Los delitos de odio suben un 20% en Extremadura en el último año

Ocurrió en Valencia de Alcántara en 2020. Una noche de fiesta un joven recibió patadas, golpes y amenazas de muerte al grito de «maricón». Denunció los hechos con el apoyo de la Fundación Triángulo y el año pasado llegó una sentencia pionera: la primera condena por delito de odio a una agresión homófoba en Extremadura. 

El fallo, que contempla cuatro años de cárcel para el agresor y tres de alejamiento de la víctima, está recurrido y a la espera del Supremo, pero forma parte de las estadísticas oficiales que registran los delitos de odio. El Ministerio del Interior realiza un informe anual desde 2013 para analizar estos delitos y su evolución en las distintas comunidades. Y desde que se contabilizan van en aumento en todo el país, también en Extremadura, que es la segunda región con menos después de La Rioja. 

No obstante, la comunidad es la tercera con la tasa más baja de delitos, infracciones e incidentes de odio: 2 por cada 100.000 habitantes. En La Rioja el dato es 1,89 y en Murcia, 1,57, el más bajo del país. Y es que a pesar de estar en los puestos de cola del país, Extremadura ocupaba hace un año la posición de Murcia en el ranking nacional, con apenas 1,6 casos por cada 100.000 habitantes. ¿La razón? Que en el último año los delitos de odio han crecido un 20% en Extremadura. En 2022 fueron 21 casos los que llegaron a denunciarse frente a los 17 del año anterior. Y se han incrementando especialmente los delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia, que han pasado de dos a ocho casos denunciados. 

Otras infracciones

Han subido también es este último año los relacionados con la ideología, pasando de 2 a 5 denuncias, y se mantiene el mismo número de casos por la orientación sexual y la identidad de género, que es otra de las causas principales. En los dos últimos años se han registrado cinco denuncias por esta razón ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad, pero son muchos más los que no llegan a las comisarías y se quedan en las calles, las redes sociales o en las casas. Muestra de ello es que el servicio de apoyo a las víctimas con el que cuenta Fundación Triángulo atendió el año pasado 26 agresiones, de las que solo nueve acabaron presentando una denuncia. 

«Nosotros siempre aconsejamos que se denuncie, pero muchas personas no se atreven porque creen que sus denuncias no van a ir más allá, porque muchas veces no conocen a los agresores o porque se producen a través de internet, por las redes sociales, y la gente no ve claro que se pueda denunciar. Luego también hay gente que sigue dentro del armario y denunciar una agresión por homofobia o transfobia supone salir y es más complicado en las zonas rurales, además. Y hay otra razón, la desconfianza en los cuerpos de seguridad es palpable, aunque tengo que decir que en nuestra comunidad los agentes están trabajando para que eso desaparezca y lo están haciendo de una manera efectiva y muy buena», explica Emiliano José Hernández, coordinador del Servicio Plural de Triángulo. 

La presidenta de esta fundación, Silvia Tostado, pone el foco en el perfil de estos agresores: «son mayoritariamente hombres muy jóvenes y eso nos preocupa porque los gobiernos conservadores que se están conformando están impidiendo que hablemos, por ejemplo, de diversidad sexual en los centros educativos, que es donde precisamente más hay que incidir».

Además, la región registró también dos denuncias por creencias o prácticas religiosas y una por discriminación de género o sexo.De los 21 casos totales registrado en 2022, la mayoría se denunciaron en la provincia de Badajoz, con 16, frente a los 5 de Cáceres. Hubo diez personas detenidas o investigadas por los hechos denunciados en la comunidad, donde se lograron esclarecer 15 casos, según las estadísticas de Interior.

A nivel estatal, el informe del ministerio revela que en España se registraron en 2022 un total de 1.869 denuncias, 450 más que hace un lustro y un 3,7% más respecto a 2021, cuando hubo 1.802 denuncias. Crecen especialmente los delitos de odio por discriminación de sexo y género (un 76,6% más que en 2021), los delitos por aporofobia (odio al pobre) se incrementan un 70% y por antigitanismo crecen un 22,2%. 

La punta del iceberg

Pero en general, igual que ocurre con el colectivo LGTBI, las estadísticas que publica Interior son la punta del iceberg, porque solo recogen las denuncias que se presentan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y hay una realidad invisible que no llega a las comisarías. De hecho, según estimaba el propio ministerio en su última encuesta de delitos de odio (en 2021) solo uno de cada diez casos de discriminación se denuncia, entre otras cosas, por miedo o temor a salir del armario o a la ausencia de papeles de los extranjeros, pero también a la falta de formación e información sobre lo que es o no un delito de odio. 

Además de la sentencia de la agresión homófoba en Valencia de Alcántara, el año pasado hubo en la región otra que condenaba también una agresión homófoba a través de redes sociales. El ‘maricón de mierda te voy a matar’, denuncia Hernández, «sigue siendo recurrente en redes sociales y aplicaciones móviles». Y eso es un delito de odio que, además, lejos de disminuir, sigue creciendo en la sociedad.

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