Uno de los policías personados en Tsunami asegura que "temió por su vida", porque se "quería un muerto"

Los policías que resultaron heridos en las protestas contra la sentencia del 'procés', que se desarrollaron en la plaza de Urquinaona en Barcelona el 18 de octubre de 2019 declararon ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea -refuerzo del instructor el caso de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón- que "temieron por su vida", porque los manifestantes estaban perfectamente organizados y parecía que "querían un muerto", según señalaron al término de la declaración sus abogados, José María e Ignacio Fuster Fabra

La jueza concede la dirección de la acusación en Tsunami a una asociación de víctimas del terrorismo

Uno de ellos, Ángel Hernández, que ha sido jubilado por incapacidad total, al resultar herido con una baldosa de grandes dimensiones que arrojaron desde la azotea de un edificio y que le provocó la ruptura de un brazo y del omoplato, declaró a los medios de comunicación que aquella protesta fue "la más dura de todas" en todas las que su unidad ha participado, entre las que ha citado intervenciones en el País Vasco y Navarra, con mineros asturianos y pescadores gallegos.

Hernández, que calificó lo vivido ese día de "salvajada", explicó que se había personado en el procedimiento para que se investigue lo ocurrido como terrorismo, "se haga justicia y no vuelva a producirse" una situación semejante. Emocionado aseguró que ese había sido su "último servicio" y que confía plenamente en la justicia; sobre lo que no quiso pronunciarse es respecto a su futuro archivo una vez promulgada la inminente amnistía.

El otro agente resultó herido de gravedad en la cabeza por otra baldosa y también fue jubilado. Él quedó inconsciente y comenzó a sufrir convulsiones. Como fue visitado en el hospital por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su identidad y profesión fue divulgada, lo que le obligó a cambiar de colegio a sus hijas, que empezaron a sufrir bulling, e, incluso se vio obligado a malverder su casa, señaló Fuster Fabra.

Ante el juez los dos policías que ejercen la acusación particular señalaron que en las protestas, desarrolladas con "una violencia extrema", había entre 2.500 y 3.000 personas perfectamente organizadas. De tal forma que cuando se quedaban sin ladrillos, adoquines o bolas de petanca para lanzar, un grupo los reponía. Según sus abogados, explicaron que también había quien se encargaba de apartar las bombas de humo que se lanzaban.

Además, el corte que se produjo en las calles adyacentes a la comisaría de Via Laietana hizo que las ambulancias no pudieran llegar hasta el punto donde habían resultado heridos, lo que hizo que tardaran "45 minutos o una hora" en poder ser trasladados al hospital, en el que hubo que poner vigilancia por temor a que fuera atacado, según explicaron ante el juez.

Durante la declaración, el abogado defensor Benet Salellas preguntó a uno de los agentes si estaba imputado en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona por las lesiones presuntamente causadas a una de las detenidas en los disturbios, lo que motivó que Fuster Fabra formulara una protesta y que el juez recordara que en este procedimiento el policía declaraba como testigo, lo que le obligaba a decir verdad, pero también le permitía negarse a responder a las preguntas que considerara que le podían perjudicar en el procedimiento seguido en Cataluña.