Más de 15.000 personas con discapacidad podrán optar a la rebaja de cotización en Extremadura

El próximo 1 de junio entrará en vigor el Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo, aprobado por el Consejo de Ministros que mejora las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de las personas con altos niveles de discapacidad. La principal novedad es la reducción de los años de cotización mínimos desde el diagnóstico, de 15 a 5 años, para que los trabajadores con un grado de discapacidad superior al 45% puedan optar a esta modalidad de jubilación. Para ello será necesario haber trabajado un tiempo efectivo equivalente al periodo mínimo de cotización. Según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, un total de 15.223 personas cuentan en Extremadura con un grado de discapacidad igual o superior al 45%. 

Otra novedad contemplada en este normativa, por la que se modifica el Real Decreto 1851/2009, es que las personas que tengan más de una patología discapacitante podrán jubilarse de manera anticipada si la suma de sus dolencias supera el 45% de grado de discapacidad. Si bien, indicar que una de las dolencias reflejadas en el certificado de discapacidad debe aparecer en el listado de patologías reconocidas y suponer, al menos, el 33% de la discapacidad total. Junto al requisito de cotización, los ciudadanos con un 45% de discapacidad o más tendrán que haber cumplido los 56 años para jubilarse. En cambio, si es igual o superior al 65% podría jubilarse a partir de los 52 años.

Este Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Inclusión, se negoció con las entidades del sector y responde a la Recomendación 18 del Pacto de Toledo. El Ejecutivo central estima que a través de esta medida, se duplicarán los beneficiarios de la jubilación anticipada en este colectivo. Según se recoge en el texto de la norma, es «muy difícil acreditar 15 años de cotización estando afecto de una discapacidad del 45%». Además, añade que «debe considerarse que hace años no era muy habitual solicitar la calificación de la discapacidad, por lo que resulta imposible en muchos casos acreditar la concurrencia de tales requisitos, aunque se haya alcanzado el grado de discapacidad necesario durante el tiempo requerido».

Por otra parte, la norma simplifica los trámites necesarios para solicitar la jubilación anticipada. Para acreditar la discapacidad, ya no será necesario un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) o de un órgano equivalente de la comunidad autónoma, sino que será suficiente con un informe médico donde figure la fecha en la que se comenzó a padecer o manifestar la patología. Asimismo, se pone en marcha un nuevo procedimiento, más ágil y sencillo, para actualizar el listado de patologías, en el caso de que los avances médicos permitan modificar el diagnóstico sobre las patologías que causan la discapacidad. A partir de ahora, estas se podrán modificar mediante una simple Orden Ministerial del Ministerio de Inclusión. 

Respuesta a una demanda

El presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón, destaca que esta normativa supone «un gran avance», pues da respuesta a una cuestión «muy importante de carácter prácticamente humano». «Es una forma de compensar la menor esperanza de vida que tiene una persona originada por la discapacidad, pues en muchos casos se intensifican los efectos del envejecimiento causados por esta razón», explica. «El desempleo en las personas con discapacidad alcanza a más del 70% y se agudiza más en las mujeres», advierte. A su juicio, el Real Decreto era primordial en la región, ya que «el envejecimiento de las personas en los centros especiales de empleo afectaba de forma importante al desarrollo del trabajo en estos mismos centros». «Para las personas llegaba un momento en el que era una carga el tener que seguir trabajando para cotizar y llegar a tener una pensión como cualquier otra persona, era muy difícil», recalca.

En esta línea, el presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, también sostiene que esta norma supone «un avance muy importante», ya que «da seguridad financiera a las personas con discapacidad en una edad en la que las dificultades son mucho mayores porque el techo laboral les llega antes». «Muchas discapacidades habían sido diagnosticadas en una fecha posterior a cuando realmente estaban provocando la situación de mayor menoscabo para la salud», señala. «Estamos aconsejando a las personas a que acudan a nuestras oficinas y a las de la Seguridad Social para informarse, y para que no haya confusión sobre este tema», indica Gumiel. 

Cabe recordar que el Gobierno regional va a impulsar un Plan de Empleo y Discapacidad del que se beneficiarán unas 10.000 personas y para el que moviliza un presupuesto de 56,25 millones de euros. Se pondrán en marcha políticas activas inclusivas que mejoren la empleabilidad y el derecho a un empleo digno y de calidad para las personas con discapacidad que les permita un desarrollo integral en el ámbito personal, social y laboral. A juicio de Calderón, se ha conseguido «negociar un buen plan que tiene los instrumentos y las herramientas necesarias para mejorar la situación de empleabilidad de las personas con discapacidad en Extremadura». Por último, advierte que estas personas tienen «gravísimos problemas para conseguir certificaciones y titulaciones», de ahí que solicite que se amplíe la Formación Profesional adaptada.

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