reunión para tratar el nuevo modelo celebrada en mérida
La Junta y los partidos apuestan por una defensa común de la financiación autonómica
El Gobierno regional confía en llegar a un acuerdo con PP, PSOE, Vox y Unidas para firmar una declaración institucional el 22 de febrero
La consejera de Hacienda quiere que se recojan las inversiones necesarias para la región a través del Fondo de Compensación Interterritorial
Reunión para tratar la financiación autonómica, este viernes, en Mérida. / JUNTAEX
La Junta de Extremadura y los cuatro grupos con representación en la Asamblea han coincidido este viernes en la necesidad de defender una postura común de cara a la futura negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, se ha mostrado confiada en llegar a un acuerdo con PP, PSOE, Vox y Unidas sobre esta cuestión, tras un encuentro mantenido en Mérida con los partidos, en el que también ha estado presente la presidenta extremeña, María Guardiola, quien a comienzos de semana ya avanzó que se produciría esta reunión.
En el encuentro se ha presentado a los partidos un manifiesto que recoge los principales puntos a tener en cuenta en la nueva financiación, que servirá como punto de inicio para tratar de que se materialice en una declaración institucional que podría ser aprobada en el Pleno de la Asamblea del 22 de febrero. Manzano ha confiado en lograr un consenso: "Defienden lo mismo que nosotros en este ámbito, igualdad, justicia y defensa de que Extremadura cuente de una vez por todas con esos recursos tan necesarios para garantizar la calidad en el acceso a los servicios".
Tras la reunión, Manzano ha señalado que el objetivo no es otro que lograr una "financiación justa para Extremadura", que "mida de manera correcta el coste de prestación de los servicios" en la región, así como que también recoja las "inversiones tan necesarias" a través del Fondo de Compensación Interterritorial. La negociación, según recoge el manifiesto, se debe producir en un foro multilateral donde estén representadas todas las Comunidades Autónomas y las dos Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Manzano ha reivindicado que la Hacienda estatal "debe dotar de recursos suficientes para que las comunidades puedan cubrir el coste de prestación de los servicios esenciales en igualdad de condiciones y se viva donde se viva". "Y una vez garantizada esa suficiencia financiera que el Estado mire de una vez por todas a Extremadura, que busque esa cohesión, ese crecimiento equilibrado con el resto de regiones. Que invierta aquí, que cumpla con lo que dice la Constitución Española con ese crecimiento cohesionado", ha defendido.
Postura de los grupos
Para la portavoz del grupo socialista, Soraya Vega, el documento entregado es un punto de partida para seguir debatiendo en un asunto en el que "históricamente" los grupos parlamentarios y el Gobierno han sido capaces de ponerse acuerdo. "Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en defender los intereses" de los extremeños, ha subrayado. Así, ha reclamado que las comunidades autónomas tengan la suficiencia financiera para sufragar los servicios públicos y asegurar los derechos de los ciudadanos "vivan donde vivan".
En este sentido, ha reclamado "coherencia" al PP y a la Junta porque una de sus primeras decisiones fue "perdonar 70 millones de euros a los más ricos de esta región que vendrían muy bien precisamente para asegurar los servicios sociales". Ha agradecido la "mano tendida" del Gobierno y con ese ánimo va a trabajar el PSOE sobre este "principio de acuerdo" que considera que es este primer documento, ya que es "una buena manera de empezar".
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha agradecido el "talante dialogante" de Guardiola y ha apelado a la unidad de los grupos dejando a un lado aquello que pueda separarlos "para poner por delante únicamente lo que nos une, que es el bienestar de los extremeños". Ha pedido a su vez que el nuevo sistema de financiación autonómica esté sujeto a los principios constitucionales de la "solidaridad interterritorial", pues de lo contrario, Extremadura "va a pasarlo muy mal con la financiación de sus servicios públicos".
Sobre este asunto, el diputado popular ha explicado que el documento base plantea que la financiación de las administraciones locales sea negociada a la par que la autonómica, y ha abogado porque este asunto sea debatido primero en Conferencia de Presidentes y posteriormente, con más detalle, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). A su juicio, si todos los grupos ponen a Extremadura "por delante", serán capaces de llegar a ese acuerdo.
