El sector apícola aplaude los cambios hacia un mejor etiquetado, pero pide más avances

Era una de las reivindicaciones históricas del sector apícola español: que los envases de miel incorporasen un etiquetado claro que informe de cuáles son las mezclas que contiene, procedentes de qué países, y en qué porcentaje. Una medida destinada a garantizar la trazabilidad de la producción apícola y a evitar fraudes o adulteraciones, y por la que por fin parece apostar Bruselas. El mes pasado, tanto el Consejo como el Parlamento europeos dieron los primeros pasos para que en la modificación de las denominadas ‘directivas del desayuno’, que establecen normas comunes sobre la composición, la denominación de venta, el etiquetado y la presentación de algunos productos alimenticios, se incluya la obligatoriedad de facilitar al consumidor todos esos datos.

«Evidentemente, es una buena noticia. Pero hay que matizar: el plazo de implantación [de los cambios] es muy elevado, de unos tres años, y la urgencia comercial que tienen los productores, tanto españoles como del resto de la Unión Europea es en estos momentos muy acuciante», sostiene José Antonio Babiano, presidente de la Sectorial Apícola de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Asimismo, considera fundamental saber qué mecanismos se van a establecer para supervisar el cumplimiento de la normativa, «porque, si no se ponen los recursos para que efectivamente se cumpla, habremos ganado poco». 

El 46% de la miel importada por la UE no es auténtica, ya que no cumple la normativa comunitaria, según un estudio dado a conocer el año pasado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Centro de Investigación Conjunta de la UE, que eleva esa cifra hasta el 74% en el caso de las importaciones desde China y al 93% de Turquía.

 Quien «no adquiera la miel directamente a cooperativas, productores o establecimientos garantizados, tiene muchas probabilidades de que lo que está comprando no sea miel o sea de muy escasa calidad», esgrime este responsable cooperativo. Ofrecer a partir de ahora más información al consumidor final y, por tanto, darle «la capacidad de elegir», «será un logro importante», pero si no se completa con campañas de concienciación, «puede que los resultados que tengamos no sean los esperados», ya que aún existe una «tremenda desinformación» en torno a este alimento.

El 46% de la miel importada por la UE no es auténtica, ya que no cumple la normativa comunitaria, según un estudio

La producción de miel española concentran fundamentalmente cuatro regiones, Andalucía (21,9%), Castilla y León (16%), Comunidad Valenciana (15,9%) y Extremadura (12,9%). La extremeña es la región con mayor número de colmenas (unas 668.000 a marzo a 2022), aunque es la octava en la tabla de explotaciones, dado su mayor tamaño medio y nivel de profesionalización.

El avance hacia un etiquetado más claro «es un primer paso muy importante, porque el consumidor va a tener mucha más información, pero hay que hacer más cosas, como controles más exhaustivos en fronteras», apunta el responsable apícola de UPA-UCE Extremadura, Antonio Prieto. 

A día de hoy, señala Prieto, en un tarro con un kilo de miel lo «normal» es que la haya procedente de «cuatro o cinco países». De España, pero también de Uruguay, México o Ucrania, por ejemplo, «y sin que se especifiquen los porcentajes. Además, «siempre te ponen la procedencia española en primer lugar», aunque pueda suponer solo «un 1%, 2% o 5%, pero que es en lo que se fija el consumidor». «Muchos» de estos terceros países están trayendo su producto a precios «de 1,5 euros mientras que aquí cuesta producirla tres euros un kilo, por lo que sospechamos que es de dudosa trazabilidad y que sus componentes puedan ser en muchos casos azúcares o glucosas», agrega.

Igualmente, este dirigente de UPA-UCE destaca que va a haber «un mismo método analítico en todos los países para detectar los fraudes», en lugar de que cada Estado miembro tenga sus propios controles, algo que considera «tan importante» como las mejoras en el etiquetado. 

«Se tiene que trabajar en todos los métodos posibles de análisis del fraude que hay, no solo en uno», defiende Pedro Loscertales, responsable del sector apícola de COAG, de forma que sean detectables las principales sustancias con los que puede adulterarse la miel, desde el azúcar de caña a los jarabes de maíz o de arroz. Loscertales también reclama que se acorten los periodos de validación de estos métodos, que en principio está previsto que se prolonguen «tres años», con el fin de que estén operativos lo antes posible. 

A la espera de conocer cómo se articulan definitivamente los cambios, este responsable de COAG admite que es un primer avance positivo, «pero que llega tarde», sobre todo teniendo en cuenta que el sector viene «de tres años de malas cosechas». 

En el caso de la del pasado ejercicio, UPA-UCE estima que es la más baja desde que hay registros, con una caída de en torno al 50% respecto a una normal, a causa de la sequía y de las altas temperaturas, que se unieron a otros factores como la varroa. «Llevo muchos años en esto y es la peor que he conocido», incide Prieto.

«La campaña 2023 probablemente sea la peor en los últimos 10 o 15 años. Ha sido una muy mala producción y con un coste multiplicado» por los elevados precios del combustible o de la alimentación artificial, coincide Babiano. «Y encima nos encontramos con un mercado paralizado totalmente. La escasa producción que ha habido ha sido de una excelente calidad, pero está todavía en muchos almacenes de apicultores o naves de cooperativas sin comercializar», lamenta. Cuando se puede adquirir el producto de otros países a unos precios «irrisorios» el nacional «no interesa, independientemente de la calidad que tenga».

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