La Junta trabaja ya en la nueva Ley de Patrimonio Cultural

La Junta de Extremadura inicia los trabajos para la elaboración de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Extremadura, que sustituirá y derogará la vigente Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Para ello, la secretaría general de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes publicó una resolución en el Portal de Transparencia por la que se acordaba la apertura de un trámite de consulta pública, que finalizó el pasado 29 de febrero, con el objeto de recabar «la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma».

La reforma legislativa que se pretende llevar a cabo tiene como finalidad garantizar la gestión integral del patrimonio cultural extremeño, una gestión que contemple su identificación, documentación, investigación, conservación, protección y colaboración, pero que haga también explícito el compromiso con su transmisión, fomento y puesta en valor. Todo ello, a través de «un modelo más eficiente de protección y fomento de dicho patrimonio, garantizando su transmisión, conocimiento y disfrute a las generaciones presentes y futuras».

Los objetivos de la norma

Al margen de este objetivo principal, con la nueva norma se pretende igualmente promover, fomentar y consolidar los principios de buen gobierno, transparencia y uso de las tecnologías de la información y comunicación en materia de patrimonio cultural; favorecer la seguridad jurídica, así como ajustar el texto a las directrices de técnica legislativa y lenguaje de género. Con ella, se pretende actualizar el marco regulatorio del patrimonio cultural en la región para que esta disponga de una regulación más avanzada y eficaz para garantizar la protección, conservación y enriquecimiento de los bienes culturales.

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La nueva reglamentación sobre patrimonio cultural se elaborará desde un enfoque multidisciplinar e integrador donde se dé solución, entre otros, a problemas como el establecimiento de una definición más amplia del patrimonio cultural; el reforzamiento de los bienes culturales existentes y contemplación de los denominados nuevos patrimonios (inmaterial, industrial, científico y tecnológico, paisajístico, estructuras y fortificaciones del periodo de la guerra civil española); la ampliación de los instrumentos de protección, integración, conservación, difusión y educación patrimonial; la regulación de los órganos consultivos y de colaboración con los municipios, en especial con los declarados conjuntos históricos protegidos como bien de interés cultural o sitios históricos; la regulación más exhaustiva de los procedimientos de declaración de los diferentes niveles y categorías de los bienes patrimoniales y registro de los mismos, garantizando la seguridad jurídica; y la mejora de la actividad de inspección y régimen sancionador.

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