"No existió una declaración expresa de la Zepa Embalse de Valdecañas, pero sí hubo otra serie de hechos", aseguraba el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, hace algunas semanas y la Junta quiere saber hasta qué punto son válidos esos otros hechos por los que esta Zepa fue declarada como tal, tras la propuesta de la propia Junta. Y para ello, el gobierno regional ha encargado dos informes jurídicos, uno a la Comisión Jurídica y otro al Consejo de Estado, para conocer la validez de esa declaración, que no se hizo conforme a un procedimiento oficial ni común porque no estaba establecido como tal antes de 2006.
Según confirmó ayer el director general de Sostenibilidad de la Junta, Jesús Moreno, en una comparecencia en la Asamblea, "hay diferencias entre antes y después de 2006" y "surgen dudas" ante la trascendencia del caso Marina Isla de Valdecañas. No fue hasta la aprobación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad cuando se estableció en España un procedimiento concreto y común para la catalogación de las Zonas de Especial Protección de Aves. En Extremadura, todo lo relativo a los espacios Red Natura se incluyó ya en la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza de Extremadura realizada en 2006.
Pero la situación de la Zepa de Valdecañas no es exclusiva, antes de ese 2006 también se declararon sin ese procedimiento reglado y oficial que existe ahora, es decir, sin decreto del Consejo de Gobierno ni pasar por un periodo de información pública (como se hacía antes de esa fecha), otras 68 (69 incluyendo Valdecañas) zonas catalogadas como Zepa, del total de las 71 que hay en Extremadura, según los datos aportados por Moreno. De estas, las seis primeras (entre las que se encuentra la del Embalse de Valdecañas) fueron expresamente recogidas en la Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura; ocho fueron clasificadas a través de un decreto del Ejecutivo extremeño, y el resto fueron propuestas a la Comisión Europea para su inclusión en el catálogo de zepas, aseguró Moreno.
Hasta que se reguló el procedimiento expreso y oficial, el director general explicó que las declaraciones de Zepas se realizaban mandando la información correspondiente al ministerio, que se la trasladaba a la Comisión Europea, de modo que "la UE estas zepas las tiene como declaradas", añadió.
Después de 2006, en un decreto regional del Consejo de Gobierno de 2015, se designaron otras dos nuevas zepas y, también este mismo año, se estableció en otro decreto que las 71 zepas declaradas en Extremadura eran las recogidas en un anexo de esta norma. A pesar de ello, "dado que surgen dudas y la trascendencia del tema", Moreno Pérez insistió en que el Ejecutivo regional va a solicitar un informe consultivo tanto al Consejo de Estado como a la Comisión Jurídica "para que evalúe la validez de las declaraciones de las zepas".
La comparecencia del director general fue a instancia del diputado del PP Bibiano Serrano, quien, según informa Efe, aseveró que el Gobierno regional ha venido a reconocer "que tenemos zepas sin papeles" y le criticó que se "escude" en que antes de 2006 no había una normativa específica para ello cuando, según ha dicho, sí existía, la Ley de Procedimiento Administrativo. Argumentó que las directivas Habitats y Aves establecen que estas declaraciones deben ir acompañadas de "estudios científicos avalados, información pública reglada y trámite de audiencia a los afectados", pero "no se ha hecho nada de eso aquí en Extremadura". "Se han saltado todos los procedimientos, todas las instancias y todas las leyes habidas y por haber", ha manifestado Serrano, para quien "esto va a acabar con el rosario de la aurora, en los tribunales".
