Consenso de los cuatro partidos
Los grupos de la Asamblea acuerdan defender una financiación “justa” para Extremadura
Firman una declaración institucional conjunta como inicio de los trabajos para "avanzar en una propuesta común" en esta materia que sea "favorable a los intereses de la región"
Los diputados en el hemiciclo de la Asamblea, este jueves. / JUNTAEX
El consenso sí es posible. Los cuatro grupos con representación en el Parlamento regional han aprobado este jueves por unanimidad una declaración institucional basada en 10 premisas para reclamar una financiación "justa" para Extremadura. PP, PSOE, Vox y Unidas han acordado que esta sea "el inicio de los trabajos que van a continuar en el seno de la Asamblea con la finalidad de avanzar en una propuesta común en materia de financiación que sea favorable a los intereses de nuestra región". “Extremadura tiene derecho a contar con una financiación adecuada que garantice la disposición de recursos suficientes e impulse un crecimiento cohesionado de nuestra región", señala.
"Tenemos una postura clara y definida sobre los fundamentos en los que debe basarse el nuevo sistema y la firme intención de continuar con la senda de acuerdos en materia de financiación autonómica alcanzados en sede parlamentaria con la unanimidad de los grupos representados en la Cámara autonómica en julio de 2016", añade el documento ratificado por los partidos, que ha sido leído al inicio de la sesión plenaria por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín.
El pasado 9 de febrero, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reunió con los partidos para presentarles un manifiesto que recogía los principales puntos a tener en cuenta en la nueva financiación. Este serviría de punto de partida para alcanzar un acuerdo sobre esta materia, que finalmente se ha materializado con la declaración institucional. "Vamos a dar una imagen de fuerza a la hora de reivindicar una financiación justa para impulsar ese crecimiento cohesionado que necesita Extremadura", ha señalado este jueves la jefa del Ejecutivo.
"Hemos dado cumplimiento a ese ofrecimiento que hacíamos antes de llegar al Gobierno, a ese pacto por la financiación, porque creo que es fundamental que vayamos mostrando la fuerza de un territorio que lleva castigado muchos años y que ha decidido que ya no va a aguantar más. Los extremeños ya no tenemos paciencia, vamos a dar la batalla y vamos a conseguir que esa financiación que merecemos se haga efectiva", ha subrayado Guardiola. "Esto no tiene nada que ver con ideología, tiene que ver con Extremadura", ha destacado.
En esta línea, la presidenta ha manifestado que ya se ha solicitado por escrito la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para tratar esta cuestión, por lo que espera "que se hagan los trámites como se tienen que hacer". "Vamos a seguir exigiendo que se abra esta negociación porque Extremadura ya va tarde. Deseamos que el Gobierno deje a un lado sus propios intereses partidistas, la amnistía, y se ponga a trabajar por lo que verdaderamente importa a los ciudadanos, que es tener unos servicios fundamentales de calidad", ha apostillado.
"Creo que todos los grupos han entendido el mensaje, han tenido esa altura política que se necesita para cuestiones tan importantes como esta, y el resultado es la firma de esta declaración que es un buen principio para llegar a un acuerdo final", ha apuntado. Finalmente, preguntada sobre si el Grupo Socialista ha mostrado alguna reticencia a reflejar en la declaración institucional la oposición de la comunidad a la bilateralidad en materia de financiación autonómica, la presidenta ha dicho que "no".
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA
- Tanto la fase previa de negociación del modelo, como el acuerdo que lo fundamente, y su posterior aprobación y aplicación, parta del minucioso examen de los principios y fines que rigen nuestra Constitución; de los derechos fundamentales y las libertades públicas; de los principios rectores de la política social y económica; de las disposiciones del Título de Economía y Hacienda y del Título VIII. que determinan nuestro modelo de organización territorial. La autonomía financiera autonómica se ejercerá con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
- La negociación se produzca en un foro multilateral en el que se encuentren representadas todas las Comunidades Autónomas, las dos Ciudades con Estatuto de Autonomía, y el Estado. Este foro debe partir de la Convocatoria de la Conferencia de Presidentes en la que se aborden los aspectos principales de la reforma del sistema, y concretarse con el pertinente debate y acuerdo posterior en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Solo así podrá garantizarse que son sopesados los intereses de cada región y ponderados en aras al desarrollo común sobre el que pivota el principio de igualdad territorial.
