El impacto de la inflación se deja notar ya en las políticas sociales. La Junta de Extremadura se ha visto obligada a incrementar hasta en un 16% las ayudas extraordinarias para contingencias, que son las que se conceden a las familias para hacer frente a gastos imprevistos de vivienda, ropa, alimentación o salud que no se pueden cubrir con otros programas de inserción social. El decreto que las regula es reciente (se aprobó en septiembre de 2021) pero la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales elabora una nueva orden para ampliar el límite de ingresos y las cuantías: ahora se mueven entre 600 y un máximo de 2.500 euros y pasarán de 700 a 2.950 euros.
«Nos encontramos en un marco inflacionista que conlleva un considerable aumento de precios, consecuencia de la inflación desmesurada a nivel mundial que afecta a España en general y a Extremadura en particular, por lo que se hace necesaria la actualización», se detalla en la propia orden, que está en plazo de presentación de sugerencias. El objetivo de la Junta es ampliar la cobertura de estas ayudas y el número de beneficiarios «para hacer frente al referido incremento de precios».
El paro y un bajo nivel educativo ya no definen la pobreza, que aumenta entre las personas ocupadas
Así, se modifican tanto el umbral de ingresos para acceder a las prestaciones como la cuantía. En el primer caso, se pasará del 120% al 130% del Iprem, lo que equivale a unos ingresos máximos de 752 euros mensuales (antes 694), más un 8% adicional por cada miembro del hogar. Por lo que respecta a las cuantías, el incremento previsto será, al menos, de 100 euros (+16%).
Para gastos en necesidades primarias (alimentación básica o especializada, aseo, calzado y ropa de calle o específica) se concederán entre 700 y 1.800 euros, en función de los miembros de la unidad familiar (antes entre 600 y 1.400). Para gastos de alojamiento (alquiler, intereses y amortización de hipoteca, alojamiento temporal por mudanza o catástrofe y traslado de mobiliario y enseres a causa de un desahucio) se prevén hasta 2.600 euros, 600 más.
Para instalaciones y equipamiento del hogar (muebles y electrodomésticos básicos, braseros y estufas o reparaciones) se pasa de 1.500 a 1.600 euros, y para hacer frente a una necesidad crítica no recogida en ninguno de estos apartados se reservan 2.010 euros, frente a los 1.800 anteriores.
Estas ayudas también incluyen los gastos de asistencia sanitaria que no cubre el sistema público y que están indicados por el médico, tales como medicinas, vacunas, gafas, prótesis, sillas de ruedas, tratamientos dentales o traslados sanitarios. El tope se mantiene en 1.500 euros, pero la subvención del desplazamiento pasa de 0,22 a 0,25 euros por kilómetro. La cuantía máxima a percibir, incluida la suma de varios de estos conceptos, será de 2.950 euros, 450 más que ahora.
Respuesta extraordinaria
Las ayudas de contingencias no tienen carácter periódico o indefinido, se limitan a cubrir mediante un pago único las necesidades puntuales e inusuales originadas por situaciones extraordinarias. «Las situaciones crónicas de necesidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales e institucionales», recuerda el Ejecutivo. La concesión de esta prestación se convocó por primera vez en el año 2015, pero después se mantuvo en suspenso hasta 2018, cuando se aprobó una nueva convocatoria con más de un millón de euros que benefició a 288 familias.
Con la aprobación de la ley extremeña de renta garantizada en 2019 su gestión se trasladó de la Junta a los ayuntamientos y en septiembre de 2021 se aprobó una nueva regulación que armonizó la cuantía y los requisitos entre todos los municipios. La última convocatoria fue la de octubre de 2021: contó con 5,3 millones de euros, un importante incremento para hacer frente a las contingencias derivadas de la pandemia.
«Hay más personas trabajando, pero las nóminas no son suficientes», alertan desde EAPN
Ahora, la actualización de estas ayudas llega en un momento en el que casi la mitad de las familias extremeñas reconoce que tiene dificultades para llegar a fin de mes y en el que la tasa de pobreza repunta por el impacto de la crisis energética y la inflación a causa de la guerra en Ucrania. «Las políticas públicas deben incrementar su cobertura y su intensidad para hacer frente a esta situación», indica el responsable de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Extremadura, Mehrad Alizadeh.
Según el último informe elaborado por el colectivo, del pasado octubre, la tasa de riesgo de pobreza repunta en la región hasta alcanzar al 38,7% de la población, la mayor del país junto a la de Andalucía y 10 puntos por encima de la media nacional: un total de 409.567 personas están en riesgo de pobreza en la región, 5.748 más que en 2020, sobre todo mujeres y del ámbito rural.
Alizadeh detalla además que el desempleo y un bajo nivel educativo ya no definen la pobreza en nuestro país, pues en 2021 se acentuó «el nuevo perfil de pobreza» detectado en los dos últimos años, y que afecta sobre todo a las personas con estudios medios (e incluso universitarios) y empleos precarios. De hecho, los datos apuntan que un tercio de las personas en situación de pobreza están ocupadas.
«Hay más personas trabajando, pero las nóminas no son suficiente para hacer frente a la subida de la cesta de la compra, la gasolina, la electricidad...», explica el responsable de EAPN.
Mínimos vitales
Para dar respuesta a la nueva coyuntura económica, la Junta de Extremadura también tiene previsto incrementar las cuantías de la renta garantizada, que subirá un 35%, y los mínimos vitales. Estas últimas, que son las ayudas que se conceden para el abono de las facturas de suministros, llegarán en 2022 a unos 14.000 beneficiarios. La cifra cae con respecto al año anterior (fueron un total de 15.516), pero de cara a este invierno el Ejecutivo autonómico tiene previsto aumentar los fondos disponibles y también la cuantía que reciben los usuarios, dentro del plan de medidas de lucha contra la inflación.
Será a partir de enero (tras la entrada en vigor de los presupuestos de 2023), pero aún así no hay que olvidar que en el contexto actual los precios de la electricidad y el gas se mueven en sus máximos históricos y que ya en 2020 se estimaba que el 15% de los hogares extremeños (unos 65.000) sufrían la denominada pobreza energética.
Las ayudas de mínimos vitales las financia la Junta de Extremadura pero son gestionadas por los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos complementan el programa con fondos propios. Son los municipios, por tanto, los que abren las convocatorias y donde deben dirigirse los interesados.
Los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos, como residir en Extremadura con una antigüedad de al menos seis meses y carecer de renta o ingresos insuficientes (el 100% del Iprem, 579 euros mensuales, más un 8% por cada miembro de la unidad familiar o un 10% si hay alguna discapacidad).
La ayuda cubre la totalidad de los conceptos facturados con independencia de su importe total y de la fecha de emisión, con unas cuantías máximas en 2022 de 750 euros para familias de dos miembros, 850 euros para tres y cuatro miembros y 950 euros para cinco o más. De los 3,5 millones de euros invertidos este año en el programa se pasará a cinco millones en 2023, un 42% más que permitirá incrementar las cuantías que recibe cada familia con 200 euros más por hogar de dos miembros y 250 euros por familias de más de tres.
No obstante, según explica la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el aumento del importe de las ayudas, y también del límite de ingresos para acceder a las ayudas, está por concretarse todavía en el seno del Consejo de Política Local.
