La Junta ya ha abonado 7 millones de euros a los ganaderos afectados por la EHE en Extremadura

La Asamblea extremeña ha encarado este jueves el último pleno del año. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la financiación autonómica, la ayuda a la dependencia o el modelo educativo han sido los asuntos transversales que han centrado la sesion plenaria. Una cita que ha arrancado a las 09.30 horas con designaciones y nombramientos, y que ha continuado con las preguntas a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a la que Unidas por Extremadura ha interpelado sobre los "problemas de liquidez de las asociaciones que gestionan proyectos de la Junta de Extremadura", y el PSOE se ha interesado por si apoyará la subida del SMI y de las pensiones.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, ha reafirmado que con los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024 "se abre una nueva etapa, una etapa de compromiso y una etapa de progreso para esta región", ya que según ha dicho, "contienen más dinero para mejorar las políticas sociales, más recursos para cuidar a todos aquellos que lo necesitan y para asegurar el bienestar de todos los extremeños". Guardiola se ha pronunciado de esta forma en la sesión plenaria, ante una pregunta de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre "¿cómo piensa solucionar los problemas de liquidez de las asociaciones que gestionan proyectos del Gobierno regional?".

De Miguel ha señalado que hay muchos trabajadores que "llevan meses sin cobrar y viven en una absoluta incertidumbre sobre su futuro", que son los que "trabajan a través de subvenciones con la Junta de Extremadura". Así, De Miguel ha valorado que el Consejo de Gobierno aprobara ayer subvenciones para las entidades que trabajan con personas con trastornos o enfermedades mentales graves o con discapacidad, por lo que ha considerado que "parece que las protestas de las entidades sí han dado sus frutos".

El Gobierno de Extremadura convoca ayudas por casi 13 millones de euros para servicios a personas con discapacidad

Por su parte, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha respondido que "los problemas de liquidez se solucionan gestionando" y con "voluntad política, con rigor y por supuesto cumpliendo la legalidad", como según ha apuntado, está haciendo el Ejecutivo regional.

"Los problemas se solucionan también con ilusión por cambiar todo aquello que no funciona y con previsiones realistas", ha aseverado Guardiola, quien ha resaltado que el gobierno que preside va "a solucionar los problemas de los extremeños como hemos sabido hacerlo hasta ahora, incluso con un presupuesto que no es nuestro", algo que "solamente se consigue con ganas, con sentido de la responsabilidad y con una gran vocación de servicio público". Así, ha indicado que con el presupuesto de Extremadura para 2024, el primero elaborado por el Ejecutivo de Guardiola, "se abre una nueva etapa, una etapa de compromiso y una etapa de progreso para la región", ya que según ha aseverado, estas cuentas "contienen más dinero para mejorar las políticas sociales y más recursos para cuidar a todos aquellos que lo necesitan", ha dicho la presidenta.

El servicio de ayuda a domicilio se prestará con "coherencia"

A continuación ha sido el turno de las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional, que se han centrado básicamente en el modelo de educación pública, el servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y la Dependencia o el fallo del Tribunal Supremo que impide a los enfermeros coordinar centros de salud. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha defendido que el servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y la Dependencia se prestará en los municipios de la región con "coherencia" y "equidad".

García Espada ha respondido de esta forma a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea extremeña de este jueves por la diputada socialista Nayara María Basilio Gómez, quien ha acusado al gobierno de no creer en la Ley de la Dependencia. En su intervención, la consejera extremeña ha criticado al Grupo Parlamentario Socialista por "faltar a la verdad" haciendo política con un tema "tan sensible" como la dependencia y ha asegurado que el servicio de ayuda a domicilio "está y estará garantizado" en la comunidad.

Igualmente, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha destacado que el Ejecutivo regional agotará la vía judicial y recurrirá el fallo que impide a titulados del Grupo A2, como enfermeros, dirigir centros de salud. La razón de esta decisión, según ha explicado la responsable autonómica, es que la Junta de Extremadura respalda la gestión "eficiente y satisfactoria" realizada por estos profesionales durante los últimos años. García Espada ha respondido de esta forma a una pregunta formulada en el pleno por la socialista María de la Cruz Buendía sobre esta temática.

"Los precios no han parado de subir desde que gobierna Sánchez"

El debate ha sido intenso con rifirrafes dialécticos propios de la disputa parlamentario y la actualidad del país, como viene siendo habitual en la política española y que, como era de esperar, ha tenido su eco en el hemiciclo extremeño. La presidenta ha lamentado que "desde que gobierna Sánchez, los precios no han parado de subir", por lo que ésta es "la Navidad más cara de la historia".

De hecho, se están "batiendo todos los récords", ya que se está "pagando más por los combustibles, por las hipotecas, por los alquileres, por la luz", mientras que "el aceite de oliva se ha convertido en un producto de lujo", lo que ha provocado que "los españoles están asfixiados", ha manifestado. Guardiola se ha pronunciado de esta forma a raíz de una pregunta del PSOE acerca de si la Junta va a defender los intereses de los extremeños "apoyando la subida del SMI y de las pensiones que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez".

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha recordado que "en Extremadura hay 200.000 personas que cobran pensiones", y además "uno de cada tres trabajadores cobra el salario mínimo interprofesional", ante lo que la diputada ha aseverado que "los únicos que han subido tanto el SMI como las pensiones según el IPC ha sido el PSOE".

