Móviles en las aulas: ¿Prohibir o educar?

El asunto es complejo y el consenso no existe. El 86% de los extremeños de 10 a 15 años tiene un smartphone. ¿Hay que prohibir a los alumnos llevar el móvil al colegio o al instituto? ¿Evita eso todos los problemas asociados al uso de estos dispositivos móviles entre los adolescentes? ¿Es positivo que lo utilicen con fines educativos? ¿Se pueden controlar 700 móviles en un centro educativo? ¿Se puede educar en un uso responsable? ¿Debe hacerse dentro o fuera del aula? Muchas son las preguntas que surgen cuando se aborda un debate que lleva años abierto y sobre el que hasta ahora se ha pasado de puntillas, aunque el Ministerio de Educación quiere ponerlo en el foco. Hace unas semanas la ministra planteaba la necesidad de regular de algún modo el uso de los dispositivos móviles dentro de los recintos educativos y emplazó a las comunidades autónomas a una reunión este mes de enero para acercar posturas.

Ponerse de acuerdo en una misma manera de actuar parece al menos el objetivo que se marca el ministerio, ya que actualmente cada comunidad y cada centro hace cosas bien distintas. Andalucía y Galicia, por ejemplo, tienen prohibido a los estudiantes llevar los móviles a los colegios e institutos, mientras en Extremadura cada centro decide cómo lo gestiona. Los hay que los prohiben, aunque el veto no siempre se respeta, o quienes deciden dar libertad a las familias y a los alumnos. Pero estas reglas dispares no han servido para aminorar los problemas que se le achacan al uso, o mejor dicho al mal uso, de los terminales móviles y con acceso a Internet: distracciones, adicciones, acoso o bullying, dependencia, depresión, suicidios, acceso temprano a la pornografía, delitos sexuales... 

Extremadura esperará a la reunión de enero para decidir sobre los móviles en el aula

Un término medio es el protocolo con el que cuenta el IES Donoso Cortés de Don Benito. «Tenemos un protocolo, pero desde la pandemia es verdad que no es muy estricto. De forma general está prohibido usar el móvil en las clases si el profesor no lo ha autorizado previamente para alguna actividad educativa, pero en los recreos lo permitimos porque es muy difícil controlar 700 alumnos y 700 móviles, somos docentes», dice Emilio Piñeiro, director del centro pacense, quien admite que los móviles en general «son un problema en el día a día de los centros, es una realidad. Siempre hay algún alumno que lo saca en clase, excepcionalmente hacen alguna foto o grabación y se dan conflictos aislados».

A su juicio, hace falta una regulación nacional o regional para que todos los centros sepan cuál es la mejor forma de proceder y saber que tienen herramientas comunes para todos. «Eso nos daría más tranquilidad. No sé si lo mejor es prohibir o no, pero sí que tengamos una reglas comunes y todos actuemos de la misma manera», dice. 

Similar es la propuesta que hacen desde CSIF. La responsable del ámbito educativo en el sindicato, Mercedes Barrado, asegura que llevan años reclamando una regulación clara y homogénea que dé seguridad jurídica y fomente la autoridad del profesorado. «Los docentes se enfrentan a diario a situaciones en las que tienen que retirar el móvil a algún alumno y estamos indefensos».

Problemas de convivencia

Apunta que, según una encuesta nacional del sindicato, el 91% de los docentes denuncian problemas de convivencia en las aulas «y muchos de ellos están relacionados con el mal uso de los móviles y las redes sociales», destaca. Por eso, dice, se inclinan por la prohibición, «porque acaban siendo fuente de problemas continuos. Estamos viendo casos de acoso, un aumento del consumo de pornografía entre menores y también de conductas disrruptivas en clase, que van en aumento». Eso, sí, considera que las nuevas tecnologías no deben excluirse de los centros: «tecnología sí, pero regulada».

El veto que se plantea dentro de la aulas a los dispositivos móviles parece mostrar la peor cara de la tecnología y eso preocupa a los profesionales que se dedican al ámbito de las tecnologías educativas, que están expectantes ante el debate y han impulsado un manifiesto en favor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas con cerca de 200 adhesiones en todo el país hasta el momento. 