- La Hacienda estatal aporte mayores recursos al sistema con los que cubrir los déficits de financiación que sufren todas las Comunidades Autónomas en el modelo vigente, asegurando que ningún territorio reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema.
- La reforma del sistema sea una tarea común para garantizar y mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar y de los servicios y políticas públicas gestionados por las administraciones autonómicas tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales; e incluya la financiación suficiente de los servicios públicos no considerados fundamentales pero que son de gran valor para el desarrollo socioeconómico. Ha de dotarse de recursos suficientes con los que cubrir el coste de prestación de las competencias asumidas y el acceso de los ciudadanos a los servicios en condiciones de igualdad con independencia del lugar en el que residan.
- Las variables como la superficie, la densidad de población y el envejecimiento de la misma, deben cobrar mayor relevancia en el cálculo de las necesidades. También debería implementarse una variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala. Se tendrán en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas. Así mismo, el sistema debe garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación.
- Haga plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica, de tal forma que en las decisiones de la Administración General del Estado que afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios éstas deben poder ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse. A tal efecto, deberá procederse a la cuantificación de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos, así como a los que puedan surgir por el impulso desde la Administración General del Estado de nuevos servicios que vayan a ser gestionados por las Comunidades Autónomas.
- Potencie las políticas de desarrollo equilibrado regional y la plena realización del principio de solidaridad. Para ello, resulta fundamental que se dote al Fondo de Compensación Interterritorial, como mínimo, con la dotación con la que contaba en el ejercicio 2008.
- La inversión del Estado debe dirigirse a cubrir las carencias que padecen determinados territorios en comunicación e infraestructuras, y suplir el aislamiento que sufren y el grave desequilibrio que este hecho ha provocado en su desarrollo económico e industrial.
- Deben aprobarse inversiones complementarias para acelerar el proceso de convergencia y cohesión destinadas a las regiones que presenten un nivel de desarrollo inferior a la media.
- La reforma del sistema de financiación autonómica debe coordinarse con la reforma del sistema de financiación local y promover la autonomía de las Haciendas locales, su suficiencia financiera, y un desarrollo equilibrado de los distintos municipios, con especial atención al medio rural.
Valoraciones
El diputado del PSOE José María Vergeles ha asegurado que la negociación de la financiación autonómica siempre se ha realizado de forma multilateral por el Gobierno de España, pues "donde se tiene que dilucidar es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", pese a que puntualmente se puedan llevar a cabo acuerdos con otras comunidades autónomas. Ha recordado que el trabajo para esta declaración conjunta no ha empezado con el gobierno de coalición PP-Vox, sino que arrastra una "larga trayectoria parlamentaria".
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, José Ángel Sánchez Juliá, se ha mostrado satisfecho tras el "primer gran acuerdo del gobierno de María Guardiola", que se ha materializado en esta declaración institucional. En este sentido, ha esperado que finalice "con una financiación autonómica justa para Extremadura", en aras de que todos los servicios públicos de la comunidad tengan los fondos que se merecen, pues esta región "nunca ha sido ni más ni menos que nadie".
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha confiado en que la declaración institucional permita iniciar un trabajo sobre la temática que lleve a elaborar una propuesta "justa" para la comunidad y se pueda trabajar "con más sosiego" en la Asamblea permitiendo comparecencias en la misma de expertos en la temática, para articular finalmente una propuesta "solvente, rigurosa", con el objetivo de que sea "justa para el país y para Extremadura por supuesto".
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