El ayuntamiento condiciona la rebaja del bus en Cáceres al número de viajeros y a los ingresos

El ayuntamiento tiene hasta el 31 de enero para informar al Ministerio de Transportes si se acoge a la aportación que concede el Gobierno para volver a aplicar un descuento en los bonos del autobús urbano del 50%. La decisión la tendrá que tomar antes, en el segundo semestre de este mes, y el gobierno local ha condicionado su decisión al número de usuarios que se pueden beneficiar del descuento y su incidencia económica en las arcas municipales. Los datos del primer semestre del pasado año, cuando los descuentos en el precio de los viajes llevaron a un incremento en el número de usuarios del autobús y en el ingreso medio por viaje, facilitarán, si se repitiesen ahora, la reducción del 50% en el precio de los seis bonos o tarjetas que tiene la tarifa de los autobuses urbanos.

El precio de los bonos y de la tarjeta mensual han tenido descuentos en el último año y medio y en tres periodos diferentes. De septiembre a diciembre de 2022 (la rebaja fue del 30% y el coste de la reducción de los ingresos la asumió el ministerio). De febrero a junio de 2023. Y de agosto a diciembre del mismo año. En los dos últimos el descuento fue del 50% y lo que se dejó de recaudar se asumió por dos vías:la aportación del ministerio al ayuntamiento para costear el 60%, mientras que el 40% restante lo puso la entidad local con cargo a la subvención que paga a la empresa que gestiona los autobuses urbanos para cubrir el déficit del servicio de transportes.

 El vacío que se produjo en enero y julio de 2023, meses en los que no hubo rebaja, fue por el retraso del Gobierno en publicar el real decreto que prolonga su aportación y por la decisión del ayuntamiento de no aplicar el descuento con carácter retroactivo, compensando al usuario, sino a partir de la fecha tope (1 de febrero y 1 de agosto de 2023) que se establecía en cada real decreto del Gobierno.

De los seis elementos de la tarifa del autobús urbano sobre los que tiene mayor incidencia el descuento del 50% destacan que el precio del bonobús pasa de 8 a 4 euros y el de la tarjeta mensual de 29 a 14,50 euros.

Y este vacío es el que se repite ahora. El Gobierno no publicó el real decreto hasta el pasado 28 de diciembre, sin tiempo para que el ayuntamiento calcule cómo afecta al servicio, con la estimación de la aportación que debe poner el ministerio, y para tomar la decisión sobre si se acoge a esta medida de Transportes. El real decreto permite al ayuntamiento habilitar un procedimiento para la devolución o la compensación de las cantidades que correspondan por la adquisición de bonos que no hubieran podido beneficiarse de la reducción, sería por el mes de enero, pero la entidad municipal ha ido siempre por la segunda vía: no acogerse a esta opción y optar a la aportación del ministerio sin que sea por todo el periodo.  

Estas rebajas en el precio de los bonos parten de una decisión del Gobierno para facilitar el acceso al transporte. Se publica el real decreto con la medida y se establece un plazo en el que estará vigente la aportación estatal para reducir el coste de los bonos, periodo que hasta ahora venía siendo de un semestre. En esta ocasión el plazo es hasta el 31 de diciembre.

El autobús urbano es un servicio deficitario. La tarifa que paga el usuario no sufraga el total del coste, solo una parte se afronta con la misma y el resto con la subvención que el ayuntamiento da a la empresa y con la que se recibe del Estado, que ahora es mayor con las medidas para rebajar el precio de los bonos y la tarjeta. Por eso un descuento en estos bonos puede generar un déficit mayor, del que parte se paga con la ayuda del ministerio y el resto lo afronta el consistorio con cargo al déficit.

Por eso en la decisión sobre si el ayuntamiento se acoge a la medida influye cómo incide en el déficit del servicio. En la segunda ocasión en la que se tenía que decidir si se rebajaban los bonos, para el periodo de febrero a junio de 2023, el consistorio se encontró como entre los meses de septiembre y diciembre de 2022, primer periodo en el que estuvo en vigor el descuento, el efecto sobre el ingreso medio por viaje había sido negativo, de 0,72 euros del mismo periodo de 2019, antes del covid, se pasaba a 0,65, por un desvío de usuarios del billete y el bonobús a la tarjeta mensual, además no se había producido un incremento significativo en el número de viajeros.

Pero en julio, cuando se tenía que decidir si se prolongaba la rebaja entre los meses de agosto y diciembre de 2023, los resultados habían cambiado, la subida de viajeros ya era significativa y la tarifa media por viaje se había incrementado, de 0,72 euros a 0,83, dado que tanto el uso del bonobús como el de la tarjeta mensual habían aumentado. Si esta tendencia se mantiene, el incremento en el ingreso medio por viaje ayuda a paliar en parte el aumento del déficit que debe soportar el ayuntamiento y facilita que se prolongue la rebaja del 50%.

Las dos últimas veces que se ha acordado por el ayuntamiento acogerse al descuento promovido por el Gobierno se estimó que la aportación del ministerio tenía que ascender a 360.000 euros.  

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