Para el portavoz del grupo parlamentario Vox, Óscar Fernández, Extremadura tiene que ir "con una sola voz", dejando a un lado los posicionamientos políticos, porque es un asunto que va a trascender el tiempo político actual. En consonancia con el resto de los partidos, ha insistido en que hay que procurar es que "los extremeños, de una vez por todas, tengan la financiación que realmente merecen y nos haga converger con el resto de comunidades autónomas".
"No podemos tener autonomías infrafinanciadas, no podemos contemplar el criterio de densidad poblacional en una tierra como Extremadura", ha criticado la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, quien ha apostado por "avanzar en un sistema justo, equilibrado y que avance hacia la cohesión territorial real del país". "Esto no va de colores políticos, va del interés de Extremadura y ya lo demostramos en el último consejo fiscal, donde llevamos una postura común de todas las fuerzas políticas extremeñas y espero que siga siendo así", ha subrayado.
MANIFIESTO POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA PARA EXTREMADURA
- Tanto la fase previa de negociación del modelo, como el acuerdo que lo fundamente, y su posterior aprobación y aplicación, parta del minucioso examen de los principios y fines que rigen nuestra Constitución; de los derechos fundamentales y las libertades públicas; de los principios rectores de la política social y económica; de las disposiciones del Título de Economía y Hacienda y del Título VIII, que determinan nuestro modelo de organización territorial.
- La negociación se produzca en un foro multilateral en el que se encuentren representadas todas las Comunidades Autónomas, las dos Ciudades con Estatuto de Autonomía, y el Estado. Este foro debe partir de la Convocatoria de la Conferencia de Presidentes en la que se aborden los aspectos principales de la reforma del sistema, y concretarse con el pertinente debate y acuerdo posterior en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Solo así podrá garantizarse que son sopesados los intereses de cada región y ponderados en aras al desarrollo común sobre el que pivota el principio de igualdad territorial.
- La Hacienda estatal aporte mayores recursos al sistema con los que cubrir los déficits de financiación que sufren todas las Comunidades Autónomas en el modelo vigente, asegurando que ningún territorio reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema.
- Se dote de recursos suficientes con los que cubrir el coste de prestación de las competencias asumidas y el acceso de los ciudadanos a los servicios en condiciones de igualdad con independencia del lugar en el que residan.
- Las variables como la superficie, la densidad de población y el envejecimiento de la misma, deben cobrar mayor relevancia en el cálculo de las necesidades. También debería implementarse una variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala. Se tendrán en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas. Así mismo, el sistema debe garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención a la inversión en políticas de conciliación, de apoyo a la natalidad y de dotación de recursos para el desarrollo rural.
- Haga plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica, de tal forma que en las decisiones de la Administración General del Estado que afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios éstas deben poder ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse. A tal efecto, deberá procederse a la cuantificación de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos, así como a los que puedan surgir por el impulso desde la Administración General del Estado de nuevos servicios que vayan a ser gestionados por las Comunidades Autónomas.
- Potencie las políticas de desarrollo equilibrado regional y la plena realización del principio de solidaridad. Para ello, resulta fundamental que se dote al Fondo de Compensación lnterterritorial, como mínimo, con la dotación con la que contaba en el ejercicio 2008.
- La inversión del Estado debe dirigirse a cubrir las carencias que padecen determinados territorios en comunicación e infraestructuras, y suplir el aislamiento que padecen y el grave desequilibrio que este hecho ha provocado en su desarrollo económico e industrial.
- Deben aprobarse inversiones complementarias para acelerar el proceso de convergencia y cohesión destinadas a las regiones que presenten un nivel de desarrollo inferior a la media.
- La reforma del sistema de financiación autonómica debe coordinarse con la reforma del sistema de financiación local y promover la autonomía de las Haciendas locales, su suficiencia financiera, y un desarrollo equilibrado de los distintos municipios, con especial atención al medio rural.
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