Otra huelga de justicia pone en jaque a los tribunales extremeños

Otra huelga en la administración de justicia pone en jaque a los tribunales extremeños. No han pasado ni tres semanas desde que los juzgados recuperaran la normalidad tras desconvocar el paro los secretarios judiciales y ahora son los funcionarios los que deciden parar la actividad para reivindicar también mejoras al Ministerio de Justicia. Esta situación complica el trabajo en los juzgados de la región, que arrastran ya un retraso de casi un año debido a la huelga de los letrados de la administración de justicia, que estuvo dos meses, y puede afectar incluso la organización de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

50 millones de euros retenidos en los juzgados por la huelga

En Extremadura ha estado secundada este lunes, el primer día, por casi el 80% de los funcionarios, con un seguimiento superior en la provincia de Badajoz (85%) que en la de Cáceres (70%). Una de sus principales demandas es el reconocimiento de las funciones que realmente realizan. No se niegan a desarrollarlas, pero sí piden que se les remunere por ello. En la región trabajan unos 1.200 funcionarios de la administración de justicia, entre médicos forenses y técnicos de los Institutos de Medicina Legal (IML), los cuerpos de gestión y técnicos de laboratorio, ayudantes de laboratorio y auxiliares judiciales. De tal forma que para los primeros solicitan una subida salarial de 430 euros al mes y de 400 para los segundos. Para el resto piden que se les pague 375 y 350 euros mensuales más, respectivamente.

«El ministerio nos lleva ninguneando mucho tiempo. Muchas de las funciones atribuidas a los letrados de la administración de justicia las han delegado en nosotros, pero en lugar de reconocernos esas funciones, se les pagan a otros cuerpos, cuando quienes las realizan son los funcionarios de tramitación, función y auxilio», reprocha el responsable del sector de administración de justicia de CCOO de Extremadura en la provincia de Cáceres, José Antonio Barca. «El Gobierno ha tratado como funcionarios de segunda al 93% del personal y solo ha elevado las retribuciones al 7%, eso no se puede consentir», critica también la responsable del sector de justicia de CSIF, Cristina Blázquez.

Carrera profesional, ...

Reclaman también que se les reconozca la carrera profesional, algo que ya se ha hecho para todos los empleados públicos. «Está reconocido desde el 2018 porque está recogido en el estatuto básico del empleado público, pero el ministerio no quiere negociarlo», señala el representante de CCOO. Así como que se negocie la ley de eficiencia organizativa que se está tramita en el Congreso de los Diputados, porque puede suponer el traslado de sus puestos de trabajo de manera forzosa, lo que implicaría la pérdida de sus destinos. Y que se elimine el requisito de los grupos de población para fijar los salarios: «Lo que pedimos es que se equipare el salario al de las ciudades», indica Juan María Montero, de UGT, porque en estos momentos los que trabajan en una población rural ingresan menos que los que lo hacen en los cascos urbanos, a pesar de que la actividad que desarrollan es la misma.

1.200 funcionarios están llamados al paro, que se desarrolla de lunes a viernes de 10 a 13 horas

Esta nueva huelga es también de carácter indefinido aunque, a diferencia de la que secundaron los letrados de la administración de justicia, esta solo está convocada durante tres horas al día (de 10.00 a 13.00 horas) de lunes a viernes. Salvo este próximo miércoles, 19 de abril, que se hará durante todo el día porque todos los funcionarios están llamados a una gran manifestación que se llevará a cabo en Madrid, ya que estos paros son de carácter nacional.

De momento la huelga no ha obligado a la suspensión de ningún juicio debido, por un lado, a que se han fijado unos servicios mínimos «abusivos», según se quejan los sindicatos. Y, por otro, a que se han dejado sin funcionamiento las oficinas de auxilio judicial porque los funcionarios aquí destinados se han tenido que trasladar a las salas de vistas para evitar que estas tuvieran que aplazarse. Pero sí que se paraliza la actividad de los juzgados, que ya viene tocada por la anterior huelga. «Estamos en muy mala situación, estamos intentando volver a meter los señalamientos que estaban pendientes en agenda, pero es complicado», reconoce el representante de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia en Extremadura, Luis Carlos Rodríguez, que pertenece a uno de los colectivos que convocó la huelga de secretarios. Reclaman una ampliación de la jornada, voluntaria y retribuida, tanto para ellos como para los funcionarios, para «poder sacar adelante los atrasos cuanto antes».

De momento el comité de huelga de este nuevo paro sigue a la espera de ser convocado por el Ministerio de Justicia para negociar sus reivindicaciones. «Nos preocupa el impacto que tendrá, no solo en el Ministerio de Justicia sino también en los compromisos presupuestarios de las 12 comunidades autónomas que tienen las competencias en esta materia transferidas», señalan desde Justicia. Y recuerdan que ya se «alcanzó un importante acuerdo para equiparar el salario de los funcionarios de territorio ministerio a la media nacional». El Estado cifra el seguimiento a nivel nacional del 15%. 

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