Traspasar una empresa, comprar una casa a un hijo o regalarle dinero. Son algunos de los supuestos en los que se debe liquidar el impuesto de donaciones, un tributo que grava las transacciones de patrimonio entre vivos y que Extremadura va a bonificar al 99% entre padres, hijos y cónyuges. La medida se anunció en mayo de 2021, en el último Debate sobre el Estado de la Región, pero no ha sido hasta ahora que el Ejecutivo ha iniciado su tramitación, por la vía de urgencia y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022.
En la práctica, el cambio supone dejar el tributo sin efecto: en 2019, año anterior a la pandemia, apenas un millar de extremeños liquidaron el impuesto de donaciones y solo en nueve casos la base imponible fue superior a los 300.000 euros, que es el tope que ha marcado la Junta de Extremadura para aplicar la bonificación. En base a estos datos, pude decirse que el 99% de los contribuyentes se beneficiarán de la rebaja, que según los cálculos de la Consejería de Hacienda tendrá un impacto de dos millones de euros.
El impacto será de dos millones, que «se compensarán en gran medida por el aumento que se obtendrá de IVA e impuestos especiales debido a la subida generalizada de precios"
José Manuel Cordero Ferrera, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex), explica que el impuesto de donaciones es de naturaleza estatal pero su gestión está cedida a las comunidades autónomas, de forma que actualmente hay distintos beneficios e incentivos en función del territorio. Grava el incremento de patrimonio que obtiene una persona a título gratuito y a diferencia del impuesto de sucesiones, que afecta a las adquisiciones mortis causa, el de donaciones se aplica en las transacciones inter vivos, ya sean económicas, inmobiliarias o materiales.
La comunidad con mayor presión
Extremadura ya aplica bonificaciones en el impuesto de sucesiones, entre las que destaca la del 99% en herencias de padres a hijos. Sin embargo, el gobierno socialista suprimió en 2016 las bonificaciones que introdujo el PP en el impuesto de donaciones para evitar que los bienes se legasen en vida y pagar menos que en una herencia. A cambio se incluyeron algunos incentivos, pero según el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que elabora el Consejo de Economistas de España, actualmente Extremadura es la comunidad que más presión aplica al impuesto de donaciones.
Un ejemplo teórico: una persona soltera de 30 años sin discapacidad que reciba 800.000 euros de sus padres deberá pagar 200.000 de impuestos en Extremadura, frente a los 2.000 de Murcia, Castilla y León, Madrid y Andalucía, o los cero euros de Cantabria. Una vez se apruebe la rebaja, Extremadura pasará de liderar la presión fiscal a estar al mismo nivel que Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y La Rioja, ya con bonificaciones del 99%.
Sin embargo, en Extremadura seguirá sin haber bonificaciones entre no familiares o entre parientes de menor rango como hermanos, primos o tíos y sobrinos, ámbitos sobre los que el resto de regiones ya están actuando: Murcia extendió el año pasado la bonificación del 99% a las transferencias entre hermanos, tíos y sobrinos; Madrid planea hacerlo en 2023 y Galicia también amplió en 2021 las reducciones, en el caso de las explotaciones agrarias, a los parientes por consanguinidad o afinidad (antes solo consanguinidad) hasta cuarto grado, lo que incluye a los primos y parientes más lejanos.
Un año a la espera
La recuperación de las bonificaciones para 2022 fue el principal anuncio fiscal que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, hizo en el último debate sobre el estado de la región. Según dijo, la decisión se tomaba tras varias reuniones con los representantes de la empresa familiar, uno de los colectivos que más solicitaba la rebaja para pagar menos a la hora del traspaso del negocio para facilitar el relevo generacional. «Mejorará la liquidez, la competitividad y la capacidad de generación de empleo», ha afirmado Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF).
Desde el ámbito académico, también Cordero valora de forma positiva la medida. «Se iguala el tratamiento que ya se venía aplicando cuando el traspaso se producía mortis causa con la transmisión inter vivos. Supondrá un importante ahorro entre padres, hijos y cónyuges y hace que Extremadura se alinee con la mayoría de las comunidades para transmisiones entre estos familiares», apunta.
El impacto en las arcas autonómicas será «importante», pero Cordero estima que los dos millones que se dejarán de recaudar por esta vía «se compensarán en gran medida por el aumento que se obtendrá de IVA e impuestos especiales debido a la subida generalizada de precios en los últimos meses».
Guía para no perderse con el impuesto de donaciones
- ¿Qué es? El impuesto de donaciones grava el incremento de patrimonio que obtiene una persona a título gratuito y a diferencia del de sucesiones, que afecta a las adquisiciones mortis causa, el de donaciones se aplica a las transacciones inter vivos.
- ¿Cuándo se abona? Afecta a los traspasos de dinero, inmuebles, empresas, acciones y el cobro de cantidades derivadas de seguros de vida, siempre que la persona contratante del seguro sea distinta del beneficiario.
- ¿Quién lo paga? Debe abonar el impuesto la persona que recibe la donación (donatario) y tiene un plazo de 30 días desde el día siguiente a que se produzca la transacción.
- ¿Afecta a otros tributos? El donante debe declarar una ganancia patrimonial en su declaración del IRPF si el bien traspasado hubiera incrementado su valor durante el tiempo en el que ha sido de su propiedad. Por ejemplo, si una persona adquiere una vivienda por 100.000 euros en 2010 y se la dona a su hijo en 2022, cuando está valorada en 150.000 euros, el padre deberá declarar una ganancia de 50.000 en su declaración de IRPF y también pagar el impuesto de plusvalía.
- ¿En qué consiste la rebaja que se va a aplicar en Extremadura? Se aplicará una bonificación del 99% en los traspasos entre padres, hijos y cónyuges siempre que la base imponible sea inferior a 300.000 euros, y del 50% hasta 600.000 euros. En ambos casos las cantidades se incrementan en 150.000 euros si se trata de personas con discapacidad.
