¿Qué marca el pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana?

Extremadura sigue enfrascada en las negociaciones para que el PP de María Guardiola apuntale su gobierno en la Junta de Extremadura con la ayuda de Vox, mientras en la Comunidad Valenciana ese acuerdo está consumado y materializado en un documento que las dos formaciones han dado a conocer este jueves. Tanto en la Comunidad Valenciana como en Extremadura, el PP requiere el sí de Vox, pero el punto de partida en ambos territorios es diferente porque Ángel Pelayo no ha hablado por el momento de entrar en un posible gobierno extremeño. 

El pacto valenciano ha pasado en unos días de cinco ejes bastante vagos, a un texto con 50 medidas y nueve áreas de trabajo relacionadas con la libertad, la economía, el mundo rural, la reducción del gasto público, la educación y la lengua, la sanidad, las políticas sociales, familia y vivienda, las infraestructuras y la seguridad. Ese es el marco con el que va a entregar a Vox la vicepresidencia y las carteras de Agricultura, Cultura y Justicia e Interior; pero más allá del reparto de funciones, define dónde pondrá el acento el gobierno conjunto de la derecha y la ultraderecha y qué es prescindible.

 Entre lo prescindible, en ese bloque de 50 medidas se exhiben algunas de las señas del ideario de Vox, como su posición en contra de la memoria histórica o la negación de la violencia machista al hablar en el acuerdo de «violencia intrafamiliar». El PP asume en ese punto el discurso de Vox y lo que se plantea es garantizar «la igualdad entre todas las víctimas», con lo que tampoco se tienen en cuenta las circunstancias especificas y las diferencias entre la violencia de género y la intrafamiliar. Llama la atención además que esta sea la medida 43, en el penúltimo bloque del documento.

La libertad, lo primero

El primer conjunto de medidas que se incluyen, sin embargo, están relacionadas con la libertad; y entre ellas, en la número dos, se habla de «garantizar la libertad de memoria». Eso se traduce, según explican, en derogar las leyes de memoria («las normas que atacan la reconciliación den los asuntos históricos», se recoge) y la aprobando una ley de Señas de Identidad «que proteja los valores y costumbres y tradiciones» de la región».

Suprimirán aquellos «organismos innecesarios que no reportan en el bien general», según ellos

El bloque de medidas económicas es en el que PP y Vox exhiben más sintonía porque ambos abogan por reducir los impuestos y hacerlo al máximo; y en Extremadura la propia María Guardiola ha hecho de este asunto uno de los ejes de su campaña. En el caso de este acuerdo, se eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio, se plantea reducir de forma «drástica» el IRPF en todos sus tramos, y también las tasas autonómicas. 

El tercer apartado está dedicado al mundo rural y plantean, entre otras medidas, impulsar la ampliación de regadíos en el sector primario.

La educación es otro de los bloques en los que es más evidente es el ideario de Vox, con seis puntos en los que se plantea «sacar la ideología de las aulas» y abogan por que los padres elijan y autoricen «el contenido de las actividades extracurriculares». Esa última medida se asemeja al pin parental que ya se planteó la Región de Murcia hace tres años con un gobierno que incluía a Vox. 

Hablan de sacar «la ideología» de las aulas y que los padres decidan las en las actividades extracurriculares

El acuerdo recoge también un bloque de medidas para reducir el gasto público que plantea eliminar «los organismos innecesarios» que consideren, entre otras cuestiones.

La Sanidad se aborda en el sexto bloque y se plantea, entre otras medidas, incrementar un 30% el presupuesto y ampliar también las plantillas. 

Los dos últimos bloques son los dedicados a las políticas sociales y las infraestructuras. En cuanto a las políticas sociales, más allá de las relacionadas con lo que en el acuerdo se denomina «violencia intrafamiliar», se plantea una «ley integral de protección de la familia» con medidas para fomentar la natalidad.

En cuanto a las infraestructuras, está presente el fantasma de la ocupación y de hecho se recoge que se creará «una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal».