La Junta eleva a 75.000 euros las ayudas para redactar planes urbanísticos

La Junta de Extremadura elevará hasta los 50.000 euros, 75.000 en el caso de las ciudades, las ayudas para que los ayuntamientos puedan redactar y actualizar sus planes urbanísticos. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha actualizado en una nueva orden las bases reguladoras de estas subvenciones, cuyos importes se duplican ante las «serias dificultades» que los municipios están teniendo para encontrar despachos de arquitectos e ingenieros interesados. 

Los planes generales son una herramienta clave y de gran alcance estratégico en la gestión local, pues regulan la actividad económica y empresarial en el municipio. Si no cuentan con un plan general actualizado, los ayuntamientos tienen que tomar todas las cautelas a la hora de autorizar los usos del suelo, una problemática que afecta a cuestiones tan cotidianas como por ejemplo la construcción de naves y granjas agrícolas. 

¿Cuál es el problema? Que actualizar un plan general municipal es un proceso arduo y complejo: se demora años y pese a que ya se aprobó una ley autonómica que simplifica y facilita el procedimiento bajo la tutela de la Junta, sigue siendo un trámite difícil de afrontar. Sobre todo para los pequeños municipios, también por la cuantía económica que supone: entre 100.000 y 150.000 euros. 

La Consejería de Territorio concede ayudas que cubren hasta el 50% del coste, pero a todo esto en los últimos meses los ayuntamientos están sumando otra problemática: las «serias dificultades» para encontrar ingenieros y arquitectos interesados en realizar estos trabajos. Según la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno, se debe a la coyuntura actual que atraviesa el sector de la construcción y la falta de relevo generacional en los despachos profesionales. 

La falta de profesionales tiene que ver con la coyuntura del sector de la construcción y la falta de relevo generacional en los despachos técnicos

Es una cuestión que causa «mucha preocupación» y por ello su departamento lleva meses de reuniones con los colegios oficiales para abordar conjuntamente el modo de «hacer más atractivo el urbanismo y la planificación». Una de las primeras medidas ha sido la actualización de los costes de redacción de los planes y, por ende, el incremento de las ayudas, cuyos importes anteriores «habían quedado claramente desfasados». 

Hasta el 50%

En la nueva orden reguladora se contempla una subvención de hasta el 50% del importe total de los trabajos de asistencia técnica para la redacción y tramitación de los planes, con un límite de 50.000 euros en los núcleos de base y de 75.000 en los más grandes. Esto implica que en los expedientes de contratación puedan plantearse presupuestos de licitación de 100.000 o 150.000 euros, según las circunstancias de cada municipio. «Se duplica el coste previsto respecto a años anteriores, de manera que se adapten a la realidad actual y sean atractivos para los equipos redactores de nuestra región», se indica. 

Una vez aprobadas las bases reguladoras se abrirá la convocatoria, previsiblemente en el segundo semestre del año. El presupuesto estimado es de 200.000 euros, que se podría elevar hasta 400.000 en anualidades sucesivas. La Junta de Extremadura estima que podrían acogerse un total de ocho municipios, ya que con cargo al presupuesto de 2023 (previsto en 200.000 euros) también se liquidarán las subvenciones concedidas a otras 22 localidades para este fin a lo largo de 2022. 

Estas últimas han tramitado sus planes generales en base a la disposición transitoria cuarta de la ley del suelo que se aprobó en 2019 (conocida como Lotus). Establece que los expedientes que estaban en tramitación conforme al régimen jurídico de la ley de 2001 (Lesotex) y que contaban con la aprobación inicial a la entrada en vigor de la Lotus (27 de junio de 2019) tienen que aprobarse definitivamente antes del 27 de junio de este año. Aceuchal, Arroyomolinos, Calamonte, Escurial, Fuente del Maestre, Jerez de los Caballeros, La Roca de la Sierra, Moraleja, Torremocha, Valdeobispo y Villanueva de la Vera son algunos de los municipios que están en esta situación. 

Actualmente cualquier plan general municipal nuevo que se redacte deberá hacerlo con el régimen jurídico de la Lotus, al que no obstante también pueden adaptarse todos los demás. Abadía, Ahigal, Don Álvaro, La Garrovilla, Palomero, Peñalsordo, Torrecilla de los Ángeles y Valdehuncar serán los primeros pueblos en contar con planes urbanísticos adaptados a la ley de 2019, pues ya han iniciado el trámite y cuentan con la aprobación inicial. 

Entre las novedades que introduce, la Lotus permite instalar en suelo rústico empresas agroindustriales, turísticas, de ocio, de energías renovables o toda actividad relativa a la denominada economía verde y circular. Además, son los ayuntamientos los encargados de otorgar estas licencias teniendo en cuenta una serie de requisitos, como que no sean zonas inundables o lugares de alta protección ambiental. La ley de 2001 exigía requisitos como la calificación urbanística autonómica o una licencia municipal específica, pero la Lotus lo resuelve con uno o dos trámites cuando antes se requerían una veintena.

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