LOS AYUNTAMIENTOS PIDEN "SENTIDO COMÚN" ANTES DE TIRAR EL COMPLEJO

Berrocalejo y El Gordo: "Devolver Valdecañas al estercolero que era no es proteger el medioambiente"

Los alcaldes de ambos municipios advierten de que su derribo provocará el declive de la zona

"Es una barbaridad negarles a los extremeños su derecho a vivir donde quieran vivir", añaden

Una imagen del complejo Marina Isla de Valdecañas.

Una imagen del complejo Marina Isla de Valdecañas. / EL PERIÓDICO

Valdecañas “no va de ricos, va de vida, de trabajo para los habitantes y de mejora de servicios para esa zona”. Lo dicen los alcaldes de El Gordo, Silvia Sarro (PP), y de Berrocalejo, Ángel Pedro Martínez (PSOE), términos municipales sobre los que se levanta el complejo Marina Isla de Valdecañas y que están en contra de su demolición. De manera conjunta firman un documento remitido a este diario en el que piden a los tribunales “sentido común” ante las sentencias que ordenan su derribo. La última es una providencia del Tribunal Supremo en la que desestima los recursos de la Junta de Extremadura y de los promotores contra el plan de derribo y mantiene que el paraje turístico se tire en su totalidad; es decir, tanto lo que está construido y en funcionamiento, como lo que está a medio ejecutar.

“Estos pueblos fueron ya perjudicados con la construcción de El Embalse, tanto en el tema de economía, pues perdieron gran parte de sus recursos agrícolas, y en población, pues mucha gente tuvo que emigrar a otros territorios en busca de trabajo. Vivir de nuevo esta situación sería totalmente injusto. Se pueden valorar otras muchas medidas antes de llegar al derribo. Debemos atender al sentido común”, advierten. E insisten en que devolver los terrenos a su estado original va también contra el medioambiente: “La protección del medioambiente está totalmente acreditada en Valdecañas. ¿Es que la vuelta a estercolero y basurero que algunos pretenden es la protección del medioambiente?”.

“A cualquier persona que se interese por Valdecañas, por favor que la visite. Que la conozca. Y que hable con la gente que trabaja allí. Y concluirá en la barbaridad para los derechos de los extremeños negarles su derecho a vivir donde quieren vivir”

En el escrito rechazan además que se trate de un complejo de lujo. Quien lo califique así, dicen, “no conoce el complejo”. “Se trata –agregan-, y con una simple visita se comprueba, de una urbanización de clase media, con viviendas normales y muy integradas en el paisaje”. La única diferencia es que cuenta con un campo de golf, que “no es elitista”. “El deporte del golf es practicado por muchos españoles y extranjeros de todas las clases sociales y es fuente de movimiento económico y de puestos de trabajo; en suma, de bienestar social y económico”, recuerdan.

Silvia Sarro (PP), alcaldesa de El Gordo.

Silvia Sarro (PP), alcaldesa de El Gordo. / EL PERIÓDICO

Dicen que es legal y aluden a la Ley Zepa

E inciden en que Marina Isla de Valdecañas se construyó de forma legal, pues se levantó, dicen, sobre un terreno que no tenía ningún tipo de protección. Mismo argumento que comparten ahora el resto de afectados: Junta de Extremadura, propietarios y promotores. “En el propio decreto de 2007 que autorizaba el complejo Valdecañas hay un artículo que clarísimamente dice que allí no hay declarada ninguna Zepa (Zona de Especial Protección de Aves). Precepto que, al parecer, los tribunales no observaron de su existencia”, argumentan. Y se refieren además a la Ley Zepa aprobada por la Asamblea de Extremadura hace unos meses que lo que viene es a modificar la Red Natura 2000 incluyendo 55 territorios que no estaban catalogados como protegidos, entre los que está Valdecañas. Con esto lo que se busca es legalizar al menos lo que ya está construido, a pesar de tener sentencias que dicen que es también eso es ilegal.

Ángel Pedro Martínez (PSOE), alcalde de Berrocalejo.

Ángel Pedro Martínez (PSOE), alcalde de Berrocalejo. / EL PERIÓDICO

Y terminan con un ruego: “A cualquier persona que se interese por Valdecañas, por favor que la visite. Que la conozca. Y que hable con la gente que trabaja allí, tanto directa o indirectamente, con los vecinos de los pueblos. Y concluirá en la barbaridad que supone para el estado de derecho y para los derechos de los extremeños negarles su derecho a vivir donde quieren vivir”.

Cabe recordar que el complejo está todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si debe o no tirarse y sobre la medida cautelar solicitada para que se paralice la ejecución de demolición. Mientras tanto el Supremo ha dado a la Junta de Extremadura ocho meses para que elabore el plan de derribo y ha nombrado a una comisión que se encargará de coordinar los trabajos.

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