Los profesionales consultados por este diario no son contrarios a una regulación, pero rechazan la prohibición. «Es cierto que existe una preocupación social muy importante que deriva de un uso abusivo probablemente de los móviles, que se educa en el ambiente familiar, y se llevan luego a los centro educativos. Y allí en algunos momentos es un elemento que puede ser percibido como disrruptivo, que distrae, que genera problemas... Y hay que tomar decisiones, tanto a nivel escolar como familiar, pero el principal problema es la prohibición, educativamente no es una estrategia acertada. Es una forma de reaccionar ante una petición social y como no sabemos cómo enfrentarnos a los problemas que llegan, lo más fácil es prohibir», sostiene Jesús Valverde, profesor de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx) y coordinador del grupo NODO educativo, dedicado a la investigación en el ámbito de la tecnología educativa. 

¿Negarlos o enseñar a usarlos?

A su juicio, de entrada, lo prohibido siempre genera un mayor interés, pero no rechaza que haya unas normas comunes de uso de estos dispositivos en todos los centros educativos. «Eso es más positivo que negar su utilización de manera tajante, porque hay profesores que usan estas herramientas con buen criterio pedagógico, son positivas para propiciar aprendizajes y eso deben aprenderlo los alumnos: el móvil también es una herramienta de conocimiento», defiende. 

Bajo esa premisa, Valverde es muy claro: «¿Qué es mejor, negar que hay alumnos que hacen un mal uso de los móviles y hacer en los centros educativos como si no existieran o enseñamos a utilizarlos adecuadamente?», cuestiona. Y ahí, añade, el modelo que ofrecen los adultos a los niños y jóvenes tiene mucho que decir. «Nos ven cómo dependemos de ellos de una manera obsesiva y no necesariamente útil, por eso creo que también deberíamos plantearnos lo que hacemos los adultos», advierte el docente e investigador, que aún así reconoce que aún falta conocimiento sobre cómo abordar de manera correcta el buen uso de los smartphones. «Lo que sí está claro es que no se pueden dar recetas para todos y en todos los contextos». 

El docente repara, además, en una cierta contradicción que puede darse en los centros si la regulación va por el lado de la prohibición. Y es que Extremadura fue en su día pionera en la introducción en el sistema educativo de las TIC que ahora parecen demonizarse. «La región sigue siendo innovadora en este ámbito, nuestro profesorado tiene una formación en competencia digital muy elevada en comparación con otras comunidades y eso no debemos despreciarlo. No podemos pedir al profesorado que se esfuerce en formarse para utilizar estas herramientas y ahora prohibimos una de las tecnologías que tenemos, el mensaje es un poco confuso», avisa.

En esta misma línea se pronuncia Prudencia Gutiérrez, profesora titular de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura (UEx). «Regular, organizar, implicar a las familias... todo eso es necesario, prohibir no. Desde la facultad, a los futuros maestros les hablamos siempre de la necesidad de alfabetizar digitalmente a los niños y a las niñas en el uso de las tecnologías y de los medios también, pero la prohibición no lleva a nada. Es como si prohibiéramos los coches porque mal conducidos pueden matar a alguien, por tanto, no se trata de prohibir, sino de regular, de educar, de una alfabetización digital con la que seamos conscientes de las ventajas y de los posibles riesgos, de la necesidad de abordar la tecnología desde un punto de vista racional: ni tecnofilia ni tecnofobia», opina Gutiérrez. 

El ‘phubbing’

Esta docente ha dirigido recientemente una tesis sobre la incidencia del ‘phubbing’, el acto de ignorar a una persona para prestar atención a móvil. «Es un fenómeno que tiene que ver con la sociadicción». Los resultados muestran que se practica con mayor frecuencia en los grupos de edad de 25 a 29, 40 a 44 y 50 a 54 años. Además, se revela una correlación positiva entre el ‘phubbing’ y la depresión, siendo las mujeres menores de 25 años aquellas con niveles más altos de síntomas somáticos que los hombres en el mismo grupo de edad. «Este estudio demuestra la necesidad de concienciar a través de la educación para la salud y promover un uso saludable de Internet para prevenir el malestar psicológico derivado del ‘phubbing’», resume la tesis realizada por Estefanía Capilla. 

