Salaya asegura transparencia con los informes del nuevo proyecto de mina de litio en Cáceres

Si no fuese por el turno de ruegos y preguntas, que se ha convertido en una especie de rueda de prensa de los ediles de la oposición al alcalde, Luis Salaya, el pleno de febrero habría pasado inadvertido: sin debate y sin mociones.

Precisamente, uno de esos ruegos (más bien reproche) ha propiciado que el alcalde asegure que los informes municipales relacionados con el documento de alcance del estudio de impacto medioambiental del nuevo proyecto en galería de la mina de litio en Valdeflórez «se harán público cumpliendo con las normas de transparencia».

Respondiendo así al edil no adscrito Francisco Alcántara, que le ha vuelto a reprochar la «falta de transparencia y poca eficiencia de la alcaldía» ante el requerimiento de los informes.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura está tramitando el “Documento de Alcance del estudio de impacto medioambiental”, en relación al nuevo proyecto presentado por los promotores de la mina de litio; un procedimiento anterior a la propia evaluación de impacto medioambiental. Para la elaboración de este documento, la Junta consultó al Ayuntamiento de Cáceres, como administración pública afectada. 

Filtración

Salaya ha manifestado que «por hablar claro, y creo que es necesario, da la sensación de que todos ustedes tienen un papel que les ha filtrado un funcionario y que les ha dicho que no lo hagan público si no lo reciben oficialmente. Y se están poniendo nerviosos porque no lo reciben oficialmente».

«Yo no tengo ese papel, y tengo la costumbre de recibir los informes finales; no las consultas intermedias». Por lo que se ha remitido a que «cuando sea necesario y cuando ustedes lo soliciten, recibirán el informe respecto a ese asunto», en referencia al documento final que se tiene que enviar a la Junta.

En su turno, Alcántara ha insistido en «que estamos pendientes de que nos aporten esos informes que han elaborado nuestros servicios técnicos para la Junta. No acaban de facilitarlos y rogamos, una vez más, que así se haga porque estamos en nuestro derecho. Y nos referimos a todos los informes que se han realizado por los diferentes servicios municipales».

«Arbitrariedad»

Por otro lado, Alcántara ha criticado «arbitrariedad» debido a que la moción sobre el proyecto de presa en el Almonte, que había registrado para su debate en el pleno, finalmente no figurase en el orden del día, ya que se ha considerado una moción ejecutiva y, por tanto, requiere un informe previo de secretaría e intervención, según el Reglamento Orgánico Municipal (ROM).

«Da la sensación de que hay una cierta arbitrariedad sobre qué mociones entran y cuáles no. Y nos parece que es una gravedad en el funcionamiento democrático normal de lo que debería ser un pleno».

Al respecto, Salaya ha argumentado que «con el ROM en la mano, son las normas del juego y además tienen un sentido. La aprobación de ese ROM se consensuó la legislatura pasada y nos pareció lo correcto establecer esa fórmula que distinguía entre mociones ejecutivas y declarativas».

Porque «tenemos que ser muy conscientes de cuando este pleno toma una decisión que implica cuestiones económicas. Su moción podrá debatirse con los informes pertinentes en el próximo pleno», ha zanjado el regidor. 

Sanidad

El turno de ruegos y preguntas también ha servido para que el Grupo Popular reproche la actitud «ridícula» del edil de Turismo e Innovación del PSOE, Jorge Villar, por acudir el pasado domingo a Madrid a la manifestación a favor de la sanidad pública y contra la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y hacerlo público a través de sus redes sociales.

El edil popular José Ángel Sánchez Juliá se ha hecho eco de que el programa de Antena 3 “El hormiguero”{"anchor-link":"true"} haya mencionado este hecho, «haciendo protagonista a la sanidad cacereña por la asistencia de Villar a esa manifestación, con la que tenemos aquí liada».

«Tenemos un hospital a medio construir y los plazos que nos dan ahora es que podría estar completo en 2028», en referencia a la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. También se ha referido a que «en el Área de Salud de Cáceres tardan 7 meses de media por operación, tenemos un servicio de anestesiología que está privatizado en el Hospital San Pedro de Alcántara y el servicio de cirugía cardiovascular está cerrado y hay que acudir a Badajoz».

Igualmente, ha reprochado el popular que en el Centro de Salud del antiguo Hospital Virgen de la Montaña «hay semanas en las que no hay atención pediátrica. Y hay protestas del personal sanitario, de los cacereños y caceroladas y hay manifestaciones y concentraciones a las que ustedes nunca han acudido».

Además, ha añadido que «a los pacientes de Cáceres, muchas veces, hay que trasladarlos a Madrid para ser tratados allí». Por todo ello, el edil popular ha lanzado una pregunta a Salaya, en estos términos: «¿van a defender la sanidad cacereña ante el desmantelamiento en la ciudad del presidente regional, Guillermo Fernández Vara? ¿O van a seguir callados haciendo el ridículo y acudiendo a manifestaciones contra gobiernos de otras comunidades autónomas, cuando aquí en Cáceres nos están arrebatando la sanidad al mejor postor?».

El edil interpelado, Jorge Villar, no ha intervenido en la sesión plenaria y el alcalde Salaya se ha limitado a responder la pregunta de los populares con un escueto: «la respuesta es que sí, por supuesto; como hemos hecho siempre y seguiremos haciendo».