebrará para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto. La reducción del tipo impositivo se aplicará en el ejercicio de 2024 y, según avanzó el alcalde, Rafael Mateos, cuando hace dos semanas anunció esta medida, tendrá una incidencia de entre siete y quince euros de descuento en los recibos.

Hasta este martes Vox vinculaba su apoyo a que la rebaja fiscal hubiese sido mayor, que se llegase a un tipo impositivo del 0,70%, que es el que había antes de la subida del tributo que se aprobó en la anterior legislatura. Pero "hemos cedido porque tenemos el compromiso formal del gobierno local de que se llegará al 0,70 antes de que acabe la legislatura", explicaron este miércoles el portavoz del grupo municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, y la concejala de esta formación, Raquel Mirat, que es la representante de Vox en la comisión. En un comunicado lanzado este miércoles por Vox se afirma que este jueves refrendarán el apoyo a la rebaja por ese compromiso del gobierno de "llegar al 0,70%, al menos, en el resto de la legislatura".

También ha influido en el voto favorable de Vox el compromiso del gobierno local de que a partir del próximo año se abordará la rebaja del tipo impositivo del 1% que desde 2022 se aplica a los bienes inmuebles de uso no residencial con un valor catastral superior a los 350.000 euros, según explicó Gutiérrez. Mirat recordó que la rebaja del IBI era una condición previa y necesaria "para poder seguir negociando nuestro apoyo a los presupuestos" municipales del 2024.

Por parte del gobierno municipal del PP se manifestó este miércoles la satisfacción por el apoyo recibido de Vox para cumplir una medida "que va a repercutir positivamente en los bolsillos de los cacereños, tanto de las familias como de los comerciantes", según se afirmó en una nota de prensa.

PP y Vox mantuvieron contactos la noche del martes y la mañana de este miércoles, antes de la comisión, para que en la misma se dictaminase a favor la rebaja del tipo impositivo. El gobierno local del PP está en minoría en la corporación local y necesita para afrontar una rebaja fiscal el apoyo de Vox, partido que en la campaña, al igual que el PP, se comprometió a la reducción de los impuestos.

El compromiso del PP de que se llegará al tipo impositivo del 0,70% antes de finalizar la legislatura llevó a que se alcanzase un acuerdo entre los dos partidos. En la comisión, los concejales del PSOE y de Unidas Podemos se opusieron a la modificación de la ordenanza fiscal. Ambos partidos, junto al concejal no adscrito Teófilo Amores, sacaron adelante en 2021 una subida de los tipos del IBI urbano del 0,70% al 0,75%. Este incremento es el que se va a revertir ahora.

A la revisión a la baja del tipo impositivo del IBI urbano se suma el del rústico, que pasará del 0,90% al 0,88% del valor catastral del bien. La repercusión en los derechos de ingresos de un IBI y el otro es sustancial. La bajada de dos puntos en el IBI urbano conlleva que se dejan de recaudar 570.283 euros, mientras que en el IBI rústico el dinero que no se ingresará es de 11.951 euros, según las previsiones que maneja el ayuntamiento. En el borrador de los presupuestos municipales de 2024 se tendrá que hacer un ajuste en los gastos de 582.234 euros, según se advierte por los servicios económicos del ayuntamiento en su informe de fiscalización de la rebaja fiscal. Intervención también avisa de que además el año próximo previsiblemente se levantará la suspensión de las reglas fiscales.

La modificación de la ordenanza fiscal también contempla la eliminación del recargo del 50% en la cuota líquida del impuesto para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados de manera permanente. Se retira de la normativa local por su incompatibilidad con la disposición de la ley por el Derecho por la Vivienda que cambia las condiciones de la normativa estatal de haciendas locales para determinar las condiciones por las que un inmueble se considera vacío.

Es un recargo que aparece en la ordenanza fiscal de Cáceres desde 2003, pero en el mismo periodo impositivo de ese año se descartó aplicarlo porque la ley de Haciendas Locales no desarrollaba qué condiciones debe tener una vivienda para que a efectos fiscales sea considerada vacía. En la ordenanza sí se define, pero no en el desarrollo de la legislación de Haciendas Locales. Por eso al año siguiente de su introducción en la ordenanza, en el ejercicio de 2004, se acordó aplazar el recargo fiscal. Y así ha estado en los últimos 20 años, nunca se ha ingresado en el ayuntamiento ninguna aportación extra de IBI por una vivienda o inmueble que esté vacío.

La sección de Gestión Tributaria del ayuntamiento es la que advierte de la incompatibilidad del articulado de la ordenanza con la disposición de la ley por el Derecho por la Vivienda. La ordenanza municipal fija dos condiciones para que se pueda considerar que una vivienda está vacía. La primera es que esté sin habitantes empadronados, salvo en el caso de ocupación por estudiantes en centros docentes de Cáceres de nivel posterior a la educación obligatoria, con parentesco de primer grado de consanguinidad con el sujeto pasivo, o que no estén en proceso de venta o alquiler, que se entenderá cuando exista contrato suscrito para tal fin con una agencia de la propiedad inmobiliaria, esto se tiene que justificar con la presentación de un certificado de la agencia. La segunda es que se constate que no hay consumo en los contratos de suministro de electricidad y agua.

Con el nuevo texto legal se puede exigir un recargo de hasta el 50% y se considera que la vivienda está vacía cuando, de forma continuada y sin causa justificada, permanezca desocupada por un plazo superior a dos años y pertenezca a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial. Ese recargo puede ser del 100% si el periodo de desocupación supera los tres años. A esto se añade que este recargo puede llegar al 150% en caso de inmuebles pertenecientes a titulares de dos o más viviendas de uso residencial que estén desocupadas en el mismo término municipal.

Es la ordenanza municipal la que tiene que fijar los requisitos, medios de prueba de que la vivienda está vacía y el procedimiento para aplicar el recargo. La sección de Gestión Tributaria apunta en su informe que se puede incorporar de nuevo el recargo en la ordenanza con las nuevas condiciones legales, pero siempre que se dote al ayuntamiento de medios técnicos y profesionales necesarios para determinar que la vivienda está desocupada. 

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