El cambio de gobierno regional retrasa el visto bueno a 180 construcciones de la sierra de Plasencia

El cambio de gobierno en la Junta de Extremadura, a raíz de las últimas elecciones autonómicas, está retrasando los trámites para regularizar un total de 180 construcciones de la sierra Santa Bárbara de Plasencia.

El motivo es que, a finales de abril, apenas un mes antes de los comicios, el Servicio de Urbanismo de la Junta de Extremadura paralizó el procedimiento de legalización porque, según su informe, no se podía emitir una evaluación ambiental positiva, ya que consideraba necesaria una modificación previa del PGM, al no constarle que estuviera delimitado "como sector de asentamiento irregular viable el ámbito que se pretende ordenar".

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Sin embargo, tanto los propietarios de la sierra, aglutinados en la Asociación de Afectados por el PGM de Plasencia, como el gobierno local, y en concreto, el departamento de Urbanismo, incluidos los técnicos, expresaron su oposición a este informe, al señalar que el Plan General Municipal actualmente en vigor, que data del 2015, sí delimita «9 ámbitos o núcleos de concentración de viviendas clandestinas o ilegales», en los que estarían incluidas las 7 zonas que se pretende regularizar, por lo que no habría que modificar el Plan General.

Así, los propietarios elaboraron siete alegaciones al informe de la Junta, que remitieron al ayuntamiento y este a su vez, las aprobó en la junta de gobierno y las envió a la administración regional. Esto ocurrió en el mes de julio.

Tres meses sin respuesta a las alegaciones desde Plasencia

Tres meses después, no se ha recibido contestación a las alegaciones por parte de Urbanismo de la Junta y el arquitecto asesor de los vecinos, Juan Antonio Álvarez, ha explicado que el principal motivo es que el nuevo gobierno regional no ha nombrado al director general de Urbanismo hasta finales del mes de agosto.

En concreto, el nombramiento para el cargo del placentino Saturnino Corchero, que ya fue director general de Administración Local, Justicia e Interior con el gobierno de Monago, se publicó el 25 de agosto.

Dado que hay vecinos que siguen recibiendo notificaciones de multas coercitivas por las edificaciones, a la asociación le urge continuar con la regularización, por lo que Álvarez ya ha mantenido contacto con el director general y le ha solicitado una reunión para intentar desbloquear el trámite y obtener respuesta a las alegaciones.

En caso de que finalmente se tuvieran en cuenta y Urbanismo diera el visto bueno, Álvarez no duda de que el informe ambiental sería favorable porque, de hecho, afirma que "todos los informes sectoriales lo son" y entonces podría darse ya el siguiente paso para encarar la recta final de la legalización de las construcciones.

Fue en septiembre del 2020 cuando 163 vecinos iniciaron el proceso, al que se sumaron después otros 17 propietarios y, desde enero del 2021 están esperando el informe ambiental positivo.

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