El 88% de las familias extremeñas, a favor de regular el móvil en los centros

Ante las múltiples consecuencias que puede tener el mal uso de los dispositivos móviles, que atañen al conjunto de la población, las familias de los alumnos son mayoritariamente partidarias de vetar los móviles en las aulas, aunque esto no va ligado a la exclusión de las nuevas tecnologías del sistema educativo. «Hay muchas familias que consideran que el móvil no debería tener un uso didáctico porque para eso están otros dispositivos tecnológicos en los centros, como tablets y ordenadores que también tienen acceso a Internet». Esta es una de las conclusiones que ha obtenido la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) a través de una encuesta que ha lanzado a las familias tras la propuesta del Ministerio de Educación. «Más del 88% de los familias están a favor de la regulación del uso del móvil en los centros, entendiendo esa regulación prácticamente como la prohibición, y el 94,5% cree que es necesario más formación sobre el uso adecuado de los terminales tanto para el alumnado como para las familias. Los datos nos demuestran que es un tema que preocupa», cuenta Esther Morales, asesora técnica de la Freampa. 

Para ella, que además es docente y madre, el móvil constituye un motivo de polémica dentro y fuera del centro. «En los recreos era raro el día que no pillábamos a algún alumno con el móvil a pesar de que estaba prohibido su uso en mi centro y eso es un peligro, lo hemos visto con lo que ha pasado en Almendralejo con los desnudos con inteligencia artificial. Luego está la típica foto de un profesor o de un niño que se cae y rápidamente se difunde por las redes; y no creo que se haga con maldad, sino por simple desconocimiento y falta de madurez», opina Morales, que cree que hace falta más formación sobre el uso responsable de estos dispositivos. 

«Llegamos tarde ya porque los móviles están muy presentes en los adolescentes y mucha culpa la tiene la presión social porque si a un niño sus padres le regalan un móvil en la comunión, los demás queremos hacer lo mismo. Y ante esa presión hay que ser muy fuerte para no sucumbir. Mi hija de 14 años, por ejemplo, no tiene redes sociales y todas sus amigas sí, pero yo no la veo suficientemente madura y al final cada familia educa a sus hijos como puede o como quiere. Por eso creo que al menos debería regularse en el ámbito educativo y deberíamos tener todos más formación, porque esto se nos ha ido de las manos», señala. 

La mejor edad, los 16 años

Y es que aunque el debate está en las aulas, los smartphones trascienden de las paredes de los centros educativos y las familias tienen un papel fundamental en su correcta utilización. «No necesitamos una ley que prohiba el consumo de alcohol a menores para que un padre no le facilite alcohol a su hijo y no creo que necesitemos ninguna norma que nos diga a los padres la responsabilidad que tenemos, porque soy yo como progenitor quien compra el terminal, el que le da de alta y se lo doy sin control parental. ¿Tengo que esperar a que el Estado me diga que es malo para mi hijo?», reflexiona Fernando Ramón, guardia civil y psicólogo extremeño, que apela al sentido común y a la responsabilidad de las familias y que considera que ya se llega tarde a regular una herramienta cuyo abuso y mal uso genera muchos problemas entre los más jóvenes. Recuerda, además, que la ley prohíbe a los menores de 14 años tener redes sociales y muchos las tienen antes, y considera que, como dicen varios estudios, los 16 años es la edad más adecuada para autogestionar un smartphone. 

«No podemos ir en contra de las tecnologías, son positivas, pero los padres tenemos que asumir nuestra responsabilidad y los problemas que se generan no se solucionan prohibiendo llevar el móvil a los centros educativos». Esa, dice, no es la solución aunque aplaude que al menos una regulación al respecto podrá dar herramientas al profesorado, por ejemplo para intervenir un móvil, ya que «está carente de autoridad». Además, recuerda que muchos de los problemas con los terminales se dan también en casa: «cuando el menor se lleva el móvil a la cama o cuando lo usa para hacer las tareas sin supervisión». 

Suscríbete para seguir leyendo