La Junta ya ha abonado 7 millones de euros a 2.700 ganaderos

El orden del día del pleno ha seguido con la convalidación del Decreto-ley 6/2023, que modifica un anterior, sobre concesión de una ayuda directa a titulares de explotaciones bovinas de Extremadura que hayan notificado sospecha de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en 2023. La Junta ya ha abonado a unos 2.700 ganaderos los 7.059.000 euros que se destinaron para paliar los gastos ocasionados la EHE, según ha anunciado la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, que también ha asegurado que este gobierno "cumple" con el campo extremeño.

Así lo ha asegurado durante el debate de la convalidación del decreto por el que se modifica el anterior, aprobado por el Consejo de Gobierno el día 28 de noviembre de 2023, por el que se pasó de 3,4 millones a los 7 millones definitivos "para llegar a todas las explotaciones" que lo hayan declarado antes del 15 de octubre. A diferencia que el decreto anterior, este será convalidado por unanimidad, ya que al apoyo de PP y Vox se han sumado en esta ocasión el PSOE y UPE, que, consideran que es "una chapuza", porque no todas las explotaciones han tenido los mismas pérdidas, además de cuestionar los motivos por los que se ha fijado el 15 de octubre como tope para la notificación.

Según ha comentado Morán, que ha cifrado en 28.600 los animales afectados por la enfermedad, con 2.200 vacas muertas, ha insistido en que la detección de errores informáticos en la previsión de posibles beneficiarios obligó a la modificación, una explicación que ni la portavoz de UPE, Irene de Miguel, ni el socialista Eduardo Bejar se creen, sino a que desde la Junta "se minimizó" el problema. En cuanto a las condiciones del decreto-ley, el importe máximo a percibir es de 7.000 euros y el mínimo de 200 euros, con 35 euros por cada bovino mayor de 24 meses.

En este respecto, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha reclamado a la Junta de Extremadura que dote en los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2024 de una partida de seis millones de euros más "destinados a los 2.100 ganaderos que se han quedado fuera de las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE)". Esta fiebre es una enfermedad que "ha causado estragos en la ganadería bovina y cervuna de toda España" y su gestión "sólo puede calificarse de caótica", según ha subrayado el presidente de esta organización agraria durante una rueda de prensa este jueves en la capital cacereña.

El PP insta al Gobierno a instalar sistema antiniebla en el Aeropuerto de Badajoz

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea una propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España a que instale un sistema antiniebla adecuado en el aeropuerto de Badajoz que evite las cancelaciones de vuelos cuando se dan estas condiciones adversas.

En declaraciones a los medios, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha precisado que el sistema que necesitaría el aeródromo pacense sería el ILS tipo II/III, que permitiría a los aviones despegar y aterrizar incluso en situaciones meteorológicas adversas de visibilidad casi nula, como las provocadas por los bancos de niebla. Una solución, ha resaltado, de la que disponen aeropuertos como el de Valladolid, Zaragoza, Gerona, Asturias o Vigo, además de los de mayor tráfico como Madrid, Barcelona o Palma, por lo que "si otros aeropuertos de España lo tienen aquí también se deben hacer esas inversiones. No hay derecho que Extremadura siga tan maltratada en materia de transporte. Ni tren, ni autovías entre las dos capitales de provincia, ni con el levante, y ahora tampoco transporte aéreo", ha dicho.

De esta forma, la sesión plenaria ha continuado con dos propuestas de impulso, una de Unidas por Extremadura para instar a la Junta a abrir una "negociación análoga a la de Cataluña con el Gobierno de España que permita el ahorro de los intereses y la amortización parcial de la deuda mediante mecanismos de condonación", y otra del Partido Socialista para reclamar un programa específico de transformación de antiguas instalaciones municipales en viviendas comunitarias sostenibles. Finalmente, la sesión ha concluído se encuenta ahora debatiendo dos propuestas de impulso, una de Vox para instar al Gobierno a implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) en toda España, y otra del PSOE para "continuar con la senda de crecimiento" del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio.

Viviendas comunitarias sostenibles

La Asamblea ha aprobado este jueves, con los votos del PSOE, PP y Unidas por Extremadura (UPE), instar al gobierno regional a desarrollar un programa de transformación de antiguas instalaciones municipales en viviendas comunitarias sostenibles para mayores, jóvenes y personas con discapacidad. La propuesta ha sido presentada por el Grupo Socialista, a la que Vox había presentado una enmienda de modificación, que no ha sido aceptada, y otra de adición del PP, que sí se ha aceptado, por lo que el portavoz socialista Fernando Rodríguez ha lamentado que Vox no sepa aprovechar el haber entrado en un Ejecutivo regional para mejorar las cosas. El objetivo de estas propuestas es revitalizar los cascos urbanos mediante un modelo basado en la solidaridad intergeneracional y los principios de la nueva Bauhaus Europea.

Prueba única de EBAU en todo el territorio nacional

El Grupo Parlamentario Popular y el de Vox han aprobado instar al Gobierno de España a promover las modificaciones legales pertinentes para implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español. Esta propuesta de pronunciamiento, presentada por Vox y sustanciada en el pleno, ha contado con el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura y busca garantizar la "igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice dicha prueba de acceso a la universidad".

El diputado de Vox Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara ha sido el encargado de defender esta iniciativa en la que ha asegurado que, como consecuencia de los múltiples traspasos de competencias en materia de educación llevados a cabo por gobiernos de distinto signo político, se han generado "grandes diferencias" de carácter educativo entre las distintas regiones del país. Por ello, el diputado de Vox ha considerado que urge llevar a cabo una reforma del sistema educativo que comience por garantizar la igualdad de oportunidades.

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